Las estadísticas oficiales indican una reducción significativa de la pobreza en adultos mayores, pero testimonios y análisis de especialistas ponen en duda la correspondencia de los datos con la realidad cotidiana de los jubilados.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza entre las personas mayores de 65 años cayó del 17,6% al 9,7% entre el segundo semestre de 2024 y el mismo período de 2025. La medición se basa en la capacidad de compra de los ingresos. Según el organismo, el 68,3% de los jubilados del país cobra un haber equivalente al mínimo.
El Boletín Estadístico de la Seguridad Social detalló que, para diciembre de 2025, 3,9 millones de jubilados recibían un promedio de $416 mil mensuales, mientras que 534.279 pensionados percibían $361 mil. En ese mismo mes, la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, utilizada para medir la línea de pobreza, fue de $423.532.
Sin embargo, un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) actualizado a febrero de 2026 señala que, desde mediados de 2025, los haberes mínimos vienen perdiendo poder adquisitivo. Fernando Gallegos Piderit, autor del documento, explicó que la evolución del haber mínimo se mide contra el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que la pobreza se calcula con la CBT, la cual habría aumentado menos que el IPC en el período analizado.
Gallegos Piderit también aclaró que la CBT actual se basa en la Encuesta de Gastos de los Hogares de 2004-2005, lo que podría significar que «los ingresos de los hogares se están juzgando según un patrón de gastos que se encuentra desactualizado».
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, manifestó a PERFIL que, según su experiencia, la caída reportada «no se entiende» y la realidad es «totalmente lo contrario». Semino sostuvo que la pobreza entre los adultos mayores es «mucho más» que el dato oficial y cuestionó la estimación, afirmando que no se limita a los ingresos sino que es de carácter multidimensional, incluyendo el acceso a la salud.
El defensor citó casos de intervenciones quirúrgicas suspendidas por deudas del PAMI con los sanatorios, alegando una deuda de siete meses con los proveedores. Fuentes del PAMI consultadas por PERFIL respondieron que «se está cumpliendo con los cronogramas de pagos establecidos» y que, más allá de posibles demoras puntuales, «no hay deuda precedente ni existe una condición de cesación de pagos».
Semino también mencionó denuncias sobre problemas en la entrega de pañales en el interior del país, cambiada a un sistema puerta a puerta. Desde PAMI aseguraron no tener registro «sobre retrasos o cambios en la dispensa».