Un informe de la Universidad de San Buenaventura señala cinco puntos esenciales para acelerar la caída de los precios en Colombia, en un contexto de inflación anual del 6,14% y una tasa de interés del 12%.
Un informe de la Universidad de San Buenaventura indicó que Colombia debe tener en cuenta cinco puntos esenciales para acelerar la caída de los precios, después de que el índice anual llegara en junio a su nivel más alto desde julio de 2024 y mientras que el Banco de la República mantiene una tasa de interés de 12% con efectos limitados sobre factores que no dependen de la política monetaria.
El estudio planteó que, si el próximo gobierno envía señales fiscales e institucionales creíbles, la inflación podría bajar a un rango de entre 3,8% y 4,2% en 2027. Si eso no ocurre, el resultado podría ubicarse entre 5,2% y 5,8%.
Según el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, el IPC acumuló 4,77% entre enero y junio, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Según Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la institución, “la tasa de interés no perdió su capacidad de combatir la inflación, pero está trabajando con una mano atada. Lo que no puede hacer es reescribir contratos de arrendamiento, ampliar la oferta de gas, reparar vías rurales o corregir el déficit público”.
Las decisiones que debería tomar el próximo gobierno
Según el informe, el primer camino consiste en frenar los aumentos que se trasladan automáticamente de un año a otro. El estudio apunta al ajuste de arriendos, matrículas y contratos, que toma como referencia la inflación pasada o el aumento del salario mínimo y prolonga las presiones sobre los precios futuros.
En los arriendos, la Ley 820 permite reajustar el canon hasta el porcentaje del IPC del año anterior cuando se cumplen 12 meses con el mismo valor. La norma fija un tope, pero no obliga al propietario a aplicar el incremento completo ni autoriza aumentos anticipados.
A esa dinámica se suma el alza de más de 23% del salario mínimo de 2026, por encima del referente técnico que resulta de sumar inflación y productividad. El informe advierte que ese ajuste puede trasladarse no solo a la nómina, sino a servicios, contratos, tarifas y otros costos asociados al empleo.
Según las simulaciones del estudio, una revisión gradual de esos mecanismos de actualización podría restar entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales a la inflación de 2027.
Las finanzas públicas
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que, en su escenario base, el déficit fiscal alcanzaría 6,7% del PIB en 2026 y que la deuda neta llegaría a 60,3%.
Para el informe, un déficit elevado sostiene la demanda en la economía justo cuando el Banco de la República intenta moderarla con tasas más altas. Gutiérrez lo explicó de la siguiente manera: “La imagen más clara es la de dos conductores pisando pedales opuestos: el Banco de la República frena mediante una tasa de 12%, mientras el déficit fiscal mantiene acelerada parte de la demanda agregada”.
La propuesta plantea iniciar en 2027 un ajuste equivalente a entre 1,5% y 2% del PIB y completar el esfuerzo durante 2028 y 2029.
Reducir la presión sobre los alimentos desde la oferta
En junio, los alimentos subieron 6,83% anual, pero con comportamientos desiguales: las frutas frescas aumentaron 23,27% y la carne de res 14,27%, mientras el arroz cayó 6,82% y la carne de cerdo 6,74%.
El informe atribuye esas diferencias a factores como el clima, las cosechas, el costo de los fertilizantes, el transporte, el estado de las vías, la tasa de cambio y la disponibilidad de productos importados. La propuesta incluye reducciones temporales de aranceles para algunos fertilizantes e insumos, corredores logísticos para perecederos, información anticipada sobre cosechas y mecanismos de importación de emergencia con reglas claras. Según el estudio, algunas de esas medidas podrían empezar a reflejarse en los precios en un plazo de entre 2 y 9 meses.
El cuarto punto se concentra en precios regulados, teniendo en cuenta que el transporte urbano aumentó 10,64% anual y aportó 0,51 puntos porcentuales a la inflación, a lo que se suman los costos de energía, gas y combustibles. Y es que la presión también creció por el lado del abastecimiento de gas. Las reservas probadas cerraron 2025 en 1.717 gigapies cúbicos, 17% menos que un año antes, y alcanzan para cerca de 5,9 años al ritmo actual de producción.
La universidad advierte que una menor disponibilidad nacional puede elevar la dependencia del gas importado y presionar las tarifas. Su recomendación no es congelar precios, porque eso puede generar deudas, subsidios difíciles de financiar o problemas de abastecimiento, sino coordinar y escalonar los incrementos para evitar que suban al mismo tiempo pasajes, energía, gas y combustibles.
La simulación calcula que una mejor programación de esas tarifas podría aliviar la inflación entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales durante 12 meses. El efecto dependería del calendario de los ajustes y de la forma en que se financien los valores aplazados.
La credibilidad del próximo gobierno aparece como la quinta condición
Según la Universidad de San Buenaventura, también depende del Gobierno que asumirá el 7 de agosto. El informe identifica tres señales prioritarias: presentar un presupuesto de 2027 con ingresos realistas, adoptar un criterio técnico y previsible para el próximo aumento del salario mínimo y respetar la autonomía del Banco de la República.
El documento indicó que esa credibilidad influye de manera directa sobre las decisiones de empresas, trabajadores y hogares en precios, salarios, contratos, consumo e inversión. De esa expectativa, dependerá buena parte de la velocidad con la que Colombia logre llevar la inflación desde 6,14% hacia niveles más cercanos a la meta.