La pequeña Emanuele Vitoria, de cinco años, estaba con su padre y su hermano en casa en 2015, cuando una ola indetenible de lodo arrasó su apacible pueblo, enclavado en una región minera en las montañas del sureste de Brasil. Su cuerpo fue hallado cinco días después a kilómetros de allí. «Sentí que nuestro mundo se acababa», declaró su madre, Pamela Rayane Fernandes, al evocar aquellos días del peor desastre ambiental en la historia del país.
La catástrofe ocurrió el 5 de noviembre de 2015, cuando colapsó la represa de desechos de una mina de hierro de la compañía Samarco, copropiedad de la brasileña Vale y la australiana BHP. El próximo lunes, un megajuicio en Londres sentará en el banquillo a BHP, en un proceso que se prevé largo. El quiebre del dique vertió 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, un volumen que llenaría 12.000 piscinas olímpicas.
El alud color ocre se expandió por una decena de poblados cercanos a la turística ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais. Pero golpeó en especial a Bento Rodrigues y Paracatu do Baixo. Emanuele Vitoria fue una de las diecinueve víctimas mortales.
Nueve años después, su rostro sonriente adorna la camiseta que viste su madre junto a la frase: «No fue una fatalidad, no fue el destino. Fue un crimen». El proceso en Londres «es mi única esperanza» de lograr justicia, «porque aquí en Brasil ya la perdí», suspira Fernandes, de 30 años, en su casa actual en Cachoeira do Brumado, a 45 km de Bento Rodrigues.
«Algo así no puede quedar impune».
El aluvión de residuos minerales altamente contaminantes se llevó por delante las casas de más de 600 personas. Mauro Marcos da Silva perdió la suya y la de sus padres, que había pertenecido a varias generaciones. «Literalmente nací aquí», relata este robusto mecánico automotor de 55 años, mientras señala una de las paredes de la antigua vivienda familiar que quedaron en pie.
Hoy solo hay ruinas invadidas por la vegetación en Bento Rodrigues, donde está prohibido volver a asentarse o construir. No poder volver, para Marcos, «es como si te apuñalaran y te dejaran el puñal clavado». «Aquí están mis raíces, mis antepasados», dice. «La pertenencia, el vínculo con los amigos, con la familia, el dinero no puede pagar eso, y no se reconstruirá en ningún lugar». También perdió su casa la familia de Mónica dos Santos, quien ahora actúa como asesora técnica en una organización de defensa de las víctimas.
Esta abogada, de 39 años, no tiene dudas de que en la minera «sabían que la represa estaba en problemas, sabían lo que había que hacer y simplemente no lo hicieron». Según ella, el acuerdo propuesto en Brasil a los damnificados «va a salir mal, porque ningún afectado se sentó en la mesa» a discutirlo. Por eso, tiene muchas expectativas sobre el proceso que arranca el lunes. «Realmente esperamos que la justicia inglesa haga lo que la justicia brasileña no ha hecho hasta ahora».
Nueve años después
En la catástrofe de Mariana, el lodazal tomó el cauce del río Doce y avanzó 670 km hasta el Atlántico, matando por completo el ecosistema fluvial. Las actividades económicas vinculadas al río murieron también y al menos 6.000 familias de pescadores quedaron sin sustento.
En Londres, la querella reclama a BHP 45.700 millones de dólares. Son 620.000 demandantes, entre ellos comunidades indígenas, municipios, empresas e instituciones religiosas. BHP asegura que más de 200.000 ya recibieron indemnizaciones y que la fundación Renova, que gestiona programas de compensación y ayudas en Brasil, ya pagó más de 7.800 millones de dólares.
Casi una década después, en una urbanización para damnificados bautizada Novo Bento Rodrigues, levantada más cerca de Mariana, se observan casas a medio construir y calles con camiones de obra en lugar de automóviles.