En esta nota abordamos uno de los problemas más acuciantes de la provincia: la fumigación con agrotóxicos, expresión del modelo de agronegocio instalado en los años 90 y profundizado por todos los gobiernos posteriores. Un modelo de dependencia económica basado en la concentración de tierras y capitales, el monocultivo y la producción a gran escala orientada a los mercados globales. Mientras enriquece a las corporaciones del agro, deja como saldo enfermedades, extractivismo y una mayor desigualdad social y territorial.
En la provincia de Buenos Aires, se estima que más del 70 % del territorio cultivable está dedicado al modelo de agronegocio basado en monocultivo transgénico y uso intensivo de agrotóxicos. De acuerdo al último Informe del Ministerio de Desarrollo Agrario (Abril 2023), de las casi 13 millones de hectáreas cultivadas: 5 millones corresponden a la soja, casi 3 millones al maíz y 2,6 millones al trigo.
Esto se traduce en millones de litros de glifosato, atrazina, 2,4-D y otros venenos que se pulverizan año tras año, muchas veces a metros de escuelas rurales, casas, pozos de agua o cuerpos de agua. Además, estos venenos están en las frutas, hortalizas y vegetales que llegan a nuestra mesa. Un informe que releva datos del Senasa encontró más de 80 agrotóxicos en alimentos de consumo cotidiano.
Los pueblos fumigados denuncian desde hace años los daños en la salud. Un estudio del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario detectó mayores tasas de cáncer en población joven, y la OMS señala riesgos asociados a enfermedades endócrinas, respiratorias, abortos espontáneos y defectos congénitos. Los efectos pueden ser agudos o crónicos en la salud humana, y se extienden incluso a ecosistemas lejanos por dispersión de los químicos, como muestran estudios internacionales como el SPRINT.
Un Mapa de la conflictividad bonaerense por el Agronegocio, elaborado por la USAM con Cecilia Gárgano y Martín Pietro como coordinadores, evidencia que la problemática está ampliamente extendida en toda la provincia. En ciudades como Lobos, Gral Rodríguez y Tandil las organizaciones socioambientales realizaron estudios que demostraron la contaminación del agua, el suelo, el aire y la vegetación, encontrando diversos tipos de agrotóxicos hasta en el centro mismo del casco urbano.
La lucha por zonas de resguardo y la transición agroecológica ha crecido en los pueblos fumigados, pero lejos de escuchar a las comunidades, desde todas las instancias de gobierno se beneficia al agronegocio. Las transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Bunge, y asociaciones como AAPRESID son actores privilegiados de este modelo.
Los agrotóxicos se habilitan a nivel nacional pero las distancias de aplicación son establecidas por el ordenamiento municipal de cada partido. Esto provoca que cada pueblo fumigado deba pelear en su territorio para intentar paliar la situación de uso descontrolado de venenos.
Antes de perder la gobernación, María Eugenia Vidal promulgó la regresiva resolución 246/18 que habilita el uso indiscriminado de agrotóxicos. Axel Kicillof suspendió este legislación pero nunca la derogó, y la promesa de otra resolución más favorable nunca fue discutida en todo su mandato.
Con la suspender de la resolución de Vidal, queda vigente el Decreto 499/91 que habilita fumigaciones aéreas a 2000 metros y terrestres a 500 metros de centros poblados. Algunas ordenanzas municipales, como las de Junín y Olavarría, habilitan distancias aún menores, y las organizaciones socioambientales presentaron medidas cautelares.
De acuerdo con Médicos por los Pueblos Fumigados, deberían prohibirse las aplicaciones áreas y restringirse las terrestres a distancias de al menos 3000 metros de viviendas, escuelas y cuerpos de agua. En La Matanza, la concejal del Frente de Izquierda, Natalia Hernández, presentó proyecto de ordenanza con estas medidas mínimas, discutido junto a quienes se organizan contra los agrotóxicos.
¿Qué postulan los principales espacios políticos?
El gobierno nacional de Javier Milei viene promoviendo las desregulaciones de drones, baja de impuestos a los agrotóxicos y baja de retenciones al agro. Además, busca desmantelar organismos como el INTA, especialmente las líneas críticas y vinculadas a agricultura familiar. Solo en tres meses, Molinos Agro ganó 25 millones de dólares por la baja de retenciones, concentrando riqueza y profundizando la desigualdad, mientras los costos ambientales y sanitarios los paga la población.
Aunque algunos sectores del kirchnerismo dicen defender la soberanía alimentaria y promueven ferias agroecológicas o experiencias puntuales, en la práctica sostienen y profundizan el modelo sojero-exportador. En la provincia, no se aplican zonas de exclusión efectivas, ni se hacen cumplir los fallos que ordenan frenar fumigaciones. Se prioriza el ingreso de divisas, aunque implique envenenar escuelas rurales y pueblos enteros.
La única fuerza que plantea abiertamente el fin del modelo del agronegocio y la necesidad de una transición agroecológica desde abajo es el Frente de Izquierda Unidad. Propone prohibir las fumigaciones aéreas y terrestres cerca de escuelas, viviendas y cursos de agua, una transición agroecológica que priorice la salud integralmente, y la expropiación de la tierra a los grandes grupos económicos, acompañando a los trabajadores rurales y campesinos en sus demandas.
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En la próxima nota continuaremos analizando el acceso al agua potable, afectada por la contaminación con agrotóxicos y metales pesados como el arsénico.