Laura López
Madrid, 17 nov (EFE).- Muchos vecinos de las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la dana como Paiporta, Torrent o Sedaví lo han perdido todo y, según denuncian, lo tienen muy difícil para acceder a las ayudas desplegadas por los Gobiernos, como siempre que ocurre una catástrofe: son los migrantes en situación irregular.
«No tenemos ninguna ayuda porque solo las cogen los que tienen papeles», resume en una entrevista con la Agencia EFE Ali, un joven marroquí de 26 años que vivía en Torrent y, «por suerte», no estaba en el municipio cuando la dana lo arrasó todo, incluida su casa, que compartía con otras «muchas» personas.
Fuentes gubernamentales han precisado a EFE que para solicitar las ayudas directas puestas en marcha para paliar daños personales o en la vivienda basta con presentar un documento de identidad válido, como el pasaporte, y esta se tramitará con independencia de la situación administrativa de cada uno.
Sin embargo, entidades sociales como Oxfam Intermón y el movimiento migrante Regularización Ya denuncian que, en la práctica, estas personas, cuando ocurre una crisis como esta o la del covid en 2020, se quedan fuera del paraguas de protección porque muchos no han podido empadronarse en sus viviendas o abrir una cuenta bancaria, no tienen un contrato de trabajo y/o viven con miedo a que su situación sea descubierta por las autoridades.
«Lo hemos pasado muy mal», lamenta Ali, quien después de descubrir que su casa estaba inundada de barro -también sus objetos personales, de los que no ha podido recuperar nada- se fue a vivir con otra veintena de personas a una nave abandonada en Aldaia.
A personas como él muchas veces solo les queda la ayuda de entidades como Casa Marruecos, que le dio comida y agua durante los cinco días que estuvieron en la nave durmiendo en colchones, consiguió que les acogieran en un ayuntamiento y está gestionando poder alojarles en un hotel de forma temporal en Castellón.
Ali, original de Safi, llegó a Canarias después de un viaje de cinco días en patera en 2019 para «intentar un futuro» que en su país de origen, asegura, no existe, y hasta ahora ha subsistido encadenando trabajos informales en un mercado, una fuente de ingresos con la que también acabó la dana.
Ahora, más que las ayudas, lo importante para él es conseguir regularizar su situación para poder estar «tranquilo»: «lo demás puedo hacerlo yo: conseguir un trabajo y un futuro mejor», señala.
Según Oxfam Intermón, en la provincia de Valencia residen 41.000 migrantes en situación administrativa irregular; muchas de ellas han sufrido las consecuencia de la dana y tendrán «muy difícil» acceder a las ayudas desplegadas por los Gobiernos central, autonómico y municipal.
La entidad denuncia que esta parte de la población lo tiene muy complicado para beneficiarse de las ayudas directas por daños personales o en la vivienda al carecer, en muchos casos, de contrato de alquiler, padrón en sus ciudades de residencia o una cuenta bancaria.
Tampoco podrán acceder a las ayudas vinculadas al trabajo como los permisos retribuidos para personas que no puedan acudir a sus puestos porque no cuentan con un contrato formal ni del aumento del Ingreso Mínimo Vital, al que tampoco tienen acceso.
«Si no se flexibilizan esos requisitos, si no se hace algo específico y urgente para que estas personas puedan tener esta documentación habilitante no vemos de qué manera van a poder beneficiarse de las ayudas públicas», explica la responsable de Oxfam Intermón en Valencia, Ximena Medina.
La entidad está viendo cómo quedan desamparadas muchas personas afectadas por la catástrofe que no tienen ninguna red de apoyo como Ali y familias enteras con menores, la mayoría de origen latinoamericano o magrebíes entre las que se encuentran muchas trabajadoras del hogar o los cuidados.
«Cada vez que hay un desastre, ellos son los que se quedan atrás», lamenta Medina.
Ante el desastre ocasionado por la dana, el movimiento Regularización Ya, uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros, pide agilizar su tramitación en el Congreso por una cuestión de «humanidad» y de «justicia social».
«Es una oportunidad histórica para que el Gobierno ponga el contador a cero y atienda a las familias que dejó atrás en la pandemia», defiende una de las portavoces del movimiento, Vicky Columba.
Después de superar su toma en consideración en abril, la ley se encuentra en fase de ponencia: el pasado 30 de octubre se celebró la primera reunión y se espera que la próxima semana puedan retomarse estos encuentros.
Columba recuerda que en 2020 el PSOE ya se mostró en contra de llevar a cabo una regularización extraordinaria con motivo precisamente del covid a pesar de que eran las personas migrantes las que sostenían al país «cuidando, recogiendo las frutas, limpiando y cosiendo mascarillas».
«Esta es la segunda oportunidad que tiene y no hay ninguna excusa para no aprobarla», asegura la portavoz. EFE
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