El organismo internacional hizo un relevamiento de 15 manifestaciones ocurridas en 2024 y concluyó que hubo un «uso desproporcionado» de las fuerzas de seguridad que restringen el derecho a la protesta pacífica.
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Amnistía Internacional Argentina pidió la derogación del «Protocolo Anti-Piquetes» aplicado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
@amnistiaar
Amnistía Internacional Argentina pidió la derogación del «Protocolo Anti-Piquetes» aplicado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En el informe «Disenso en riesgo» publicado este jueves, advierte que da vía libre al uso abusivo y arbitrario de la fuerza por parte de las distintas fuerzas de seguridad.
Según el organismo internacional, la aplicación del Protocolo Anti-Piquetes pone «en peligro la seguridad, la vida y la integridad física de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica».
El informe relevó 15 manifestaciones en 2024 donde registraron «cifras alarmantes» de la represión desplegada por el ministerio de Seguridad. En estos casos hubo más de mil personas heridas, decenas de detenidos de forma arbitraria e incluso, medio centenar de trabajadores de prensa afectados por el accionar de las fuerzas de seguridad.
Un-año-de-protestas-2024.pdf
No sólo critica el «uso desproporcionado de la fuerza», sino que advierte que es la primera y única respuesta a las demandas sociales. En particular, advierte sobre «el uso desproporcionado de armas menos letales como gases lacrimógenos y balas de goma han puesto en peligro la vida y salud de las personas».
«Cifras alarmantes» del Protocolo Anti-Piquetes
El informe anual «Disenso en riesgo» denuncia “un patrón de represión y criminalización” hacia quienes se manifestaron en contra de las políticas del Poder Ejecutivo.
A partir del relevamiento de 15 manifestaciones, surgieron «cifras alarmantes». Solo en esos casos, se registraron 1155 personas heridas, “muchas de ellas con lesiones graves”. Decenas recibieron impactos de bala «en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión». En total, fueron 33 impactos, según el informe.
También los trabajadores de prensa fueron víctimas de la represión estatal. Aproximadamente, fueron heridos 50 periodistas, movileros, camarógrafos y trabajadores de prensa en general “durante las coberturas de las manifestaciones”.
Las consecuencias contra los manifestantes no terminó en las heridas. Según el informe, «la persecución penal a quienes salen a las calles a manifestarse es permanente». En las 15 manifestaciones relevadas registraron 68 personas detenidas y al menos 73 manifestantes fueron criminalizados por su participación en las protestas.