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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso la primera sanción alternativa a un compareciente de la fuerza pública que reconoció su responsabilidad en 31 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. El teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán fue condenado a 69 meses y un día de prisión.
En un hecho histórico, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso la primera sanción alternativa a un compareciente de la fuerza pública que inicialmente no aceptó la imputación, pero que durante el juicio decidió reconocer su responsabilidad en 31 casos de ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”.
Se trata del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, declarado responsable de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate durante su comandancia en el Batallón de Infantería 44 Ramón Nonato Pérez.
Durante la rueda de prensa en la que se anunció la condena, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, explicó que esta es la cuarta sentencia emitida por la jurisdicción como parte del “reconocimiento tardío”, un mecanismo que permite a los comparecientes acceder a una sanción alternativa de 5 a 8 años de prisión si reconocen su responsabilidad antes de ser condenados.
Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar anunció la condena de 69 meses y un día de prisión efectiva (cinco años, nueve meses y un día) para León Durán como autor de los delitos mencionados.
En estos casos, si los comparecientes no aceptan su responsabilidad y son condenados en juicio, la pena debe superar los 20 años de prisión. Ramelli aclaró que, a diferencia de la justicia ordinaria, en este sistema el reconocimiento de responsabilidad exige aportes efectivos a la verdad y diálogo con las víctimas, que ocupan el centro del proceso judicial y restaurativo.
La sentencia, leída en audiencia pública, abordó la responsabilidad de León Durán en 31 asesinatos y desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio, todos calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según la JEP, las víctimas de los hechos eran en su mayoría hombres jóvenes, campesinos y personas en situación de vulnerabilidad provenientes de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander. Muchas de ellas fueron trasladadas mediante engaños y falsas ofertas de trabajo para luego ser asesinadas. Otras fueron estigmatizadas a través de reportes falsos y antecedentes fabricados, ejecutadas y posteriormente desaparecidas para impedir que sus familias las encontraran.
Durante la lectura de la sentencia, el magistrado Gustavo Salazar señaló que estos hechos no corresponden a excesos individuales ni a situaciones aisladas, sino a un patrón criminal deliberado. Bajo el mando de León Durán, el 94% de los resultados operacionales reportados por su batallón fueron considerados ilegítimos.
El macrocaso 03, en el que se investigan los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, permitió establecer la responsabilidad de León Durán como máximo responsable y autor inmediato. La JEP concluyó que ejerció control sobre la estructura criminal que operó en el batallón que comandó.
El militar retirado decidió aceptar los hechos en marzo de 2025, motivo por el cual su caso fue remitido a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, donde se tramitó bajo la figura de reconocimiento tardío.
Ante las víctimas, León Durán reconoció que su responsabilidad no se limitó a una falta de control, sino que respondió a decisiones conscientes que facilitaron la comisión de los crímenes. Admitió haber omitido la verificación de la legalidad de las operaciones reportadas y priorizar su carrera militar sobre la protección de la vida de civiles.
También reconoció la fabricación de antecedentes falsos, la estigmatización de las víctimas y la utilización de engaños para atraer a personas a lugares donde luego eran asesinadas.
Durante la audiencia, León Durán pidió perdón a los familiares de las víctimas, se comprometió a buscar a las personas desaparecidas, a participar en actos públicos de dignificación, entregar documentación operacional y promover procesos de formación en ética y derechos humanos en el Ejército Nacional.