Tras la proclamación de la independencia política de España el 9 de julio de 1816, el territorio que hoy conforma la Argentina enfrentó desafíos económicos y conflictos internos que marcaron su desarrollo durante el siglo XIX.
El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de España y de toda dominación extranjera. Este acto formalizó una ruptura política que, según el general José de San Martín, ponía fin a la situación de tener símbolos patrios y combatir a España mientras se reconocía una dependencia de hecho.
La independencia política no implicó una independencia económica. La economía del territorio heredó una estructura productiva débil, caracterizada por la escasa industrialización y la falta de comercio interno fomentada durante el período colonial. España no había promovido el desarrollo industrial en sus colonias, lo que generó una dependencia de importaciones de productos manufacturados, principalmente desde Inglaterra.
La producción local se limitaba a materias primas, como granos y carnes, mientras que los bienes industrializados se adquirían del exterior. Esta dinámica generó una dependencia económica del comprador, en este caso Inglaterra, que imponía precios y condiciones de pago. La vulnerabilidad ante fenómenos naturales, como sequías o inundaciones, afectaba directamente a una economía basada en exportaciones primarias, a diferencia de los países industrializados que podían planificar su producción sin depender del clima.
La falta de inversión en modernización industrial, especialmente por parte de los terratenientes porteños y el incipiente Estado nacional, impidió la transformación de las artesanías provinciales en industrias competitivas, como ocurría en Estados Unidos en la misma época. Buenos Aires concentraba los recursos económicos y financieros, lo que le otorgaba una influencia predominante sobre cualquier gobierno nacional.
Para evitar la dominación porteña, las provincias buscaron conservar autonomía económica y fiscal, lo que requería limitar los poderes del gobierno central. Esta disputa, en ocasiones violenta, definió gran parte de la historia argentina del siglo XIX.