Transformar una crisis económica en una oportunidad política: esa ha sido una de las características del kirchnerismo, y uno de los ejemplos más claros al respecto es la reestatización de YPF en 2012. Un bajón en el nivel productivo de la empresa -que además demandaba divisas por casi u$s10.000 millones al año para importar petróleo- fue transformado en una gesta épica de la que hasta hoy se enorgullece Cristina Kirchner.
Paradójicamente, una situación similar está enfrentando Javier Milei, quien podría transformar el revés en el juzgado neoyorquino de Loretta Preska -que obliga al Estado argentino a ceder su 51% de acciones de YPF al fondo Burford- en una bandera proselitista para la próxima campaña electoral.
Milei ya dio la primera señal sobre cómo interpreta políticamente este fallo: culpó al «inútil soviético de Axel Kicilof», quien en aquel momento se encargó de diseñar la estrategia de expropiación y luego, ya en funciones como ministro de economía, se negó a negociar con quienes se declaraban perjudicados por esa decisión.
Aun cuando el presidente dijo que el fallo por YPF será apelado, el propio hecho de haber culpado al ahora gobernador bonaerense lleva implícita una admisión de culpa por parte de Argentina. Es algo que desde el kirchnerismo se le critica, con el argumento de que será una mala estrategia negociadora y que está reñido con el principio de «continuidad del Estado» -según el cual, pese a los cambios de gobiernos, se debe mantener siempre una misma línea argumental en los diferendos internacionales.
Esta situación implica que Milei buscará una negociación en la que buscará dos objetivos en uno: reducir el peso de la deuda por YPF y, además, asestarle un golpe político al kirchnerismo.
Javier Milei apelará el fallo, pero con críticas al kirchnerismo
Todo indica que no habrá unidad a la hora de defender el caso argentino. Mientras Kicillof considera «un disparate jurídico» el fallo en favor de los accionistas minoritarios, Milei insinúa que hubo una mala estrategia del lado argentino.
En todo caso, si hay un argumento del actual gobierno para oponerse a pagar los u$s17.000 millones que reclama Burford es que, detrás de ese reclamo, hay una situación de corrupción que se remonta a 2007. En aquel momento, a instancias de Néstor Kirchner, el grupo Petersen -propiedad de la familia Eskenazi– ingresó como socio nacional a YPF, y en compras escalonadas se quedó con el 25% del capital-.
El método de compra fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero y cuyo mérito consistía en ser «expertos en mercados regulados» ingresaron a YPF sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF. Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía.
Los críticos del kirchnerismo apuntan a que esa fue una compra espuria, en la que los Eskenazi actuaron como testaferros del poder político, y que el verdadero costo de esa operación lo pagó la sociedad argentina.
Es decir, comparten la idea de que no merecían una compensación como la que recibió Repsol. Sin embargo, aceptan el argumento de que hubo un error jurídico en la forma de expropiación, que discriminó entre accionistas -algo expresamente prohibido en los estatutos de la propia empresa-.
La «tasa Kicillof», un impuesto para el precio de los combustibles
Y el propio Milei, ya previendo cuál sería la conclusión del caso YPF en los tribunales neoyorquinos, había adelantado una idea polémica. En 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, dijo que pensaba instituir un impuesto que se agregaría al precio de los combustibles, al que llamaría oficialmente «tasa Kicillof».
«Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof», había dicho Milei, cuando ya había condena en primera instancia contra el Estado argentino.
El propio Milei explicó cuál era el sentido de esa tasa: que funcionará como un recordatorio para los argentinos sobre el costo de las decisiones políticas tomadas con una perspectiva ideológica pero ejecutadas con mala praxis.
«Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados», había dicho Milei.
Por cierto que esa propuesta tenía un sentido más político que financiero: YPF factura u$s19.000 millones y en su último ejercicio obtuvo ganancias operativas por u$s4.650 millones. Es decir, aun cuando se gravara con un 1% toda la facturación de la empresa, se tardaría más de 80 años en cancelar la deuda.
Pero, naturalmente, nadie –empezando por el propio fondo Burford– cree que sea factible ejecutar una deuda por u$s17.000 millones. Por lo que ya se está hablando sobre estrategias de negociación.
Los analistas del mercado destacaron el hecho de que la capitalización bursátil de Burford es de apenas u$s3.000 millones luego de haber ganado el juicio. Esto implica que en el mercado financiero nadie está «priceando» el cobro de la deuda original, sino de un monto considerablemente menor.
Un arma política para la campaña de Javier Milei
Kicillof sabe que Milei quiere que recaiga sobre sus espaldas el costo político de este fallo, y por eso ya esbozó cuál será su línea de contraataque: acusar a Milei de estar dándole la razón a la jueza Preska cada vez que critica la expropiación de YPF.
«Lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza; lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia», afirmó.
En todo caso, de concretarse la idea de la «tasa Kicillof» lo que se lograría es, como admitió el propio Milei, mostrar voluntad de pago por parte del Estado argentino.
Pero, sobre todo, supondría un golpe político al kirchnerismo, justo en un momento en el que Cristina Kirchner decidió centrar el debate en la cuestión del endeudamiento, y mantiene duros intercambios con el ministro Luis toto Caputo respecto de quién tiene la mayor responsabilidad por la pesada carga de la deuda.
Cristina advirtió que el programa económico del gobierno colapsaría por falta de dólares para cancelar los vencimientos, y aprovechó los últimos datos sobre la «fuga de capitales» para reforzar su punto.
Pero Milei -que considera que la polarización con Cristina lo favorece en lo electoral- dio la orden de contestar las acusaciones. Fue así que Pablo Quirno, secretario de Finanzas, dijo que, de acuerdo a la estadística oficial, la gestión kirchnerista había incrementado el endeudamiento neto, que desde el recambio gubernamental se achicó en u$s50.000 millones.
Si a esa polémica se le agrega la «tasa Kicillof», entonces la estrategia cobrará más fuerza. A fin de cuentas, pagar un impuesto al cargar nafta tiene un peso mucho más concreto que debatir sobre los intereses de la deuda o sobre los pasivos del Banco Central.