La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial contra el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto uso de fondos del impuesto a los combustibles para presionar a gobernadores y legisladores en votaciones clave.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial contra el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto uso de fondos del impuesto a los combustibles para presionar a gobernadores y legisladores en votaciones clave.
Según la denuncia, a partir de la Ley 23.966, que estableció el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), se conformó una caja de recursos con asignación específica para el sistema vial. Parte de esa recaudación alimenta el Sistema Vial Integrado (SisVial), destinado a financiar obras de construcción, mantenimiento, rehabilitación y conservación de rutas.
La denuncia sostiene que los giros de dinero a las provincias no respondían a necesidades de infraestructura, sino al calendario legislativo del Congreso. Señaló que los días de votación se liberaron 3,44 veces más pagos que el resto del mes, operando como un canal de presión hasta el último minuto.
La legisladora vinculó los desembolsos realizados a través del Banco Nación con distintas votaciones y recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial):
- Ficha Limpia: $7.895 millones girados el 7 de mayo de 2025 a la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy, en coincidencia con el rechazo del proyecto en el Senado tras el cambio de voto de los senadores de Misiones.
- Acuerdo con el FMI: $6.596 millones desembolsados el 21 de marzo de 2025, concentrados casi íntegramente en Santa Cruz, luego de la aprobación del DNU 179/2025.
- Sesiones sobre vetos: $20.983 millones concentrados en beneficiarios provinciales durante la semana de agosto de 2025 en la que el Congreso trató los vetos presidenciales.
- Reforma laboral (Febrero 2026): $17.139 millones girados entre el 11 y el 13 de febrero de 2026, vinculados al acompañamiento de los diputados misioneros de Innovación Federal y del jujeño Jorge Rizzotti.
- Ley de Glaciares (Abril 2026): $12.551 millones girados entre el 8 y el 10 de abril, figurando Salta entre las provincias beneficiarias.
- Hojarasca y Zonas Frías (Mayo 2026): $14.096 millones desembolsados entre el 19 y el 21 de mayo de 2026. Salta recibió fondos que, sumados a los de la ventana anterior, superaron los $1.787 millones.
Durante las tres ventanas de 2026, según la denuncia, se desembolsaron $33.786 millones, equivalente al 52,7% de todo lo pagado por el SisVial durante los primeros cinco meses del año.
La denuncia sostiene que existe una “subejecución de los fondos con destino vial” y detalla que, desde diciembre de 2023, se recaudaron $1.503.252 millones, de los cuales se ejecutaron $394.406 millones, que representa una subejecución del 73,8%.
Acerca del destino de los recursos no utilizados, el escrito advierte que “más de un billón de pesos permanecen colocados en instrumentos financieros”, entre ellos plazos fijos y letras del Tesoro, con un saldo de $1.038.779 millones sin aplicar a obras al cierre de mayo de 2026.
Uno de los casos mencionados fue la ruta 307 en Tucumán, que recibió $2.322,8 millones durante las tres ventanas analizadas, mientras permanecía con “tres años de demoras y menos del 20% de avance físico”.
Durante los primeros cinco meses de 2026, el 41,5% de los desembolsos efectuados por el Sistema Vial Integrado (SisVial) se concentró en apenas tres jurisdicciones: Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.
Según la denuncia, Santiago del Estero “concentró el 11,6% de todos los desembolsos” del período analizado y recibió $9.886 millones a través de su Vialidad Provincial para la autovía de la Ruta Nacional 9. Desde abril de 2024, la obra que une la capital provincial con Termas de Río Hondo registra un 56% de avance.
Pese a haber recibido esos fondos, el caso santiagueño aparece como una particularidad dentro del relevamiento. La denuncia señala que “los legisladores santiagueños votaron en contra del oficialismo en todas las ‘ventanas legislativas’”.
La causa recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, el mismo magistrado que intervino en la causa Vialidad, la investigación por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Pagano hizo referencia a ese antecedente al conocer qué juez quedó a cargo del expediente: “Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente”.