El gobierno de Javier Milei ya tiene redactado un paquete de proyectos de ley que espera enviar al Congreso. Las iniciativas apuntan a transformar el sistema laboral, tributario y previsional, cumpliendo con los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la tercera etapa del plan económico del oficialismo, que busca consolidar el ajuste fiscal y desregular la economía.
Aunque los borradores están avanzados, desde la Casa Rosada aclaran que no los pondrán en circulación hasta resolver el problema estructural del empleo informal, que hoy afecta a cerca del 40% de la fuerza laboral. «No podemos reducir impuestos ni mejorar el sistema previsional si no mejoramos antes el sistema laboral y la recaudación», deslizó una fuente de alto rango del Ejecutivo.
Por esa razón, la primera iniciativa que el oficialismo buscará activar será la reforma laboral. «Si la base impositiva es baja, por la falta de aportes, no se puede reducir o bajar impuestos», explicaron en el entorno del Presidente, según informó A24. La misma lógica se aplica a las jubilaciones: «Si no aumentan los aportes laborales, no podés mejorar las jubilaciones».
Ante esto, el Ejecutivo planea reabrir canales de diálogo con representantes sindicales, en especial con sectores de la CGT, así como con legisladores opositores y gobernadores que adhirieron al llamado «Pacto de Mayo», un acuerdo político con ambiciones refundacionales para el Estado argentino.
Mientras tanto, el oficialismo minimiza la protesta convocada por la CGT para el 30 de abril, que exige aumentos para jubilados y reapertura de paritarias. La medida llega apenas una semana después del tercer paro general contra la gestión libertaria. Desde Balcarce 50, la respuesta fue tajante: «No habrá reapertura de paritarias» porque «la CGT tiene que reconocer que hace 10 meses que los salarios le ganan a la inflación».
Acuerdo con el FMI: reformas, desembolsos y condiciones
En el plano internacional, Milei logró cerrar un nuevo entendimiento con el FMI que incluye un préstamo de u$s20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron u$s12.151 millones. A cambio, el país se comprometió a llevar adelante reformas profundas. La flexibilización del régimen laboral y la reestructuración tributaria deberán estar listas para diciembre de 2025. La reforma previsional, en tanto, se postergó para diciembre de 2026.
Además, el Ejecutivo asumió mantener el financiamiento de políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, cubriendo como mínimo el 95% del valor de la canasta básica alimentaria. También deberá avanzar con la privatización de empresas estatales y la eliminación de fondos fiduciarios considerados innecesarios.
El plan de reformas busca sentar las bases para una economía con reglas más simples y con menor carga fiscal sobre el sector productivo. En esa línea, se impulsa una flexibilización del mercado laboral como condición para atraer inversiones y generar empleo formal.
A la par, el equipo de Milei ya definió los lineamientos para una reforma tributaria integral que buscará eliminar impuestos considerados «distorsivos» por el FMI, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los débitos bancarios.
No obstante, el oficialismo enfrenta un obstáculo político: sin mayoría en el Congreso y en un año marcado por las elecciones legislativas del 26 de octubre, el envío de estos proyectos podría postergarse hasta después de los comicios. Una fuente cercana al Presidente admitió que el gobierno esperará una nueva correlación de fuerzas para aumentar las chances de aprobación.
Reforma laboral: foco en flexibilización y reducción de costos
El FMI exigió avanzar con mecanismos que flexibilicen la negociación salarial, simplifiquen la relación entre trabajadores y empresas y reduzcan los costos laborales. Esto incluye reemplazar el actual régimen de indemnizaciones por otros esquemas de contratación, junto con incentivos fiscales para empleadores.
En 2024, parte de estas propuestas se incluyó en la Ley Bases, pero los artículos más sensibles fueron rechazados por la oposición y el sindicalismo. Por eso, el gobierno apunta a retomar la discusión en el marco del nuevo Pacto de Mayo, aunque aún no definió cuándo ni bajo qué formato.
El proyecto que busca impulsar el Gobierno nacional contiene cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para reducir la participación estatal en los acuerdos entre privados. Podría incluir la eliminación de la homologación de paritarias por parte del Estado en el marco de negociaciones entre trabajadores y empresas.
Lo mismo aplica para la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría su recaudación-, la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral y la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos.
También insistiría con la eliminación de los aportes no contributivos a sindicatos junto con la profundización de las limitaciones al derecho a huelga mediante la declaración del servicio esencial del 50% de áreas como la salud, transporte, telecomunicaciones y educación, entre otras.
Reforma tributaria: menos impuestos distorsivos, más eficiencia
El rediseño fiscal que deberá presentarse hacia finales de 2025 apunta a rediscutir la coparticipación y mejorar la administración tributaria. El FMI recomienda que la reforma tenga impacto fiscal neutro y se base en la «reducción gradual de los impuestos distorsivos sobre exportaciones y transacciones financieras», reemplazándolos por impuestos directos «más simples y mejor gestionados».
El plan también contempla la unificación del monotributo, la incorporación de pequeños contribuyentes al régimen general, y una simplificación del impuesto a las ganancias, reduciendo las alícuotas y limitando las deducciones.
A nivel provincial, se espera la eliminación progresiva de Ingresos Brutos y una mejora en la valuación de activos inmobiliarios, especialmente de los grandes productores agropecuarios. La tributación de los recursos naturales, como la minería y la energía, requerirá más coordinación entre Nación y provincias, en el marco del régimen RIGI.
Reforma previsional: sostenibilidad a largo plazo
El sistema previsional argentino también será objeto de una reforma estructural. Milei prometió al FMI presentar una propuesta para antes de diciembre de 2026 que simplifique el régimen actual y garantice su viabilidad financiera. Entre las medidas en estudio figuran el aumento de la edad jubilatoria y la eliminación de las moratorias previsionales.
Al mismo tiempo, el gobierno se comprometió a sostener el valor real de los programas sociales, implementando un nuevo sistema de monitoreo —el SIS— para mejorar la focalización del gasto.