La bandera de la desregulación, clave para Javier Milei: un año de fuerte impacto en la economía y el plan para 2025

Y es que a Sturzenegger se le dieron amplias facultades para desregular, desburocratizar y reducir la injerencia del Estado y se convirtió en una de las figuras clave de esta gestión. Avanza en modificar infinidad de regulaciones que, en muchos casos, pueden afectar la posición de mercado de una empresa u otra.

Lo que habilita al Gobierno a avanzar en este sentido es, sin dudas, el hecho de que, en Argentina hay un exceso regulatorio. «Se relevaron más de 70.000 regulaciones que hacen muy difícil el cumplimiento para los privados, sobre todo para emprendedores y pequeñas empresas, son incumplibles muchas veces y alientan la informalidad», explica al respecto el economista y director de Libertad y Progreso, Aldo Abram.

Mientras, Caputo tiene un objetivo muy claro en materia fiscal: mantener el balance financiero en terreno positivo y negociar con empresas o grupos económicos para lograr traccionar capitales e inversión extranjera. Tarea difícil en un contexto en el que el oficialismo mueve fichas en el tablero regulatorio en el que juegan los privados.

Una desregulación menos ordenada de lo deseado

El economista Daniel Marx diagnostica que «el funcionamiento de muchas actividades venía muy trabado por la regulación y eso impone un costo adicional para quienes operan, que la desregulación ayuda a corregir». No obstante, desliza que no se avanza de manera ordenada en este proceso y eso genera algunas inequidades y problemas en la transición.

Asimismo, indica que hay algunos efectos en el desempleo a los que hay que prestar atención, como en los sectores que están más golpeados por la apertura rápida de las importaciones, como el textil. Y, por otra parte, advierte que «hay que estar atentos a los posibles mecanismos de ‘dumping’ que se puedan derivar de la apertura fuerte del ingreso de bienes del exterior. Afirma que «una manera de compensar una mayor competencia de algunos sectores con el ingreso de importados puede ser la disminución de impuestos» a nivel local.

Así, Marx opina que el proceso de desregulación era necesario y tiene elementos positivos, como la simplificación de trámites, que «resuelve mucho la vida de las personas y baja los costos». No obstante, considera que «hay que ver, caso por caso, cómo se aplica y la secuencia en la que se hace». El tema, para él, es que «hay una prioridad que es la rebaja de la inflación y es por eso que cambiaron el régimen de importación en algunos rubros que veían más afectados por los precios altos, pero, quizás, fueron demasiado rápido sin tener en cuenta la asimetría, que ameritaba algunas medidas complementarias.

El rol del Estado en la economía, en debate

En una postura más radical, Abram advierte que «el Estado no debería meterse en cómo hace alguien del sector privado su negocio y como desarrolla su creatividad». También él considera que la normativa en exceso perjudica el crecimiento de las empresas y alienta la informalidad.

Su mirada ayuda a entender la posición del oficialismo respecto de la regulación y la de gran parte de los economistas liberales que ven con buenos ojos la gestión de Sturzenegger. No obstante, aclara que esto debe tenerse en cuenta siempre en el marco del respeto del derecho de los otros. «Si alguien hace algo que es ilegal y daña a los consumidores o el derecho, tiene que intervenir tienen que intervenir el Estado», dice.

Desde su llegada al Gobierno, «Sturze» revisa área por área, las normas que, según su visión, impiden el libre funcionamiento de la economía. Eso está enmarcado en su tarea desreguladora, que también busca establecer esquemas regulatorios más simples, desburocratizar, como él mismo dice.

Incluso, llamó en varias ocasiones a distintos auditorios ante los que habló a mandarle mails con propuestas de normas que hay que quitar o modificar. Y es que el Gobierno, al igual que el de Mauricio Macri, cree en regular junto al sector privado, incluso a riesgo de hacer normas a la medida de ciertos sectores en algunos casos.

Hay que tener en cuenta, si se encara un plan de desregulación, atraviesa todos los sectores económicos. Va desde, por ejemplo, el mercado del trabajo, pasando por el proceso de compra de un auto, hasta las reglas del mercado financiero. Apunta a una economía menos regulada y más basada en las reglas de mercado.

Privatizaciones y desregulación van de la mano

Asimismo, un rol clave es, de algún modo, preparar el terreno para la privatización de empresas. ¿Cómo? A través de la anulación de ciertas normas y creación de otras que favorezcan el interés privado en ciertos sectores en los que, hoy, el público pisa fuerte. El Gobierno no cree en el rol del Estado como árbitro económico y tampoco como jugador dentro de la actividad. Lo considera «bobo» para los negocios.

