La baja del riesgo país no sólo sirve para bajar el costo del endeudamiento soberano. Entre las varias ventajas que proporciona a la economía doméstica está también la de contener las tarifas de servicios públicos, situación que será explicitada públicamente esta semana, cuando se haga la audiencia pública para definir los nuevos cuadros de gas por el próximo lustro.
Los entes reguladores eléctrico y gasífero consideraron que el mecanismo para definir los precios de esos servicios en los próximos años tiene que expresar el “menor costo del capital” de la Argentina actual y proponen un cálculo que rebanaría alrededor de un tercio la actual rentabilidad de las firmas reguladas.
El riesgo país es la sobretasa que paga el estado argentino para tomar deuda, por encima del interés que afrontan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En la medida que la situación fiscal está controlada y el país resulta más confiable para sus potenciales acreedores, baja. Si aumenta la incertidumbre, sube.
Esta situación termina extrapolándose a la actividad económica privada y las empresas que operan el país pueden endeudarse con mayor o menor costo financiero según el riesgo país suba o baje.
Aquí hay una conexión clave con las revisiones quinquenales de las tarifas de gas y luz que se están realizando en este momento y que confrontarán posiciones de funcionarios, empresas y organizaciones sociales en las audiencias públicas y virtuales de este mes, el 6 y 27 de febrero, respectivamente.
Después del frustrado intento de Juan José Aranguren de reformular en 2017 los cuadros tarifarios para excluir al Estado del financiamiento del servicio vía subsidio, la administración de Javier Milei retomó la tarea de cumplir con un mandato de los marcos regulatorios, que exigen cada cinco años desmenuzar el negocio de las empresas reguladas (gas, todo el país, electricidad, AMBA), para definir cuáles serán las tarifas en el lustro siguiente.
Ese valor surge de una fórmula que computa los ingresos esperados por distribuidoras y transportistas y los costos para mantener el servicio en las condiciones de calidad acordadas, tanto los operativos como las inversiones previstas.
En esa arquitectura matemática cuenta cuál será el costo financiero de los créditos que tome la empresa y cuál la remuneración del capital si aporta sus propios recursos en lugar de ir a un banco para cumplir con sus obligaciones.
Para Javier Milei y sus técnicos, este término de la ecuación debe bajar a tono con lo que ocurrió con el riesgo país, concepto que nadie discute: empresas, funcionarios y técnicos independientes ven que si el riesgo país es menor, la tasa de descuento para el diseño de los contratos, también. La discusión hoy es de cuánto debe ser ese recorte.
Los reguladores dispusieron que la tasa de descuento para evaluar un contrato valuando todos los fondos que se generarán durante los años al valor de hoy sea de 7,6% para el gas y 6,2 para la electricidad, contrariando el cálculo de las compañías que aspiran a supere el 10%.
Para tener otra noción de magnitud, en la revisión integral que intentó Aranguren –abortada por la resistencia a los fuertes aumentos derivados de ella— el WACC (Weighted Average Cost of Capital, o costo promedio ponderado del capital) era de 8,99%.
Un WACC más alto impone la necesidad de tener más ingresos vía tarifa. Vale lo inverso.
Si bien no objetan el razonamiento básico, las empresas de ambos sectores coinciden en argumentar que el recorte mileísta expresa un optimismo exagerado de parte del Gobierno, ya que no hay ninguna certeza de que el riesgo país no vuelva a escalar. En ese caso, el diseño de su negocio quedaría sujeto a una fórmula que no las beneficia.
Otro factor clave en esta discusión es cómo se actualizarán las tarifas una vez definido el precio del servicio.
Desde hace unos meses, son fijadas discrecionalmente por la Secretaría de Energía, que tiene como un parámetro fundamental el Indice de Precios al Consumidor. Esto ocurre en el marco de la “emergencia energética”, prorrogada hasta el 9 de julio, mientras se transita hacia cuadros tarifarios presuntamente definitivos.
A todas las partes les conviene un esquema que dé previsibilidad, pero los intereses no están alineados.
La secretaria de Energía sería más proclive a un aumento por IPC, algo que ligará las tarifas futuras al presunto poder de compra de los consumidores.
Este camino también tiene la ventaja de automatizar esas subas y la contra de que puede soslayar eventos puntuales que alteran la ecuación de las prestadoras.
La otra actualización posible es la de aplicar una fórmula polinómica, que tenga en cuenta el perfil de costos de las empresas y contemple desde el valor de algún insumo crítico a los salarios que paga.
Las facturas de luz y gas, en este caso, quedarían también sujetas de modo más directo, por ejemplo, a los precios mayoristas, de la construcción o a la evolución salarial de estos segmentos de la actividad.
Pero, según se especulan técnicos afines a la gestión libertaria, fijar este mecanismo puede ser políticamente más controvertida porque beneficie más a unas prestadoras que a otras.
Estas definiciones tienen lugar luego de un año de importante recomposición en dólares en el margen de las transportistas y distribuidoras, cuyo valor accionario se catapultó por la expectativa de que esa mejora en los ingresos de las empresas reguladas siga.
La contracara de esa bonanza fueron aumentos tarifarios que, expresados en pesos corrientes, en enero llegaron al 270% anual en el monto final para el caso de la electricidad provista por Edenor y Edesur y al 559% en el caso del gas. Los datos corresponden al último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-Conicet), conducido por Alejandro Eintoss.
A pesar de los avatares previos como congelamiento tarifario y otras formas de intervención estatal que repudian, las concesionarias de estos servicios quieren seguir siéndolo.
Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur pidieron prórroga por 20 años de sus contratos y el Enargas ya recomendó al Poder Ejecutivo hacer esa extensión en ambos casos.
“Los aumentos fueron muy justos”, simplificó públicamente Oscar Sardi, director general de TGS (Transportadora de Gas del Sur) en un evento que a fin de año organizó la Megsa, Mercado Electrónico del Gas S.A.. “Es el año en el que volvimos a soñar”, suspiró el ceo de TGN, Daniel Ridelener.