El Gobierno de Ignacio Torres gastó en una empresa de publicidad digital más 4 mil millones de pesos. Le pagó esta suma sideral a la Smart Consumer S.A. que opera bajo la marca Prosumia, y que recibió adjudicaciones tanto desde la Secretaría General de Gobierno como desde el Instituto de Asistencia Social.
Según denuncian distintos medios informativos, acá y acá, la Secretaría General de Gobierno de Chubut, bajo la firma de Ignacio Torres, autorizó el pasado 15 de enero un contrato por $3.020 millones a la empresa Smart Consumer S.A., también conocida comercialmente como Prosumia, para un «servicio integral de tecnología digital». La contratación específica tuvo vigencia de cinco meses, entre enero y mayo de este año, y contempló pagos iniciales y finales de $1.510 millones cada uno, además de cuotas mensuales adicionales por $377 millones.
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A esto se suma otra operación detectada por el Tribunal de Cuentas, que emitió el Dictamen N° 20/2025 sobre un convenio entre el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la misma compañía, por un total de $600 millones. En este caso, el objeto fue explícitamente la «contratación de servicios de publicidad digital en línea» para la promoción de los juegos de azar provinciales.
En total, los desembolsos a favor de Smart Consumer/Prosumia superan los $4.000 millones en apenas cinco meses, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre las prioridades de la gestión.
La firma Smart Consumer S.A., es una compañía abocada a la publicidad digital y que sería propiedad de Guillermo Seita, uno de los ideólogos del espacio «Provincias Unidas», al que recientemente se incorporó el mandatario provincial. Además, en su haber, Seita es quien asesoró en simultáneo a los tres principales candidatos, Macri, Scioli y Massa en las presidenciales de 2015 y en los años 90 trabajó como jefe de Gabinete de Domingo Cavallo en Economía.
La empresa señalada está acusada de haber realizado en las provincias de Córdoba y Santa Fe (integrantes del mismo espacio político que Torres) operativas similares. La compañía de Seita ya había protagonizado un escándalo en 2019 creando la página «quiero mi boleta» a la que podían acceder electores que quisieran elegir la combinación de la «boleta corta» del PJ cordobés (sin importar el candidato presidencial) y pedir que se la envíen a domicilio.
En tanto, Smart Consumer S.A ya había sido contratada por el gobierno chubutense en 2024 mediante la contratación directa realizada por la Subsecretaría de Información Pública para prestar un «servicio integral de comunicación» por la suma de $543.400.002.
Las cifras difundidas muestran que el gobierno de Chubut prioriza su campaña 2025 y 2027 mientras paga los salarios más bajos de la Patagonia como denuncian los trabajadores estatales de Comodoro Rivadavia que estan haciendo una permanencia en la dirección de escuelas reclamando aumento salarial y pase a planta, de igual modo y por igual motivo que se movilizaron la semana pasada trabajadores de la salud en Rawson, que fueron reprimidos por la policía provincial en la puerta de ingreso a la secretaria de salud o por el mismo motivo que los docentes realizaron 6 días de paro en este segundo semestre, tras el receso invernal.
La salida es por izquierda
Como Milei sufre golpe tras golpe: recesión, crisis financiera, escándalos de corrupción y derrotas legislativas, Torres empieza a enfrentar el mal humor social que genera su ajuste permanente contra las y los trabajadores. Es momento para salir a pelear con fuerzas para recuperar lo perdido y hacer crecer la resistencia hasta derrotar el ajuste de Milei, Torres y el FMI mostrando una salida de los trabajadores a la crisis.
El peronismo no solo es responsables por descargar la crisis capitalista sobre los hombros del pueblo trabajador, como durante el gobierno de Alberto y Cristina. Está demostrando no querer enfrentar y derrotar a esta derecha ajustadora y corrupta que encarnan el Gobierno de Milei y Torres en la provincia. Por eso es urgente que la clase trabajadora empiece a discutir cómo construir su propia fuerza política. Un partido que represente los intereses de las y los millones de trabajadores que hacen funcionar el país a diario.