La Paz, capital de Bolivia, ha empezado este sábado a recuperar la normalidad tras la declaración del estado de excepción que habilita a las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía y desbloquear carreteras tras 51 días de protestas.
La Administradora Boliviana de Carreteras informó que a las 15:30 había 34 bloqueos activos, en comparación con los 40 registrados a primera hora de la mañana o los 47 del viernes.
En la capital y la vecina ciudad de El Alto comenzaron a abrir mercados y a incrementar el ritmo de circulación, mientras continúan los operativos para despejar rutas estratégicas, según informaron las autoridades.
Los contenedores de basura de la capital, que estaban llenos desde hacía días debido a la imposibilidad de realizar la recogida, fueron vaciados durante la madrugada por cuadrillas municipales de limpieza.
En Cochabamba, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inició trabajos de limpieza y desbloqueo en varios puntos estratégicos con maquinaria pesada y personal de emergencia en lugares como Parotani, Epizana, Pojo y rutas hacia el Valle Alto.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó el «alivio» y el «respaldo ciudadano» a las operaciones de desbloqueo y señaló que la Policía avanza hacia la ciudad de Oruro sin incidentes.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que el Chapare es el próximo objetivo de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sostuvo que en esa zona se encuentra el expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno señala como responsable de las protestas. «En el Chapare hay gente buena, entonces, hay que sacar la manzana podrida y seguir adelante», afirmó Zamora. «Esa manzana podrida tiene cuentas pendientes con la ley», agregó.
Morales fue declarado en rebeldía y sobre él pesa una orden de aprehensión por trata y tráfico de personas, por una presunta relación con una menor de edad cuando era mandatario.
Los bloqueos fueron levantados en varios puntos al amparo del decreto de estado de excepción aprobado por el presidente Rodrigo Paz, cuya dimisión pedían los manifestantes. La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar el decreto en una sesión convocada para este sábado. «En atención a la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada, se dispone que la presente sesión se realizará de manera presencial y con asistencia obligatoria, sin excepción», señala el documento de convocatoria.