Una de las empresas que está en juego es Aerolíneas Argentinas y la desregulación de cielos es un frente importante en el que se avanzó. «Hay que vender cuanto antes la empresa», opina Abram. Y señala que es necesario que se privaticen las compañías porque el Estado no puede ejercer el control sobre firmas públicas.

‘No puede multar el Gobierno a una compañía propia. El Estado no tiene incentivos para controlar que las empresas públicas cumplan con todas las normas», opina.

En esa línea apunta Sturzenegger, quien, al llegar a su cargo como ministro, uno de los primeros ejes en los que actuó es el del transporte, donde el Ministerio de Desregulación avanzó, por ejemplo, con nueve normas que buscaron «transformar el transporte aéreo y terrestre».

Se dispusieron medidas como la reforma del código aeronáutico y la autorización a operar en el país a las tripulaciones y aeronaves extranjeras en vuelos comerciales. Abrieron la posibilidad de que las empresas puedan ofrecer sus servicios a otras aerolíneas y se eliminó la exclusividad de operación de Intercargo en el embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes, limpieza y remolque de aeronaves.

En el sector automotor, por otro lado, se modificó el Registro de Transporte Único Automotor (RUTA) y se desreguló el transporte interjurisdiccional y el de larga y media distancia, lo que permite, por ejemplo, que cualquier operador de transporte de pasajeros pueda entrar a los aeropuertos y puertos.

Ambos frentes de desregulación fueron motivos de conflictos gremiales muy fuertes para el Gobierno ya que, el aerocomercial, se combina con el proyecto de privatización de Aerolíneas, que lleva adelante Javier Milei y pone en riesgo empleos y salarios. En tanto, en el frente automotor, se reavivó una batalla interna entre taxistas y también con las aplicaciones de transporte, como Uber.

La desregulación en el frente comercial

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023 fue el primer paso que dieron en materia de desregulación económica y avanzó con el fin de la ley de promoción comercial que alcanzaba a los supermercados y cadenas de autoservicio. También derogó la norma que creó un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios así como la “ley de góndolas”, que regulaba la cantidad de productos que debían exhibirse en supermercados y fijaba la obligación de exhibir cierto porcentaje de marcas locales y pymes.

Otro elemento al que le puso fin fue la ley de abastecimiento mediante el cual se obligaba a los comerciantes de productos y servicios a abastecer la oferta de manera regular, así como arbitraba el valor y las condiciones de su calidad. También terminaron con la norma que estableció la preferencia para la adquisición, locación, leasing de bienes de origen nacional, aún cuando ante la comparativa resultare más barato el extranjero.

Un hito: el fin de la ley de alquileres

Por otro lado, se derogó la ley de alquileres y se fijó una nueva nueva legislación. Producto de la entrada en vigencia del DNU 70/2023. El consenso alrededor de los problemas que había traído esta norma al mercado estaba bastante extendido y eso habilitó el camino para que la derogación de la famosa norma se abriera paso.

Entre otros puntos, dispuso que el plazo de los contratos de alquiler de viviendas es acordado por las partes sin un mínimo legal, asimismo, pueden pactar libremente el ajuste del valor sobre la base de cualquier índice, público o privado, en la misma moneda del contrato y se otorgó libertad para determinar cada cuánto tiempo se actualizará el contrato, que puede realizarse en pesos o en moneda extranjera. Por otro lado, ya no es necesario inscribir los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se trata de condiciones mucho más flexibles que las previas, aunque desde las agrupaciones de inquilinos consideran que son muy beneficiosas para los propietarios y poco para ellos. No obstante, es cierto que el mercado de alquileres vivió una recuperación a partir de estas medidas: creció la oferta de propiedades en un 204,2% respecto de diciembre de 2023, dado que volvió a ser más negocio alquilar una propiedad, y eso trajo una baja de precios de 24,8% en términos reales (recordemos que subían antes muy por encima de la inflación, por lo que, al haber más oferta y un deterioro de la actividad económica que redundó en menores ingresos, se produjo esta caída).

Conflictos gremiales y reforma laboral

Otro gran frente de conflicto gremial le abre al Gobierno lo que llaman proceso de transformación del Estado, que modificó la Ley de Empleo Público y estableció que los empleados de la Administración Pública Nacional (APN) planta permanente pueden pasar a disponibilidad en caso de que su organismo cierre o se disuelva.

Asimismo, el Gobierno impulsó la jubilación a empleados públicos que estén en condiciones de retirarse y firmó un convenio con Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para identificar a quienes cuenten con los 30 años de aportes necesarios para retirarse. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue uno de los principales focos dentro del Gobierno sobre los cuales se aplicó esta medida.

