El miércoles pasado, luego de que la Cámara de Diputados validara el DNU con el que el Gobierno nacional pretende sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se logró el quorum necesario para tratar la extensión de la moratoria previsional. Ese día, Nicolás del Caño (PTS-FITU) denunció la especulación del propio oficialismo, que hizo todo lo posible para que esto no se pudiera discutir.
Con la moratoria previsional vencida se condena a más del 85% de los trabajadores en edad de jubilarse a no poder acceder al derecho básico de la jubilación. Sólo este año, afectará a unas 242.000 personas, aunque con particular impacto en las mujeres. Se estima que el 90% de las mujeres y el 70 % de los varones no podrán acceder a una jubilación al cumplir la edad jubilatoria.
En lugar de la moratoria, el macrismo estableció la «Pensión Universal para el Adulto Mayor» (PUAM), que implica apenas el 80% de la jubilación mínima, un monto prácticamente miserable, y condiciones más estrictas de acceso. Implica, entre otras cosas, elevar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, y no genera derecho a pensión. En el Congreso, bloques opositores como la UCR plantean una medida paliativa que implica jubilaciones proporcionales basadas en los años de aportes, una trampa para bajar aún más los montos de los haberes.
El FMI había presionado anteriormente para eliminar estas moratorias. Esa presión existía cuando el Gobierno del Frente de Todos reconoció en 2022 el endeudamiento ilegal llevado a cabo por Macri en 2018. Ahora, lo que se está cumpliendo es avanzar en ese camino, en el marco de un ajuste más feroz, impulsado por Milei y avalado por sus cómplices colaboracionistas en el Congreso Nacional: radicales, macristas y una fracción del peronismo.
El problema social que se presenta es evidente. Como señaló en una reciente entrevista Myriam Bregman, las movilizaciones que los miércoles llevan a cabo las y los jubilados “van a crecer cuando se termine la moratoria”. Es decir, crece la bronca entre las y los adultos mayores, ya golpeados por el conjunto del ajuste.
Frente a esa situación, surgen otras propuestas, más que cuestionables. Por ejemplo, las de diputadas y diputados como Danya Tavela (Democracia para Siempre) o Nicolás Massot (Encuentro Federal) que proponen una prestación que sea proporcional a los años de aportes.
Según señaló La Nación, la propuesta de Tavela es la de una “Prestación Proporcional por Reconocimiento al Esfuerzo Contributivo”, que alcanzaría a quienes hayan “aportado entre 10 y 29 años” y que equivaldría “al 70% de la prestación básica universal (PBU) con un adicional del 1,5% por cada año de aportes”. El monto es realmente miserable: hoy la PBU equivale a Prestación Básica Universal (PBU): $130.749,89. El 1.5% equivale a $1961,23. Es decir, una persona con diez años de aportes registrados cobraría apenas más de $ 150.000
La propuesta de Massot no difiere radicalmente: propone una prestación proporcional equivalente al 85% del valor de la PBU, al que se la adicionaría un monto a calcular en función de los años de aportes. Todos cálculos complejos y absurdos, que generan confusión, sin basamento en las necesidades de vida de las y los jubilados, ni en la situación actual del mercado de trabajo y el sistema previsional. El único objetivo es presentar un esquema «viable» para el ajuste que busca el Fondo y al mismo tiempo justificar un relato de «equidad frente al aporte realizado». Un engaño, ajeno al aporte que día a día realizan las trabajadoras y trabajadores, con trabajo remunerado, precario, y no remunerado, dentro y fuera del hogar.
Las personas que deben recurrir a una moratoria previsional son trabajadoras y trabajadores que aportaron a la sociedad toda su vida trabajando, pero son invisibles a los registros públicos. Si las personas próximas a jubilarse no reúnen 30 años de aportes como exige el sistema, no fue por elección, es por haber trabajado en la informalidad o por haber estado en ciertos períodos desempleados.
Las moratorias son sólo un paliativo que no resuelven el problema de fondo debido a sus múltiples límites. Estas formas de acceder a una jubilación, ponen la carga en el trabajador o trabajadora, al que le hacen pagar con un descuento en su haber algo que en realidad no es su responsabilidad sino el de las propias empresas que le hicieron fraude y que no le pagaron los aportes jubilatorios. Incluso ese descuento estuvo encubierto detrás de los menores salarios percibidos por no estar registrados.
El problema de fondo es que el sistema previsional está desfinanciado en función de los intereses de los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional. Además del fraude laboral y la quita de aportes patronales impulsada por Cavallo y Menem, hay que agregar el crecimiento del monotributo y los beneficios tributarios a las empresas, como el último blanqueo de capitales que permitió a los empresarios evadir los impuestos aplicables a miles de millones de dólares.
Los jubilados lo dicen claro en sus marchas: «Trabajador, te estamos avisando que tu jubilación te la están afanando». Todo el apoyo a la movilización y el reclamo de las y los jubilados.
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