La nueva Ley de Restricción y Aplicación de la Injerencia Extranjera en Florida identifica a varios países como “de preocupación” e impone obligaciones de registro, límites a contratos públicos y sanciones para quienes actúen en su representación.
El estado de Florida aprobó la denominada Ley de Restricción y Aplicación de la Injerencia Extranjera, una normativa que incorpora nuevas restricciones para prevenir la influencia de determinados gobiernos en el estado. Esta identifica como “países de preocupación” a Cuba y el régimen que lideraba hasta enero Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros países.
Qué países están incluidos en la nueva ley de Florida
El alcance de la legislación que entra en vigor el 1° de julio comprende tanto a los gobiernos señalados como a sus agencias, empresas u organizaciones controladas de manera significativa. A partir de esa clasificación, la ley fija obligaciones específicas para quienes desarrollen actividades políticas dentro del estado en representación de esos intereses.
La ley define explícitamente como países de preocupación a:
- La República de Cuba
- Venezuela
- La República Popular China
- La Federación Rusa
- La República Islámica de Irán
- La República Popular Democrática de Corea del Norte
- La República Árabe Siria
Según se detalla en el texto legislativo, las personas que actúen bajo instrucciones, financiamiento o control de un país de preocupación y participen en actividades políticas en Florida deberán informarlo ante la División de Elecciones dentro de los diez días posteriores al inicio de esas funciones.
La normativa también incorpora nuevas reglas para las organizaciones políticas con respaldo extranjero. Desde el 1° de enero de 2027 deberán registrarse aquellas entidades cuya sede principal se encuentre en uno de los países incluidos o que tengan al menos un 20% de propiedad vinculada con esas jurisdicciones o con personas y entidades relacionadas.
Registro obligatorio para organizaciones de países de preocupación en Florida
Las organizaciones alcanzadas deberán presentar información sobre su estructura; esto incluye autoridades, direcciones comerciales y oficinas físicas. Además, estarán obligadas a mantener esos datos actualizados con una frecuencia mínima de 90 días.
Otra de las exigencias consiste en informar los pagos destinados a actividades políticas realizadas en Florida durante el año calendario anterior. También deberán declarar operaciones superiores a US$500 recibidas de o efectuadas hacia un país de preocupación o sus representantes cuando esos fondos estén vinculados con actividades políticas.
La obligación de informar alcanza únicamente a operaciones que puedan ser identificadas mediante los registros contables habituales o que sean razonablemente conocidas por la organización.
Restricciones para contratos públicos en Florida
La ley incorpora límites para las contrataciones realizadas por organismos estatales cuando involucren acceso a información personal de los ciudadanos. Las entidades gubernamentales no podrán celebrar contratos con proveedores considerados fuentes extranjeras de preocupación si esos acuerdos involucran datos de identificación personal.
Las restricciones también abarcan los servicios de tecnología de la información. El estado no podrá contratar sistemas fabricados o ensamblados por empresas vinculadas con los países incluidos en la norma cuando esos servicios formen parte de la administración pública.
Además, los contratos vigentes que presenten esas características no podrán renovarse ni extenderse después del 1° de julio. Las mismas limitaciones se aplican a instalaciones consideradas infraestructura crítica, donde tampoco podrá utilizarse tecnología producida por esas naciones.
Prohibiciones para funcionarios y medidas sobre Cuba
La legislación establece que funcionarios públicos, empleados estatales y candidatos en Florida no podrán solicitar ni aceptar regalos, préstamos, favores, beneficios económicos o promesas de empleo provenientes de un país de preocupación o de personas que actúen en su representación.
En relación con Cuba, la norma autoriza a los recaudadores de impuestos comerciales a rechazar o revocar licencias comerciales cuando una persona o empresa mantenga operaciones con la isla en violación de la legislación federal. Para verificar esa situación podrá requerirse una declaración jurada.
El texto también contempla un mecanismo excepcional por el cual el gobernador podrá suspender temporalmente determinadas restricciones estatales si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba. Esa suspensión deberá realizarse mediante una orden ejecutiva y no podrá prorrogarse sin autorización legislativa.
Sanciones previstas por la nueva ley de Florida
La ley aumenta las consecuencias penales para quienes cometan delitos con el objetivo de favorecer los intereses de un gobierno considerado de preocupación. En esos casos, la calificación del delito podrá elevarse a un grado superior.
Asimismo, queda prohibido investigar, controlar o vigilar a personas ubicadas en Florida para hacer cumplir leyes extranjeras que no formen parte de la legislación estatal o federal de EE.UU. La infracción a esta disposición constituye un delito de tercer grado.
En materia administrativa, las organizaciones políticas que incumplan las obligaciones de registro o de actualización de información podrán recibir multas de hasta US$500 por cada infracción deliberada. En casos de reincidencia intencional, la sanción podrá alcanzar los US$2000 por cada violación.