Y eso nos lleva a la muy mentada reforma laboral, que forma parte de la ley Bases y se reglamentó en el último tiempo. El objetivo principal, según esgrime el Gobierno es «simplificar el mercado de trabajo e impulsar la creación de empleo privado». A tal fin, estableció un sistema de acuerdo mutuo para el pago de indemnizaciones en caso de despido en el que empresas y sindicatos pueden acordar un esquema alternativo y optativo para finalizar la relación laboral y eligen entre un fondo de cese, un seguro o la cancelación individual. Esto es algo que era muy pedido por el sector privado, pero también genera, al momento, cierto temor porque, hasta que no se pruebe su implementación, la judicialización es una amenaza latente.

Por otro lado, se autorizó el pago de deudas en los impuestos a la seguridad social con condonaciones acordes al tamaño de cada empresa y se habilitó a los trabajadores independientes (monotributistas) a contratar hasta 3 personas para una tarea determinada sin que sea considerado como una relación de dependencia. Y, por último, se extendió de tres a seis meses y, en algunos casos, hasta un año el período de prueba de los trabajadores que recién empiezan.

Con estas medidas, el Gobierno apunta a favorecer un poco más a las empresas en la relación laboral, convencido de que eso impulsará la inversión y bajará el costo del empleo al sector, pero, por otro lado, muchos advierten que favorece la precarización de los trabajadores. No obstante, incluso en el sector sindical, esto genera un debate interno. Y es que muchos representantes gremiales coinciden en la necesidad de una modernización del empleo, pero otros lo ven como una traición a su mandato de defender los derechos de los asalariados. La polémica se instaló y, de a poco, el conflicto sindical crece.

Un sector que está en el foco desregulador: la salud

Un frente en el que Sturzenegger actúa fuerte es en el de la salud. Se implementó la receta electrónica, se autorizó a las farmacias a vender medicamentos en línea y se reglamentó la obligatoriedad de recetar genéricos. Pero, sin dudas la mayor reforma que se hizo fue la desregulación de las obras sociales, que permite a los trabajadores optar si derivan sus aportes directo a una prepaga o no.

En el ámbito de la salud, también hubo avances este año en una desregulación tarifaria, que trajo grandes problemas porque las empresas aplicaron subas desmedidas a los usuarios y el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por intervención judicial. «Creo que el problema que hubo ahí fue que el sector de la salud está en crisis. Las prepagas aumentaron menos que la inflación y menos que los costos de los medicamentos durante casi diez años. Se trató de cuidar que a la gente no le suba tanto la cuota, pero también el servicio bajó muchísimo. Entonces ahí hay todo un tema, porque uno quiere recibir salud de calidad y cuesta más cara. Acá y en el mundo, hay países que los da directamente el sector público la salud. En Inglaterra o en Canadá, donde toda la salud es pública, salvo que sea una urgencia, no te operan porque hay mucha gente que espera su turno», dice. Así, indica que el tema de salud es muy complejo.

Y, ahora, otro tema que genera polémica es que buscan incentivar la importación de medicamentos del exterior con el fin de bajar los precios. De hecho, el Gobierno autorizó a las provincia a comprar remedios directamente sin contar con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (AANMAT). Bastará con el visto bueno de un ente provincial equivalente. La primera en dar el paso fue Mendoza, que pidió traerlos de India y recibió el visto bueno del oficialismo. «Federico lo propuso para bajar el costo de salud con menos restricciones para importar los productos que estén homologados a nivel internacional y eso genera un debate sobre los laboratorios» describe Marx.

Estratégico para el ingreso de dólares, el comercio exterior

En materia de comercio exterior, el Gobierno, encarnado en Sturzenegger eliminó el estampillado para los productos importados y eliminó los valores de criterio de importación. Eso se sumó al levantamiento de varias restricciones de acceso al dólar que se implementaron. También se avanzó desreguló el servicio postal. Ahora, el Estado no está obligado a contratar el Correo Argentino. El fin es que ingresen nuevos competidores, aseguró el Gobierno, y que el correo sea más accesible y eficiente para todos.

Respecto de la relajación normativa para el comercio exterior, Haroldo Montagú, economista jefe de la consultora Vectorial y exviceministro de Economía, explica que «muchas regulaciones existentes hasta hace poco en ese ámbito (COMEX) respondían al problema estructural de falta de dólares que tiene la Argentina«. Y se adelanta a los posibles efectos de estas medidas al señalar que «hay que ver, a partir del año que viene, si el hecho de avanzar en liberar ese frente de algunas restricciones, lo que favorece en gran parte a la importación, no pone presión sobre la balanza de pagos y si no se compromete, hacia adelante, el frente cambiario».

