Un tribunal de apelaciones consideró que el embargo sobre cuentas públicas no era el medio idóneo para impulsar las obras pendientes y convocó a una audiencia para avanzar en el tema.
LA PLATA.- La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió revocar el embargo por 157.000 millones de pesos impuesto a la provincia de Buenos Aires, vinculado a las demoras en el saneamiento de la contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata. Los jueces Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin consideraron que la medida sobre las cuentas del Banco Provincia «no es el medio idóneo» y, en su lugar, ordenaron convocar a una audiencia para avanzar en la realización de las obras pendientes.
La decisión apelada había sido dictada el 11 de marzo por el juez federal Alberto Recondo. La Fiscalía de Estado de la provincia, al impugnar la medida, argumentó que el embargo representaba un «riesgo serio y concreto» para el cumplimiento de «servicios críticos e impostergables para la población». El organismo señaló que la medida generaba un perjuicio «irreparable, irrazonable y desproporcionado», y advertía sobre una «gravedad institucional inusitada» y un avasallamiento a la autonomía provincial.
El conflicto judicial se origina por las demoras en la ejecución de un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada. Informes técnicos describen al sistema hídrico de la cuenca como «un sumidero de desechos cloacales e industriales». El juez Recondo había exigido garantizar el retiro mecanizado de residuos sólidos urbanos en el estuario y el arroyo El Gato, debido a «la gravedad del daño ambiental». No obstante, el magistrado reconoció que la omisión estatal para implementar una política adecuada lleva más de 20 años.
La obra pública proyectada para solucionar la problemática fue presupuestada en 2022 en 245.997.956 dólares. El gobierno provincial informó que para acceder al financiamiento internacional requerido se necesitan avales del Estado nacional, «los cuales no se han obtenido». La Fiscalía de Estado, en su apelación, también hizo referencia a la situación económica provincial, mencionando una deuda con el Estado nacional y un contexto de «severa restricción fiscal».