Diego José Álvarez, quien estuvo detenido casi seis años y fue absuelto, presentó una denuncia ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal Oscar Arrigo, a quien acusa de haber mentido ante la Justicia para revertir su absolución y la de otros 18 policías en el caso Franco Casco.
Buenos Aires, 31 julio (NA) — Un comisario retirado, absuelto tras casi seis años de detención acusado por la muerte de un joven en una comisaría de Rosario, presentó una denuncia ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal Oscar Arrigo. La denuncia lo acusa de haber mentido ante la Justicia para revertir su absolución.
Se trata de Diego José Álvarez, quien en declaraciones al programa Tiempo de Policiales, emitido por ATP Stream, reconstruyó los detalles del caso conocido como la causa Franco Casco y formuló acusaciones directas contra el fiscal, a quien responsabilizó de «fraguar pruebas, tergiversar testimonios» y «perder el deber de objetividad» para sostener una condena que la Justicia, tras un año y medio de juicio, terminó descartando.
El caso
Álvarez era jefe de una comisaría de Rosario en 2014, cuando Franco Casco, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido. Según su relato, se dio inmediata intervención al fiscal de turno y esa misma noche, a las 22:00, Franco Casco recuperó la libertad y firmó el acta de excarcelación. Dos días después, familiares del joven se presentaron en la seccional para preguntar por él, y la Policía les mostró el libro de guardia y todas las actuaciones que acreditaban su liberación.
A fines de octubre de ese año, el cuerpo de Casco apareció flotando en el río Paraná. Las autopsias determinaron una causa de muerte indeterminada, con un diagnóstico orientativo de asfixia por sumersión y sin ningún tipo de lesión, según indicó Álvarez. La hipótesis de responsabilidad policial se mantuvo y dos años y medio después, esa pista derivó en su detención y la de toda la guardia de la comisaría.
Detención y juicio
«Estuve casi seis años detenido», relató el comisario, y agregó que el vecino que había llamado a la Policía para pedir su presencia terminó imputado en la causa y también debió afrontar el juicio, del que resultó absuelto. «El vecino, por el simple hecho de haber llamado a la policía, también resultó imputado en la causa», señaló Álvarez.
De las aproximadamente 30 personas detenidas en septiembre de 2017, llegaron a juicio 19, entre ellas Álvarez, y todas fueron absueltas. El comisario describió el fallo: «Fuimos absueltos por el tribunal que nos juzgó, absueltos de culpa y cargo, ni siquiera por el beneficio de la duda, sino directamente dice claramente absueltos de los hechos que nos estaban imputando».
Álvarez declaró seis veces durante el juicio, en sesiones de entre una hora y media y tres horas. «Cada vez que prestaba declaración… le decía: ahora los insto a las partes, tanto a la querella como al fiscal, a que me hagan todas las preguntas que quieran en relación al caso», contó, y explicó el motivo: «Porque lo que quiero es despejar cualquier duda, para que no haya nada que no hayan investigado. No tengo absolutamente nada que esconder». Según su relato, en varias ocasiones el fiscal «se llamó al silencio y no hacía ningún tipo de pregunta».
Presentación ante Casación
La absolución debía ser refrendada por el Tribunal de Casación. Fue en esa instancia donde, según la denuncia del comisario, Arrigo presentó un escrito distorsionando testimonios y hechos ya debatidos en el juicio oral, lo que permitió anular la sentencia absolutoria y ordenar el dictado de una nueva resolución.
«Lo que no es derecho del fiscal, y lo que no puede hacer y es lo que yo denuncio, es mentir», afirmó Álvarez. «Directamente se presenta y miente, lisa y llanamente», agregó. Según explicó, preparó junto a su defensa un video de dos minutos con cinco casos puntuales donde se contrasta lo declarado por los testigos durante el juicio con lo que Arrigo sostuvo después ante el tribunal superior.
El caso de la alférez Noelia López
Como caso testigo, Álvarez detalló el testimonio de la alférez Noelia López sobre las muestras de sangre en un calabozo. «Le preguntan si se limpia, si se sigue detectando muestras de sangre, y la alférez dijo que no, que han hecho pruebas de que aún con lavandina no puede lavarse, si hay sangre sigue dando positivo al reactivo», relató. Y remarcó: «El doctor Arrigo, cuando fue a Casación, dijo lo contrario: dijo que ella dijo que no, que si se limpiaba eso desaparecía. Dijo todo lo contrario».
Consultado sobre la lógica de la acusación, Álvarez sostuvo: «Tendría que haber presentado pruebas que demostraran mi culpabilidad, pero evidentemente nunca las iba a encontrar, ¿por qué? Porque el hecho que nos estaban imputando no había ocurrido». Y agregó: «No van a tener ni un registro de llamada contradictorio, ni algún tipo de confesión de alguno de nosotros, ni que quisiéramos entorpecer de alguna forma la investigación, porque el imputado un hecho el cual no cometimos».
Álvarez insistió en que el fiscal avanzó pese a la contundencia de la prueba en su contra: «Toda la prueba demuestra nuestra inocencia. Él pensó que igualmente tal vez no lo iba a perder al juicio, y finalmente lo perdió, pero por una cuestión pura y exclusivamente de justicia». Asimismo, remarcó que Arrigo nunca abordó los puntos que contradecían su hipótesis: «Si vos decís que la policía mató a Franco Casco, ¿cómo me explicás la presencia de Franco Casco caminando en cámara de video en la vía pública después que se fue de la comisaria? No lo toca directamente».
Seis años detenido
Álvarez es padre de tres hijos -Agustín, de 22 años; Juana, que cumplió 15; y Catalina, de 12 años- y estuvo detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, a 400 kilómetros de su familia, incluyendo todo el período de aislamiento por la pandemia. «Cuando recuperé la libertad Catalina había vivido más tiempo sin su papá o viéndolo detrás de las rejas, que teniéndolo con ella en la casa», dijo sobre su hija menor. «No haber estado en el cumpleaños número 7, número 8 de mi hija, o no haber estado con mi hijo cuando iba a los cumpleaños de 15 de sus compañeras… es algo que no se recupera», agregó.
Denuncia ante la Procuración General
Con ese cuadro como respaldo, Álvarez y su defensa presentaron la denuncia contra Arrigo ante la Procuración General de la Nación. «Consideramos que ha cometido delito, entre ellos la instigación al prevaricato, el incidir maliciosamente, porque lo que está haciendo es la deslealtad procesal», explicó el comisario, quien remarcó que ahora será la propia Procuración la que determine si se trata de una falta administrativa o si existe, como sostienen, una cuestión penal de por medio.
Resolución pendiente en la Corte Suprema
En paralelo a la denuncia, Álvarez y sus compañeros de causa esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el recurso presentado contra la resolución de Casación, para ratificar la absolución obtenida en 2023. «Nosotros la absolución la estamos tramitando ya, la ratificación de la absolución ante la Corte Suprema de la Nación», precisó, y remarcó que se trata de dos vías judiciales independientes: una busca confirmar su inocencia y la otra, sancionar la conducta del fiscal.
Para cerrar, el comisario sostuvo sobre el sentido de hacer pública su historia: «No nos olvidemos que el fiscal Arrigo no es otro que un empleado público, que tiene que dar cuenta de sus actos y de por qué hizo lo que hizo». Y remarcó: «En este caso me pasó a mí, mañana te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquier otro, que le inventen una causa y que el fiscal mienta directamente para lograr una cuestión estadística de condenas».
Agencia NA