La Matanza: por falta de presupuesto, podría cerrar un centro público para personas con discapacidad
Su cierre se debe a una hipoteca impaga de la que debería haberse hecho cargo el intendente Espinoza o Kicillof. Unas 5.000 personas se verían afectadas
12/02/2025 – 19:00hs
La posible venta o cierre definitivo del Centro Municipal de Educación Física y Rehabilitación (Cemefir) en La Matanza generó malestar y preocupación entre los vecinos, profesionales de salud y los propios pacientes que allí asisten. De acuerdo a la información que proporcionó el establecimiento en las últimas semanas, su debacle fue generada por una deuda impaga que debía ser solventada por el intendente Fernando Espinoza o, su defecto, el gobernador Axel Kicillof.
El trasfondo político apunta contra el jefe comunal, aunque la Intendencia argumenta que la subasta es una medida necesaria para reordenar las cuentas públicas del Municipio. En tanto, los dirigentes opositores y organizaciones sociales que resguardan a los matanceros más vulnerables disienten de tal decisión y denuncian que la medida responde a una política de desmantelamiento de servicios públicos sin siquiera intentar buscar una alternativa concreta para dar con su continuidad.
Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, municipio bonaerense
El origen de la deuda
La situación crítica de Cemefir comenzó cuando en 2011, la cooperadora que administraba el centro contrajo una hipoteca para financiar sus operaciones. En ese momento, la deuda ascendía a -aproximadamente- unos 450 mil dólares. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses la suma aumentó a 750 mil dólares. Además, debido a la falta de pago, la Justicia impuso una multa diaria de U$d100, lo que terminó elevando la deuda a un total de 1.200.000 dólares.
En ese sentido, en diciembre del 2021, la Legislatura bonaerense aprobó una ley de expropiación con el objetivo de transferir el inmueble al dominio municipal y así resolver la situación financiera del Cemefir. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno provincial no realizó el pago correspondiente, lo que ha llevado a la programación de un remate judicial del edificio.
«Lamentablemente, nunca se llevó a cabo (el pago de la deuda). Nadie quiere hacerse cargo del tema. Mientras tanto, los plazos vencen en febrero de este año e iríamos a remate. La jueza Laura Mato (a cargo del caso y del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°1) volvió a caratular el remate de Cemefir por el vencimiento de los plazos de expropiación», se lamentaron los trabajadores de la institución en comunicado oficial.
Una pérdida para la comunidad
En ese momento, las senadoras Ana del Valle y María Reigada, y el actual diputado Ricardo Rolleri se montaron la expropiación del centro sobre los hombros. «La ley está promulgada y debe cumplirse», había dicho Rolleri uno de los impulsores del proyecto, y se mostró entusiasmado en que la situación se solucionaría: «Estamos insistiendo para que se haga el pago».
La molestia se debe a que, este establecimiento, desde su creación, se convirtió en un espacio de referencia para la rehabilitación de personas con discapacidades motoras, ofreciendo servicios de kinesiología, fisioterapia y diversas terapias adaptadas. Además de que su posible cierre o venta terminaría afectando a entre 3.000 y 5.000 personas que reciben contención mensual en ese centro, el único en La Matanza que ofrece rehabilitación gratuita.
Por lo que, claramente, la decisión de que este centro sea vendido al mejor postor no solo deja en una situación de incertidumbre a sus trabajadores, sino que también pone en riesgo el acceso a tratamientos esenciales para los sectores más vulnerables. La comunidad respondió con manifestaciones y movilizaciones en rechazo a la posible subasta del centro y organizaciones de pacientes, trabajadores de la salud y vecinos expresaron su repudio y exigen explicaciones al municipio. De la misma forma, se elevaron petitorios y convocatorias a sesiones del Concejo Deliberante para frenar el cierre.
«No hay dudas de que la gente va a perder mucho. Aquí los pacientes ya tienen un sentido de pertenencia. Somos el último eslabón en cuanto a la rehabilitación», dijeron los trabajadores sociales que atienden allí. Sobre el destino de los tratamientos que se verán interrumpidos, afirmaron que «posiblemente», serán «derivados a otras instituciones».