Las empresas que han sido notificadas por el Departamento del Tesoro de la revocación de sus licencias a partir del 27 de mayo son, la española Repsol, la francesa Maurel&Prom, la italiana ENI, la india Reliance Industries y la estadounidense Global Oil Terminals del magnate Harry Sargeant III. Estas empresas se suman a la multinacional de origen estadounidense Chevron, que deberían cesar sus operaciones en Venezuela y suspender el procesamiento de crudo venezolano en sus refinerías del mundo entero.
La mayoría de estas petroleras extranjeras ya han comunicado que han abierto negociaciones directas con Estados Unidos con respecto al levantamiento de las licencias que hasta el momento se refieren únicamente al petróleo y no la explotación de gas, en las que la mayoría de estas compañías operan también. Por eso tanto la Repsol como la empresa ENI, buscan acordar con Washington para determinar los mecanismos de seguir proporcionando suministros de gas no sancionados, que son esenciales para la población de la parte occidental del país, y recibir el pago por ellos.
El magnate petrolero Harry Sargeant III, propietario de Global Oil Terminals, es un donante republicano, además amigo personal de Donald Trump con quien suele disfrutar momentos en su casa de Mar-a-Lago, es conocido por sus movimientos discrecionales para moderar las hostilidades entre Estados Unidos y Venezuela. Por eso, al momento, se puede ver como apretar la presión sobre el gobierno de Maduro, en algunas negociaciones que se puedan estar operando secretamente.
Donald Trump, ya había emitido una orden ejecutiva que declara que cualquier país que compre petróleo a Venezuela podrá pagar un arancel del 25% en los intercambios con Estados Unidos. Con respecto al primer comunicado que se le hiciera a Chrevron de suspender sus operaciones en Venezuela para los primeros días de abril, luego de la retomada de negociaciones por la recepción de migrantes deportados, se extendió por dos meses más.
Con respecto a la imposición de aranceles del orden del 25 % para los países que sigan comprando petróleo venezolano, a partir del 2 de abril se exponen a las represalias de Estados Unidos. La medida centra la presión de Trump en los compradores de petróleo venezolano que no sean Estados Unidos, como China. La decisión a quien se le pueda aplicar quedará bajo decisión discrecional a manos de Marco Rubio previas conversaciones con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer.
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En los últimos años, la administración del expresidente Joe Biden, había otorgado autorizaciones para asegurar el transporte de petróleo venezolano a refinerías desde Estados Unidos, España hasta la India como excepciones al régimen de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Recordemos que Venezuela vio caer su PIB en casi un 80% en ocho años consecutivos de una larga depresión de niveles catastróficos, entre 2014 y 2021, en medio de la fuerte caída de los precios del petróleo y de su producción.
Es importante señalar que desde que se inició un esquema de apertura petrolera por parte del gobierno de Maduro, las presencias de las petroleras, ya antes de las sanciones, y más aún luego de las mismas, con la apertura de las licencias, tienen asociado un esquema de despojo y saqueo, pues no se trataba solo de producir petróleo y exportar, sino que encubiertamente tenía un proceso de privatización. Se incluyen derechos de las ganancias plenas y todas las rutas de producción y comercialización, con las excepciones de impuestos y nuevos esquemas de pago de regalías.
Como impacto inmediato, las sanciones golpean directamente al pueblo trabajador, que acrecienta su sufrimiento que viene teniendo con las políticas antiobreras del gobierno de Maduro y sus salarios destruidos. La nueva sanción implicará seguramente un aumento de la inflación descontrolada, aunado a que el Gobierno, en el marco de su plan económico capitalista de liberación completa, tendrá grandes dificultades para contener el tipo de cambio, reduciéndose la oferta de dólares en el mercado cambiario de Venezuela, alimentando la depreciación. Solo con el anuncio de las medidas de Trump la brecha cambiaria se ha disparado.
La implementación de aranceles, la revocación de licencias y las sanciones económicas que se mantienen vigentes son herramientas de presión que buscan asfixiar aún más la economía venezolana. Estas medidas, lejos de ser neutrales, tienen como objetivo forzar transformaciones políticas que favorezcan los intereses de Estados Unidos. En este contexto, sectores de la oposición, encabezados por figuras como la ultraderechista María Corina Machado, celebran estas acciones. Sin embargo, estas políticas no son más que una expresión del imperialismo estadounidense, que, a pesar de las tensiones, nunca ha retirado completamente sus intereses económicos del país y ahora intenta recuperar su influencia perdida, reafirmando su control sobre Venezuela.
Aún está por verse cómo se desarrollan las negociaciones entre las petroleras extranjeras y Estados Unidos, por un lado, y los acuerdos que puedan surgir entre el gobierno de Maduro y la administración de Trump, por el otro. Si se concretan lo de las licencias petroleras y se decide la suspensión de la compra de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, se estaría configurando un escenario similar al bloqueo petrolero de 2019, implementado para imponer un gobierno títere como el de Guaidó, alineado con los intereses imperialistas. Sin embargo, esa estrategia resultó en un fracaso, y las sanciones y amenazas han oscilado desde entonces. En este contexto, Maduro ha optado por una política de negociación, colocando las licencias petroleras como eje central de su política.
Es fundamental rechazar de manera contundente las políticas imperialistas que buscan someter a los pueblos a través de sanciones económicas y medidas coercitivas. La reciente imposición de aranceles a países que importen petróleo venezolano, sumada al levantamiento de licencias, constituye un intento descarado de bloquear el comercio de recursos de Venezuela con los países que considere. Venezuela tiene el derecho soberano de comerciar su petróleo con quien considere necesario, sin injerencias externas imperialistas.
Desde La Izquierda Diario, sostenemos que el petróleo, como recurso estratégico, debe permanecer cien por ciento en manos del Estado y bajo control de los trabajadores, evitando cualquier intento de privatización que beneficie a las transnacionales y los grandes grupos económicos. Nos oponemos firmemente a las constantes amenazas y agresiones del imperialismo, que buscan someter a los pueblos.