El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó de “arbitraria” la detención del expresidente Pedro Castillo y recomendó su liberación. La Cancillería aclaró que dichas opiniones no son vinculantes para el Estado peruano.
La Cancillería se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto al expresidente Pedro Castillo, luego de que este organismo calificara de “arbitraria” su detención y recomendara al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación.
La reacción del Ejecutivo surge después de la difusión del dictamen del grupo de expertos de Naciones Unidas, que sostiene que la privación de libertad del exmandatario vulneró la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento también plantea investigar las circunstancias de su detención y adoptar medidas frente a las presuntas violaciones de derechos.
En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes. Según indicó la entidad, estos expertos actúan dentro del mandato otorgado por dicho órgano para “examinar comunicaciones individuales y formular opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados”, por lo que su labor consiste en supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que, conforme al derecho internacional público, las opiniones del Grupo de Trabajo “constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional”, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación entre los Estados en materia de derechos humanos. Asimismo, señaló que dichas opiniones “no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional”, “no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias” y “no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.
En esa línea, la Cancillería añadió que estos pronunciamientos “no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”, por lo que cualquier decisión sobre la situación jurídica del exmandatario continúa bajo competencia de las instituciones peruanas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras formas de reparación. El panel sostuvo que el expresidente fue detenido sin una base legal suficiente, sin orden judicial y sin respetar la inmunidad que tenía como jefe de Estado. También pidió realizar una investigación sobre las circunstancias de la detención y adoptar medidas frente a las presuntas vulneraciones de derechos.
Sin embargo, el dictamen no fue unánime. Dos de los cinco integrantes del grupo emitieron opiniones disidentes al considerar que la privación de libertad del exmandatario no podía calificarse como arbitraria debido a las características de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
Tras difundirse el informe, la defensa de Pedro Castillo anunció que solicitará al Poder Judicial la suspensión de la ejecución de la condena de 11 años y cinco meses de prisión mientras se resuelve la apelación presentada ante la Corte Suprema. El exmandatario también cumple una segunda prisión preventiva dentro de la investigación que afronta por el presunto liderazgo de una organización criminal, proceso distinto al relacionado con el intento de golpe de Estado.
Según reportó RPP Noticias, el equipo legal del expresidente buscará que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria sea evaluado por otras instancias del sistema de Naciones Unidas. Durante una conferencia de prensa, el abogado Wilfredo Robles, integrante del equipo jurídico que presentó la denuncia ante la ONU, explicó que el siguiente paso será solicitar que el informe sea elevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, esperan que el caso sea incorporado en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su evaluación.