La ausencia de senadores ocupados en otros menesteres, como presenciar en el terreno la elección de los Estados Unidos, y el boicot del kirchnerismo dejaron sin quorum el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales y obligaron a postergar la firma del dictamen a un paquete de proyectos entre los que se encuentra la denominada “ley antimafia” que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para luchar contra el crimen organizado en materia de narcotráfico y terrorismo.
La falta de legisladores impidió emitir dictamen y obligó a convertir en informativa la reunión en la que expusieron funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe. El resultado directo es que el Senado se verá obligado a prolongar su parálisis, que ya lleva seis semanas desde que celebró su última sesión.
Sin la posibilidad de discutir el ambicioso proyecto de la cartera de Seguridad y de otros que también estaban en tratamiento en el plenario de esta tarde, como el programa de entrega voluntaria de armas y el régimen para el desarmado de automotores y venta de autopartes, la Cámara alta no tiene un temario con el volumen necesario que justifique abrir el recinto, lo que no ocurre desde el 26 de septiembre pasado.
El desinterés de muchos senadores por la actividad parlamentaria parece haberse convertido en un mal endémico. Así, por la mañana también se frustró por falta de legisladores otro plenario de comisiones en el que se iba a discutir un proyecto sobre trazabilidad en la actividad pesquera.
A esto se suma el boicot del bloque kirchnerista que conduce José Mayans (Formosa) a validar el tratamiento de cualquier proyecto que tenga la marca de la ministra Bullrich. Quedó claro cuando, unas horas después, los senadores de Unión por la Patria participaron en la reunión constitutiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología, cuya presidencia quedó en manos de un miembro de la principal bancada opositora de la Cámara alta.
Esta no es la primera vez que las comisiones del Senado tienen que postergar el tratamiento del proyecto de “ley antimafia”. La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, establece cambios en los códigos Penal y Procesal Penal para endurecer la lucha contra el crimen organizado.
En ese sentido, establece la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios, trata de personas y propone penas de prisión que van de los ocho a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.
Uno de los cambios más trascendentales que establece esta figura especial es que prevé que las personas que pertenezcan a este tipo de organizaciones pueden ser penalizadas con la pena máxima correspondiente al delito más grave que cualquier miembro de grupo haya cometido.
“Esta ley la necesitan el Ministerio de Seguridad, la necesitan los estados provinciales, las fuerzas de seguridad y la demanda la sociedad toda”, afirmó Carlos Manfroni, jefe de Gabinete de la cartera que conduce Patricia Bullrich al exponer ante el plenario de comisiones del Senado. “Les pido que nos concedan este beneficio, que es para toda la sociedad, a fin de terminar con la delincuencia en zonas como Rosario”, sentenció.
Otro de los invitados fue el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien defendió la iniciativa, a la que calificó como “proyecto de ley útil y oportuno”. “Me atrevería a clasificarlo de indispensable para entablar una lucha seria contra las organizaciones criminales”, agregó.
El funcionario santafesino propuso algunos pequeños cambios al proyecto, aunque destacó que tras las modificaciones que se le habían introducido cuando se discutió en Diputados se logró un texto que, dijo, “es ampliamente superador de la propuesta original”, que había sido redactada por el Ministerio de Seguridad.
Tras destacar la caída en lo que va del año de los índices de criminalidad en Santa Fe y en la ciudad de Rosario como producto de la colaboración entre la Nación y la provincia, Cococcioni dijo que para su distrito “es imperativo contar con esta herramienta para poder avanzar en serio y desmantelar las organizaciones criminales”. “Esto no terminó; hay menos homicidios, pero siguen operando, y si no los desmantelamos, van a volver a la carga”, remató.
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