A través de un DNU, Milei busca flexibilizar la ley que defiende los cuerpos de hielo de la especulación privada.
Avanzada extractivista
El gobierno de Milei avanzaría con un decreto que modifica por DNU la Ley de Glaciares (N° 26.639), abriendo paso a la expansión de megaminería e hidrocarburos en áreas hoy protegidas del ambiente periglacial. Esta norma, vigente desde 2010, había sido conquistada tras duras luchas históricas y protegía estos ecosistemas por su rol como vitales reservas de agua dulce
El decreto redefine las zonas protegidas limitándolas a cuerpos de hielo de más de una hectárea, activos durante al menos dos años y que cumplan una función hídrica. Así se excluye gran parte del ambiente periglacial, donde confluye la cordillera, y queda liberada para instalación de industrias extractivas, construcción e infraestructuras sin fines científicos.
A pesar de promesas oficiales de mantener los estudios de impacto ambiental y sanciones para empresas infractoras, la modificación formula “seguridad jurídica” para inversiones mientras debilita la protección ecológica. Las provincias se verán implicadas en la gestión, lo que puede derivar en presiones territoriales adicionales a favor de industrias contaminantes.
Este avance por decreto retoma cambios rechazados en 2024 tras repudio de legisladores e incluso advertencias de la ONU sobre su carácter “regresivo”.
La medida no es un episodio aislado: profundiza la lógica extractivista que favorece el agronegocio, la minería y empresas energéticas frente al cuidado de los bienes comunes. Restauremos la Ley sin excepciones ni decretos para preservar nuestras fuentes de agua y ecosistemas frágiles.
El agua es un bien común esencial para la vida, no una mercancía al servicio del saqueo extractivista. En un contexto de crisis climática global y desertificación creciente, como ocurre en muchas regiones de Argentina, defender cada fuente de agua —glaciares, humedales, ríos y acuíferos— es una tarea urgente y vital. Los glaciares y ambientes periglaciares no solo son reservas estratégicas de agua dulce, sino también reguladores naturales del clima y del ciclo hidrológico. Su destrucción, promovida por gobiernos y corporaciones que anteponen el lucro al ambiente, pone en riesgo el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un entorno sano. Frente a eso, la defensa del agua es también una defensa de la soberanía, de la salud de los pueblos y de un modelo productivo que respete la vida y no la destruya.