A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Registraduría Nacional informó que 104 municipios presentan riesgo por presencia de grupos armados ilegales que podrían afectar el derecho al voto libre.
La Registraduría Nacional lanzó una alerta sobre la situación de orden público en varias regiones del país, donde grupos armados ilegales estarían ejerciendo control social y poniendo en riesgo el derecho al voto libre en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que actualmente hay 104 municipios en riesgo por la presencia de estructuras ilegales, especialmente en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde las autoridades mantienen monitoreo permanente.
Durante una visita a Bucaramanga, Penagos explicó que la Registraduría ya avanzó en la distribución del material electoral en todo el territorio nacional, pero insistió en que la Fuerza Pública deberá garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral, según información entregada por la Misión de Observación Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa.
El funcionario señaló que la preocupación principal no solo radica en posibles alteraciones del orden público, sino en la capacidad de algunos grupos ilegales para influir en las decisiones de los ciudadanos dentro de determinados territorios.
“Garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en todos los rincones del país es fundamental. Pero más que eso, se trata de que pueda hacerlo en libertad, que pueda votar libremente”, declaró Penagos.
Según explicó el registrador, existen reportes oficiales sobre zonas donde organizaciones armadas ilegales mantienen un dominio social que podría afectar directamente el desarrollo normal de las elecciones presidenciales.
Cinco departamentos concentran las mayores alertas: Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Nariño y Cauca. En esos departamentos, las autoridades han identificado municipios donde grupos armados ilegales mantienen presencia activa y ejercen control sobre algunas comunidades.
La Registraduría confirmó que son 104 localidades las que aparecen bajo vigilancia especial por riesgo electoral, motivo por el cual se programaron reuniones de coordinación entre las autoridades civiles y militares para reforzar la seguridad durante la jornada del 31 de mayo.
“Hay que tener apoyo de las Fuerzas Militares. El deber de la Registraduría es garantizar el voto libre, pero se necesita respaldo de la Fuerza Pública”, sostuvo Penagos.
El registrador también alertó por empadronamiento ilegal en el departamento del Meta. Según Penagos, existen denuncias e informes relacionados con supuestas actividades de empadronamiento y carnetización de ciudadanos por parte de las disidencias de las Farc. El funcionario advirtió que ese tipo de prácticas representan una amenaza directa para la libertad del sufragio y para las garantías democráticas en las regiones afectadas.
Pese al panorama de riesgo en algunos municipios, Penagos afirmó que la Registraduría ya tiene preparada toda la operación logística para las elecciones presidenciales. El funcionario destacó que la entidad logró llegar incluso a los lugares más apartados del territorio nacional para entregar el material electoral y garantizar la instalación de mesas de votación. Además, indicó que en departamentos como Santander se realizaron pruebas durante los últimos 20 días para verificar el funcionamiento del sistema de conteo de votos.
“En Colombia, el voto tiene tres características esenciales: es un derecho universal, debe ser secreto y debe ser libre”, expresó Penagos. Finalmente, reiteró que la Registraduría continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad en todo el país.