Madrid, 21 nov (EFE).- El número de trabajadores amparados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor tras la dana asciende a 22.233 personas, que están empleadas en alguna de las 2.018 empresas que han solicitado esta protección, según datos del Ministerio de Trabajo difundidos este jueves.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que todo el esfuerzo de dinero público, despliegue de medidas, protección social, exoneración a las empresas por completo de sus pagos a la Seguridad Social y permisos retribuidos tienen como objetivo «que las vidas y trabajos de las personas queden protegidos».
«Que en plena dana algunas empresas hayan obligado a sus trabajadores a jugarse literalmente la vida es intolerable. No solo es ilegal, es moralmente inaceptable», ha dejado claro Pérez Rey en una entrevista en RNE.
Ha recordado que el artículo 21 de la ley de prevención de riesgos laborales permite no ir a trabajar si se está en riesgo grave e inminente para la vida y ha anunciado que la Inspección de Trabajo se encargará de proteger «la vida y los derechos de los trabajadores frente a conductas empresariales inadmisibles».
Según los cálculos del Gobierno, unos 350.000 asalariados que trabajan en los municipios afectados por la dana podrían verse protegidos por los ERTE de fuerza mayor y 37.000 empresas serían totalmente exoneradas del pago de las cuotas a la Seguridad Social de sus empleados hasta febrero de 2025.
Asimismo, son 70.000 los autónomos en la zona que podrán pedir el cese extraordinario habilitado, de forma que los potenciales beneficiarios directos de estas medidas incluidas en el plan de respuesta a la crisis de la dana superarían los 400.000.
Sin embargo, dado que las medidas se han extendido a empresas afectadas que no estén ubicadas en los municipios damnificados por la dana, la cifra de compañías y trabajadores que podrían beneficiarse de esta protección sería aún mayor. EFE