En una audiencia clave, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, mostró escepticismo ante los argumentos del gobierno de Trump para reinterpretar la Decimocuarta Enmienda, según un análisis de CNN. El fallo se espera para 2026.
Durante la audiencia oral celebrada el 1° de abril ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento, el presidente del tribunal, John Roberts, mostró una postura escéptica frente a los argumentos presentados por el gobierno de Donald Trump, según un análisis publicado por la cadena CNN.
Roberts, conocido por sus comentarios mesurados, cuestionó de manera explícita el intento del gobierno de reinterpretar más de un siglo de tradición constitucional. El momento clave se produjo cuando el procurador general John Sauer argumentó que las condiciones migratorias actuales justifican revisar la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, sosteniendo que «estamos en un mundo nuevo». Roberts respondió: «Bueno, es un mundo nuevo. Es la misma Constitución». CNN describió ese tono como «especialmente mordaz» para un presidente de la Corte.
El magistrado también cuestionó la lógica de extender excepciones históricamente acotadas —como los hijos de embajadores o de ejércitos invasores— a un grupo amplio de personas en situación migratoria irregular.
El presidente Donald Trump asistió a la audiencia, siendo la primera vez en la historia moderna que un presidente en ejercicio lo hace como parte litigante, pero se retiró antes de que concluyera la exposición de la abogada Cecillia Wang, de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).
El procurador Sauer defendió una lectura restrictiva de la cláusula de ciudadanía, basada en el concepto de «domicilio legal» como condición para acceder a ese derecho. Argumentó que quienes están en el país de forma indocumentada o temporal no tienen la «lealtad recíproca» que la Enmienda 14 presupone.
Por su parte, Wang, representante de los demandantes, defendió la interpretación vigente desde el caso Wong Kim Ark de 1898, que establece que casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense son ciudadanas, con excepciones mínimas. Advirtió que, de prosperar la postura del gobierno, la ciudadanía de millones de estadounidenses —pasados, presentes y futuros— podría ser cuestionada.
Tras más de dos horas de deliberaciones, no se observó una mayoría entre los jueces dispuesta a reinterpretar la garantía constitucional vigente. Incluso magistrados conservadores formularon preguntas que pusieron en duda las implicaciones prácticas de la postura del gobierno.
De avalar la Corte la postura del gobierno, se estima que alrededor de 250.000 niños por año podrían nacer sin ciudadanía en territorio estadounidense. El fallo se espera entre junio y julio de 2026.