En la Reserva Punta Tomba, en Chubut, vive una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. No todos la respetan. Fue en el año 2021 cuando un productor local, dueño de un terreno que linda con el área protegida donde habita la especie hace décadas, instaló un alambrado electrificado de 900 metros para dividir el campo. En medio de su aventura especulativa para trazar caminos, avanzó sobre 175 nidos de pingüinos acumulando más de cien muertes, provocó el desmonte de vegetación nativa e impidió la libre circulación de las aves impactando fuertemente en la reproducción de la especie. Este lunes comienza el juicio oral y público a Ricardo La Regina y será el primero en la Argentina por daño ambiental agravado y crueldad animal. Las organizaciones ambientales Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) serán querellantes en el juicio por lo que llaman “La Masacre de los Pingüinos de Punta Tombo”.
El próximo 28 de octubre, la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia del Chubut recibirá a los 47 testigos, nacionales e internacionales, provenientes de la fiscalía a cargo de Florencia Gómez, y a los 12 de parte de la defensa del imputado, para lo cual habrá intérpretes de varios idiomas. El caso tiene repercusión en el exterior. Así, por la mañana del lunes el tribunal, compuesto por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri dara comienzo al juicio oral por daño ambiental agravado a ecosistemas costeros y crueldad animal, que contempla una pena de hasta 4 años de prisión efectiva. Aunque algunos casos ambientales llegaron a la justicia, la mayoría son archivados o se resuelven con juicios abreviados, no llegan al juicio oral, por lo que este es un hecho sin precedentes en el país.
“Esto podría constituirse como un punto de inflexión para que la impunidad no siga ganando terreno frente a los crímenes contra la naturaleza”, dijo a Página 12 Lucas Micheloud, codirector ejecutivo de la AAdeAA.
Micheloud explicó que, como querellantes, junto al Ministerio Público Fiscal de Trelew y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Chubut, formularon una categórica acusación contra el ganadero por usar una máquina retroexcavadora para desmontar vegetación nativa, abriendo caminos sin estudios de impacto ambiental ni autorizaciones, destruyendo el hábitat reproductivo de los pingüinos y aplastando 175 nidos. Y dio un contexto de lo ocurrido: “La situación se enmarca dentro de una contienda familiar en medio de una división del campo, donde al señor solo le importó dividir el terreno lo antes posible, con un sesgo productivista que no tuvo en consideración la delicadeza del ecosistema”.
Fue por una denuncia anónima que la Justicia recibió la advertencia sobre la serie de acciones ilegales llevadas a cabo por La Regina entre agosto y diciembre de 2021.
La Estancia La Perla linda con el Área Natural Protegida Punta Tombo y con el Área Maritima protegida Punta Tombo, que dispone la protección de Punta Tombo y Punta Clara. Ambas se encuentran dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, y son núcleo de la Reserva Biosfera de Unesco Patagonia Azul. Se trata, en otras palabras, de un ecosistema de altísimo valor ecológico, sujeto a rigurosa protección.
Las imágenes que se difundieron de los nidos aplastados con los pingüinos dentro generaron una conmoción pública que ayudó a la difusión del caso también a nivel internacional. “Este lunes también van a venir testigos del extranjero, como la gente de National Geographic, que colaboró con imágenes satelitales para la creación de un informe con mapeo satelital que nos permitió identificar el período de tiempo en el cual el acusado realizó las obras”, indicó el abogado.
“Esto es un desastre ecosistémico que supera a los 175 nidos y a la colonia de pingüinos que está ahí ahora.” advirtió Matías Arrigazzi, biólogo especialista en biodiversidad en Greenpeace, en diálogo con Página 12. “El terreno está pegado a un área protegida que existe justamente por lo delicada que es la naturaleza en ese lugar. El ambiente y toda la comunidad de animales, plantas y seres vivos que existen ahí viven en un equilibrio súper delicado”, sostuvo el biólogo.
“Los pingüinos de Magallanes tienen como particularidad que están la mitad del año en el agua y la mitad del año en tierra. Desde septiembre hasta marzo están acá y el resto del año migran para el norte nadando alrededor de 3.000 kilómetros hasta llegar a Uruguay o Brasil y luego vuelven para el ingreso de la primavera en esta región”, detalló el biólogo.
A estas aves de 40 cm de largo, las caracteriza su porte estilizado, el tambaleo a los costados al caminar y las tonalidades opuestas de su piel, que les permite evitar a los depredadores mientras nadan. Por su forma aerodinámica, los pingüinos de Magallanes pueden viajar a altas velocidades en el agua y visto desde arriba, el negro de la parte trasera del pingüino se mezcla con el océano oscuro y, desde abajo, su vientre blanco se camufla con la luz del cielo.
“Cuando llegan, en septiembre, empieza la temporada reproductiva –explicó–. Es el momento más delicado para los pingüinos, porque es cuando incuban y crían a los pichones en su proceso de independización que los prepara para migrar. Los pingüinos tienen los tiempos muy cronometrados y cualquier disturbio hace que se pueda perder la nueva camada, necesaria para mantener el equilibrio de la colonia”.
El especialista en biodiversidad indicó que esto que sucedió en Punta Tombo no solo afectó a los pingüinos que estaban allí cuando pasó la maquinaria, sino que tuvo fuertes repercusiones en las generaciones siguientes. “La población de esta especie se encuentra amenazada por el cambio climático, la sobrepesca o pesca accidental, los proyectos de exploración offshore, entre otros. Si a esto le sumás hechos como los que sucedieron en 2021, las consecuencias son enormes”, afirmó.
Además, otra parte fundamental de la cuestión fue el daño a la flora nativa. “En este intento de abrir caminos y de alambrar se destruyó el suelo y se levantó la vegetación clave para el equilibrio ecosistémico. Termina siendo un tema más complejo que no solo afecta a los animales sino que a toda la vegetación que sostiene el lugar”, sostuvo Arrigazzi.
Las organizaciones querellantes están comprometidas en hacer que este caso no solo obtenga justicia para los pingüinos y su hábitat, sino que también genere un cambio sistémico en las políticas de conservación. Así advirtieron que para que haya verdadera justicia para los pingüinos y la naturaleza se necesita “la creación de un capítulo específico de delitos ambientales en el Código Penal, que contemple sanciones a los daños causados a los ecosistemas y la fauna; medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección de la colonia de pingüinos durante el juicio, incluyendo la implementación de monitoreos estrictos y la prohibición de actividades que alteren el hábitat; y un proceso judicial justo, transparente y ejemplar que siente las bases para la persecución efectiva de delitos ambientales en el futuro”.
Por su parte, Micheloud indicó: “Este caso, como otros crímenes ambientales, expone una falla sistémica en nuestro marco legal, donde los tipos penales se basan en una perspectiva antropocéntrica que considera el ambiente y a los animales no humanos como recursos, negando su valor intrínseco. Es por ello que la destrucción del ecosistema de Punta Tombo y Punta Clara exige no sólo una condena ejemplar, sino también una profunda reflexión sobre la necesidad de reformar el Código Penal para incorporar delitos penales ecocéntricos y reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho”.
Informe: Lucía Bernstein Alfonsín