El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que establece un régimen especial para la protección de activos considerados estratégicos. La iniciativa genera debate entre oficialismo y oposición.
El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para la protección de activos estratégicos. La iniciativa establece un régimen jurídico especial para bienes considerados de relevancia para la seguridad, el desarrollo y la autonomía nacional. El texto fue remitido al Congreso para su tratamiento.
El proyecto define como activos estratégicos a infraestructuras como centrales nucleares, puertos de aguas profundas, corredores bioceánicos, redes de transporte de energía, sistemas satelitales, estaciones espaciales, instalaciones de ciberdefensa y reservorios de minerales críticos. Según el Ejecutivo, estos bienes condicionan la capacidad del Estado para proteger a la población, garantizar el funcionamiento de la economía y ejercer su soberanía.
La iniciativa contempla mecanismos de evaluación para decisiones que puedan afectar capacidades esenciales del Estado. También prevé la intervención técnica obligatoria de organismos competentes en defensa, seguridad, relaciones exteriores, ciencia y tecnología. Además, reserva al Estado instrumentos excepcionales como una participación especial o acción de oro en activos críticos.
El proyecto se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. También cita el Preámbulo, que establece como finalidades del Estado proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad.
El oficialismo sostiene que la ley no se opone a la propiedad privada ni a la inversión. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es armonizar la libertad económica con la protección de intereses permanentes de la Nación. La oposición, por su parte, expresó que analizará el texto en profundidad y presentará modificaciones si lo considera necesario.
En el debate parlamentario se espera la participación de especialistas en derecho constitucional, defensa y relaciones internacionales. El Congreso no fijó fecha para el tratamiento del proyecto.