Para 2040 habrá un 45% más de personas mayores demandantes de cuidado que hoy. El dato, que surge de un informe de la organización Fundar, tendrá consecuencias concretas en el acceso a este derecho: si en 2022 se ofrecía un establecimiento cada 177 personas que requerían cuidado, en 15 años será uno por cada 257.
El estudio agrega que para los cuidados domiciliarios el panorama es similar: “De una cuidadora cada 67 personas demandantes pasaremos a una cada 98”. Por lo tanto, entienden, “es muy probable que el sistema actual colapse”. Eso si no se hace nada al respecto.
El Compromiso de Tlatelolco, al que a mediados de agosto se llegó en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, incluye varios puntos en este sentido. Establece un plan de acción de diez años en el que se contemplan cuestiones como la promoción de la distribución equitativa de los cuidados entre hombres y mujeres, el reconocimiento del derecho humano al cuidado, la promoción de políticas públicas para formalizar y profesionalizar el trabajo de cuidado remunerado, e impulsar políticas de cuidado con especial foco en poblaciones vulneradas: entre ellas, mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes.
La implementación de estas políticas necesita de un presupuesto acorde. En el marco de la conferencia, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que estas políticas demandarían, en diez años, una inversión del 4,7% del PBI –lo que equivale a un 0,6% anual–.
Pero esa inversión tendrá beneficios. A nivel regional, agregó el representante de la Cepal, generaría 31 millones de empleos en el sector, “un 12% de la fuerza laboral de toda la región”. También “un incremento del 20% en los ingresos tributarios”.
En un contexto como el actual y con las proyecciones que se mencionaron más arriba, desde Fundar sostienen que Argentina tiene una oportunidad para prepararse: “un bono demográfico”.
“Nos encontramos en un momento en que la proporción de la población en edad de trabajar es mayor que la de la población dependiente (personas mayores e infancias)”, lo que representa “una oportunidad para la generación de riqueza y ahorro, ya que hay más personas en edad productiva que pueden sostener a las poblaciones demandantes de cuidado a través del pago de servicios, impuestos y aportes”.
El pico de este aprovechamiento será en 2034, aseguran. Por eso, “tenemos que planificar con tiempo una nueva provisión de cuidados adecuada para la transformación que sucederá en los próximos veinte años”.
Las recomendaciones son similares a las que fueron señaladas en Tlatelolco. A eso agregan iniciativas encaminadas a “reorientar y diversificar la inversión en materia de infraestructura, servicios de cuidado y calidad educativa; robustecer la oferta de dispositivos de salud, educación, recreación y ocio para la prolongación de la autonomía, y mejorar la calidad de los empleos asociados a los cuidados”.
La inversión generará una ganancia en empleos, concluyen: “Podría crear alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo hacia 2030”, según datos de la OIT.
En un escenario de media, estiman, esto se traduciría en 600 mil puestos de trabajo en el sector de educación, 450 mil en salud y más de 780 mil en el sector de cuidados de larga duración.
Hoy solamente el 10% de los hogares argentinos puede pagar por estos servicios. En el 70% de los casos son brindados por un familiar o por personas cercanas. También, desde ya, existen situaciones en las que las personas no acceden a este derecho.
El tema de los cuidados y la mayor demanda social que crecerá de manera progresiva también es un asunto de género. “Las mujeres de la familia son las principales cuidadoras, aunque no las únicas”, detallan desde Fundar. Pero las diferencias son notables: las mujeres destinan en promedio 6,21 horas a estas tareas, mientras que los hombres, 3.
En el documento aprobado en el marco de la Conferencia de la Cepal reconocen también que la actual organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe “es injusta y desigual y ha afectado históricamente a las mujeres, adolescentes y niñas”.
Si las cosas siguen como están, el costo del cambio demográfico recaerá particularmente sobre ellas.