Ante el intento del gobierno de Milei y Villarruel de negar el genocidio y atacar las libertades democráticas conseguidas con años de lucha, es fundamental recordar nuestra historia y la lucha contra los genocidas.
El 5 de febrero de este año 2025 se cumple el 50° aniversario del inicio del “Operativo Independencia”, tras la firma del Dcto. 261/75 de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien asumió la presidencia luego de la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, en julio de 1974.
El Operativo Independencia fue una acción militar que, con el pretexto de eliminar a la guerrilla instalada en los montes tucumanos (ERP y Montoneros), dio inicio a lo que se convertiría en una verdadera “caza de brujas” en contra de cualquier militante popular, proviniera o no de las organizaciones guerrilleras. Un claro ejemplo fueron Fagalde y Pisarello, abogados de presos políticos. También fueron víctimas de secuestros, tortura y muerte delegados gremiales, estudiantes y trabajadores.
En realidad, la avanzada represiva de la ultraderecha había comenzado mucho antes, en 1974, durante la presidencia de Perón, mientras José López Rega, el siniestro ministro de “Bienestar Social” y ex policía, actuaba como fundador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una organización paramilitar que actuó impunemente, asesinando no solo a integrantes de las organizaciones guerrilleras, sino también a militantes de casi todas las organizaciones de izquierda, fueran o no guerrilleras (recordemos las masacres de Pacheco al PST). En Tucumán, el local del PST fue destruido por una bomba colocada por parapoliciales el 10 de marzo de 1975, en plena ejecución del Operativo Independencia. Esa misma noche, otras dos bombas explotaron en locales partidarios del FIP y el PC. Todas las zonas donde actuaron los parapoliciales (AAA) habían sido previamente liberadas por la policía local. Las organizaciones de izquierda tuvieron que pasar a la clandestinidad.
La crisis de 1974 aceleró los tiempos para la ultraderecha peronista. Ya Perón había marginado al ala izquierda del movimiento de Plaza de Mayo en la celebración del Día de los Trabajadores el 1 de mayo de 1974. Luego, Celestino Rodrigo, ministro de economía de Isabel Perón, aplicó en junio de 1975 un brutal ajuste económico que dio lugar a una huelga general que hizo tambalear al gobierno de la viuda de Perón. Los militares decidieron que debían hacerse cargo de la situación sin intermediarios.
El Operativo Independencia se cobró numerosas vidas civiles y fue el atroz anticipo de lo que luego sería la dictadura militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado, derrocando al gobierno de Isabel Perón e iniciando la sangrienta dictadura de Videla, Massera y Agosti, que se cobraría 30.400 vidas más.
Durante el Operativo Independencia, los generales Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi desempeñaron un rol central en la conducción de la represión en Tucumán.
Acdel Vilas (febrero – diciembre de 1975): Fue el primer comandante del operativo, al mando de la V Brigada de Infantería. Implementó una estrategia de contrainsurgencia total, atacando no solo a la guerrilla del ERP, sino también a militantes políticos, sindicalistas y civiles sospechosos. Creó centros clandestinos de detención y tortura, como la Escuelita de Famaillá, el primer centro de detención del país por donde pasaron 2000 detenidos. Extendió la represión a zonas urbanas, más allá del monte tucumano. En diciembre de 1975, fue reemplazado por Bussi.
Antonio Domingo Bussi (diciembre de 1975 – 1977): Continuó y endureció la represión, con un enfoque aún más sistemático y brutal. Perfeccionó el uso de centros clandestinos y el esquema de desaparición forzada de personas. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, fue designado gobernador de facto de Tucumán, donde profundizó la represión política. Fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos, lo que llevó a su condena por crímenes de lesa humanidad en democracia.
Ambos generales fueron piezas clave en la implementación del terrorismo de Estado en Tucumán, estableciendo 80 centros clandestinos de detención y exterminio, y un modelo de represión que luego se extendería a todo el país con la dictadura militar de 1976. El ingenio La Fronterita, donde, tal como fue investigado y en una causa judicial próxima a iniciar, la empresa brindó información y prestó sus instalaciones para que esa represión pudiera concretarse. Además, el juez federal Manlio Martínez fue juzgado por haber realizado testimonios bajo tortura en “La Escuelita de Famaillá”, por lo cual fue condenado. Por eso, el Operativo Independencia contó con el apoyo y complicidad de la burguesía, la burocracia sindical, los medios de comunicación, la Iglesia y el conjunto de las instituciones estatales.
La lucha contra los genocidas del Operativo Independencia
Luego de muchos años de lucha de los organismos de derechos humanos, familiares y de la izquierda, se logró anular las leyes de impunidad y se iniciaron los juicios. Domingo Antonio Bussi fue juzgado y condenado, pero con arresto domiciliario, y murió en su lujosa casa. Hubo dos juicios y dos sentencias judiciales específicas por el Operativo Independencia, que juzgaron a 32 militares, policías y gendarmes por los crímenes sufridos por 270 víctimas. Pero solo hubo 13 condenas a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Isabel Perón, responsable política del Operativo, nunca fue citada ni incluida en el juicio. Y hay unos 400 casos más en investigación. Fueron logros insuficientes, ya que faltan muchas condenas aún.
Repudiamos enérgicamente el negacionismo genocida
El próximo 8 y 9 de febrero, un grupo de ex soldados que hace 50 años formaron parte del Operativo Independencia reivindicarán, por primera vez, las acciones militares que estuvieron destinadas a reprimir. Los homenajes, promovidos por excombatientes, militares y familiares, se llevarán a cabo en las ciudades tucumanas de Teniente Berdina (así llamada en memoria de uno de los militares del Operativo) y Yerba Buena, donde habrá un desfile. También se incluye un acto frente a la Casa Histórica de Tucumán, en la noche del 8 de febrero. Repudiamos estas acciones que intentan reivindicar el terrorismo de Estado, como justifica el diario La Nación en un editorial del 25/01, negando el carácter criminal y violatorio de los derechos humanos que tuvo no solo su condena jurídica, sino también política y social.
Actividades convocadas en repudio al Operativo Independencia
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, realizaremos un acto el 6 de febrero frente a la Casa de Gobierno de Tucumán a las 18 hs, exigiendo juicio a todos los responsables políticos, militares, económicos y eclesiásticos de la antesala del infierno que fue este siniestro Operativo. A su vez, acompañaremos desde el MST el miércoles 5 de febrero, también a organismos de derechos humanos, en la defensa de los sitios de la memoria que hoy quieren desmantelar despidiendo a sus integrantes, como es el caso de la Escuelita de Famaillá.
Ante un gobierno liberfacho negacionista, que ataca derechos conquistados con años de lucha y aplica un ajuste brutal sobre los trabajadores, con la complicidad del gobernador Jaldo de Tucumán, nuestro compromiso es seguir convocando a movilizarnos en las calles en la mayor unidad para derrotar esta política de ultraderecha y seguir luchando por juicio y castigo a todos los genocidas, sus cómplices civiles, económicos y eclesiásticos. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!
Ángel Paliza y Lita Alberstein