Esos son casi todos los frentes que atacó el Gobierno en materia de desregulación, pero la avanzada es fuerte y hay muchos cambios y novedades pequeñas que se pierden en la enorme cantidad de anuncios y cambios. Lo cierto es que, tal como plantea Kiguel, «la apertura económica no es algo que se hace en 24 horas en general en los países, si no que se suele planificar y hacer todo un cronograma de cómo se va a avanzar con cada sector en armar y desarmar» regulación. «Lo que pasa es que, muchas veces, los tiempos económicos o racionales y los políticos son distintos«, sanciona. Pero explica que, como todo proceso que se hace rápido no puede ser el ni el más eficiente y prolijo.

El sendero de Sturze: qué esperar de la desregulación en 2025

Hacia adelante, Abram espera que se continúe en el sendero de desregulación de los cielos. «¿Cuál ha sido beneficio de tener casi un mercado casi cautivo para Aerolíneas Argentinas? Hay que permitir que cualquiera que cumpla con las especificaciones técnicas adecuadas pueda tener el permiso de operar en los cielos locales con las rutas que considere rentables», apunta. Y considera que ese tiene que ser uno de los objetivos del Gobierno: «Seguir con la eliminación de las posiciones dominantes que han quedado, sobre todo para empresa que son del Estado o tienen alta participación estatal».

Asimismo, espera que haya un crecimiento del sector financiero a raíz de la política de tasas, la desregulación de algunos instrumentos y la vuelta a un mercado en el que los bancos no sean tan dependientes del Estado. «Ya se puede ver cómo volvió el crédito hipotecario, por ejemplo, y aumentaron los financiamientos al consumo», plantea Abram.

Para él, hay que exigir a las empresas que sean más eficientes y que hagan dinero mientras colaboran con el bienestar económico de la sociedad. «No podemos sostener procesos ineficientes, porque nos hace vivir peor», enfatiza Abram. Considera que, hacia adelante, el debate de la economía va a pasar por ahí en el Gobierno.

Marx, en tanto, espera que, «si bien el Gobierno anunció que van a encarar los temas ‘como le aparezcan’, todo indica que uno de los focos va a ser una reforma previsional y laboral, que puede ser beneficioso, pero -por supuesto- hay que ver los detalles». Advierte que, si bien hay fuerte convicción de avanzar los temas de implementación en Argentina, muchas veces, han sido un déficit. «Un elemento clave del proceso que encaran es no quedarse en el anuncio. Este gobierno se caracteriza por querer hacer lo que dice hasta al momento», concluye.

Kiguel espera que Sturzenegger trabaje más en aumentar la competencia y en tener un Estado regule lo menos posible. Sostiene que será muy importante cómo se haga y qué precauciones se tomen previamente a cada paso. No obstante, para él, «es importante avanzar en sacar el cepo, eso es central», aunque reconoce que no depende de él por completo.

Y también observa que es importante encontrar el equilibrio entre regulación y desregulación. «Es como los semáforos, que regulan el tránsito. Se ponen para que la gente pare en ciertos lugares y no en, otros, porque, si anda sin control, puede ser un caos, pero, si le pones muchos semáforos no llega nunca», dice. Y continúa: «Queremos un Estado que nos deje trabajar. Ahora, si se abre la economía totalmente y se ponen en riesgo 300.000 puestos de trabajo desde la noche a la mañana, es peligroso».

Por lo pronto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que seguirá con su rol desregulador y recibe en su dirección de correo electrónico sugerencias. Alrededor de 150 mails por día le llegan y de ahí surgió, por ejemplo, la reciente derogación del Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones en ANSES, a partir de un mensaje que le envió un ciudadano.

El gran dilema está en encontrar el equilibrio en que una apertura no planificada y excesiva, sin contramedidas que amortigüen el impacto, perjudiquen la actividad económica de manera contundente y eso impacte fuerte en recaudación, empleo, fuentes de trabajo, comercio exterior y productividad.

En los últimos días, se dijo que un nuevo paso será desregular las estaciones de servicio y prescindir del personal que carga el combustible, que no sea esencial su participación. No obstante, desde el ministerio señalan que sólo es un tema en análisis por ahora. Su agenda parece estar sujeta a los nuevos focos que aparezcan, aunque el tema previsional y trabajar en los mercados en los que se privatizarán empresas es un gran objetivo hacia adelante.