La larga crisis de Garbarino llegó a su final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía.
La decisión fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021.
La Justicia decretó la quiebra de Garbarino
Según surge de la resolución judicial, Garbarino no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración de deuda. Tampoco prosperó la instancia de cramdown, el mecanismo previsto por la ley que permite que terceros presenten propuestas para quedarse con la empresa y continuar con su operación.
En el registro de salvataje solo se había anotado la sociedad financiera Vlinder, que finalmente no presentó una propuesta formal. Ante la falta de un plan viable, el tribunal aplicó lo previsto en los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial.
La resolución marca el cierre de uno de los colapsos empresariales más emblemáticos del retail argentino en los últimos años.
Intervención judicial y liquidación de activos
Con la quiebra decretada, la empresa queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes. Desde ahora, el control del patrimonio pasará a la sindicatura designada por el tribunal, que deberá identificar los activos disponibles y avanzar con su liquidación para intentar cubrir parte de las deudas.
El juez dispuso además mantener la inhibición general de bienes y ordenar notificaciones a distintos registros públicos —inmuebles, automotores y marcas— para detectar propiedades vinculadas a la empresa.
La medida también alcanza participaciones societarias en Tierra del Fuego, donde Garbarino tenía acciones en compañías vinculadas a la industria electrónica, como Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A.
En paralelo, el tribunal resolvió inhabilitar a los directivos de la compañía —entre ellos su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales— para ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley concursal.
El fallo también ordena revisar la situación de los pocos puntos de venta que aún figuraban asociados a la marca.
Se trata de tres locales ubicados sobre la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; otro en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; y un outlet en el barrio de Almagro.
El juzgado dispuso verificar su funcionamiento y avanzar con su eventual clausura dentro del proceso de liquidación.
El intento de Garbarino de «comprarse a sí misma»
La empresa buscó participar del proceso de salvataje para quedarse con ella misma bajo nuevas condiciones. En los hechos, implicaba intentar reiniciar el esquema societario sin ingreso de capital fresco ni nuevos accionistas.
La propuesta mejorada que había presentado contemplaba quitas significativas y plazos extensos de pago. Sin embargo, no solo no consiguió las mayorías legales, sino que además fue considerada extemporánea. El cramdown avanzó hacia su tramo decisivo, pero nunca se tradujo en ofertas concretas.
Ni la financiera anotada ni la propia compañía formalizaron una propuesta para ser sometida a votación de acreedores. La audiencia de esta semana terminó de confirmar ese vacío: no hubo ninguna oferta.
Una crisis que lleva años
El fracaso del salvataje es el punto final de un deterioro que comenzó hace tiempo. Garbarino, que durante décadas fue el mayor retailer de electrodomésticos del país, con más de 200 sucursales y miles de empleados, entró en concurso en 2021 en medio de una profunda crisis financiera.
La caída del consumo, la volatilidad macroeconómica, la falta de financiamiento, la acumulación de juicios laborales y comerciales y la pérdida de competitividad frente a cadenas más capitalizadas erosionaron su estructura.
La adquisición por parte de Carlos Rosales en 2020 había generado expectativas de rescate. Contó con la aprobación de Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Empleados de Comercio, gremio al que pertenecía el 90% del personal. En el camino quedaron posibles ofertas de Inverlat -fondo dueño de Havanna- y del empresario Ricardo Depresbiteris, vinculado a la empresa Covelia.
La magnitud del colapso se refleja en los números actuales. La compañía llegó a tener más 200 sucursales y más de 4.000 empleados; hoy apenas sobrevive con 18 trabajadores y solo tres tiendas operativas. Además, acumula miles de juicios laborales pendientes de pago que continúan sumándose al expediente concursal.
Mientras se define su posible quiebra, en alguno de los locales de Garbarino que levantan sus persianas se liquida el escaso stock disponible, con algunos precios que pueden resultar convenientes.