El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en una situación legal compleja mientras avanza el proceso de diversas denuncias en su contra. Hasta el momento, el funcionario no cuenta con un abogado defensor formalmente designado, un vacío que persiste pese al apoyo público expresado por el Ejecutivo nacional.
Las denuncias y la búsqueda de defensa
Según información recabada, existen al menos siete presentaciones contra Adorni. Seis de ellas fueron radicadas en la Justicia Federal y una ante la Oficina Anticorrupción (OA). La mayoría de estas acciones judiciales fueron impulsadas por la diputada Marcela Pagano.
Ante este escenario, desde la Casa Rosada se intentó definir la representación legal del funcionario. Inicialmente se mencionó al abogado y exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari como el elegido. Sin embargo, horas después se aclaró que Ferrari no tomaría el caso. Desde su estudio jurídico explicaron que el profesional se especializa en derecho comercial y empresarial, no en materia penal.
Los ejes de las acusaciones
Uso de medios estatales y patrimonio
Entre las denuncias presentadas por Pagano, una se centra en el uso del avión presidencial por parte de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, durante un viaje a Estados Unidos. Otra indaga sobre un presunto enriquecimiento ilícito, poniendo bajo la lupa el patrimonio del jefe de Gabinete y cuestionando, entre otros puntos, el uso de un jet privado para un viaje a Punta del Este.
Contrataciones públicas y vínculos
Una tercera presentación, de carácter más amplio, describe una serie de contrataciones estatales consideradas sospechosas y el proceso de concesión de Tecnópolis. En este escrito aparece el nombre de Mara Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia y cercana a Karina Milei.
La denuncia señala que la consultora +Be, propiedad de Angeletti, tiene entre sus clientes al Grupo Foggia, vinculado al empresario Marcelo Dionisio, quien habría mantenido una relación con Gorini. A su vez, se indica que este mismo grupo se habría asociado con DirecTV Argentina S.A., una de las firmas preseleccionadas en la licitación para Tecnópolis, proceso a cargo de un organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Otras investigaciones en curso
La diputada Pagano también solicitó que se investiguen otras licitaciones, como una de servicios de mensajería masiva adjudicada a la empresa ATX S.A., donde participaron otras firmas como Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. La legisladora describe posibles vínculos entre sus directivos y plantea dudas sobre si existió una real competencia en el proceso.
Además, suma otras contrataciones de SMS y correos electrónicos que involucrarían a empresas de un mismo grupo, junto a Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A. También se menciona la relación de la consultora +Be con el Grupo Datco –que tiene contratos con el Estado– y con National Shipping S.A., vinculada a YPF S.A., compañía donde Adorni fue designado director.
Denuncias adicionales
A las presentaciones de Pagano se suma otra denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, centrada específicamente en el uso del avión presidencial. El escrito subraya que se trató de una persona sin función pública que utilizó una aeronave destinada a actividades institucionales, y solicita determinar quién autorizó el traslado.
Mientras tanto, el Gobierno continúa respaldando políticamente a Adorni, quien mantiene una agenda pública activa. No obstante, la incógnita sobre su representación legal ante los tribunales sigue sin respuesta, en un contexto donde las causas judiciales avanzan.