Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el kirchnerismo busca en el Senado cerrar un acuerdo con el bloque radical para apurar la aprobación de la nueva fórmula de actualización jubilatoria, que tiene la media sanción de Diputados, y avanzar en un temario que también incluya el financiamiento universitario, una propuesta impulsada por Martín Lousteau.
Por ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel viene postergando el giro del proyecto de actualización jubilatoria a las comisiones de Presupuesto, que preside Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), y de Trabajo y Previsión Social, encabezada por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO).
Pero fuentes de la oposición confirmaron a Clarín que la próxima semana el Senado comenzará el tratamiento de la nueva fórmula jubilatoria que vendría a reemplazar el DNU 274/2024 de Javier Milei, quien ya amenazó con vetar la norma que salga del Congreso.
Lo cierto es que la discusión por las jubilaciones se da en un momento delicado para la Casa Rosada que ajusta las negociaciones con la oposición dialoguista de Diputados para obtener la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, que es la llave para que el Presidente firme el acuerdo con las provincias el próximo 9 de julio.
Sin embargo no será simple para el oficialismo resistir en el Senado la embestida de la oposición, que en dos semanas podría propinarle una nueva derrota legislativa, antes del receso invernal.
Victoria Villarruel quiere evitar que la nueva fórmula jubilatoria salga con los dos tercios
Por eso, en el despacho de Villarruel trabajan junto a los aliados más cercanos para reducir los daños porque ya saben que la nueva fórmula saldrá por amplía mayoría, pero la intención es evitar que cuente con los dos tercios.
En el bloque de Unión por la Patria (UxP) que comanda José Mayans quieren ir en búsqueda de esa mayoría especial, que será un fuerte condicionamiento para Milei, ya que en Diputados, la propuesta cosechó 160 votos por un apoyo transversal de la Cámara baja que incluyó a Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos diputados provinciales.
Desde la bancada peronista esperan avanzar con el despacho de comisión y ya anticiparon que no tienen intención de hacerle modificaciones a la media sanción de la Cámara baja para que salga lo antes posible sin que tenga que volver a la Cámara de origen. «No es mucho para el jubilado, pero mejora su ingreso», se sinceró un senador K.
Presentaré un dictamen para resolver una omisión de Diputados en señalar el origen de los recursos para financiar la movilidad jubilatoria.
Estoy de acuerdo en recomponer el ingreso a los jubilados. Por eso propongo en esta ley agregar un artículo a la media sanción de Diputados…— Juan Carlos Romero (@RomeroxSalta) June 18, 2024
En el campamento radical aún no dieron muchas definiciones, pero apoyan la decisión de avanzar con el tratamiento del nuevo esquema jubilatorio, que es rechazado por el Gobierno porque prevé un empalme del 8 % por la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta del año. Esto hace peligrar el objetivo de mantener el déficit cero, ya que la nueva fórmula tiene un costo fiscal de 0,42 % del PBI.
Para cruzar a la alianza del peronismo con los radicales, el salteño Juan Carlos Romero, quien es uno de los aliados más firmes del Gobierno anticipó que presentará un dictamen de minoría para que el costo de la movilidad jubilatoria sea financiado con una reducción de los beneficios y exenciones impositivas al ensamblado de productos electrónicos de Tierra de Fuego.
Cuentan en el Senado que el jefe del bloque Cambio Federal dijo que «si los senadores no quieren aprobarlo al menos quedarán al descubierto quienes quieren afectar el déficit cero». Otra de las opciones que se analizaba era que ese 8 % se pague en cuotas, algo que había propuesto en Diputados María Eugenia Vidal sin demasiado éxito y con fuertes críticas desde la oposición.
El nuevo esquema de movilidad jubilatoria aprobado en Diputados también incluye el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, aunque la principal diferencia está en un empalme de 8 % que incorporaron los diputados por la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta.
Además, la propuesta aprobada por la Cámara baja fija una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios. Será del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación de la inflación. En tanto, el piso de los haberes quedó en 1,09 veces de la canasta básica total por adulto.
En cuanto al pago de las deudas con las cajas previsionales que no fueron transferidas por las provincias se acordó que serán financiadas por los recursos tributarios que tienen asignaciones específicas a la ANSES, como impuestos al cheque, País e IVA. De ser necesario se apelará al Tesoro pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.