La Municipalidad de San Martín fue allanada por segunda vez en un mes. En las últimas horas, efectivos de la División Antifraudes de la Policía Federal se presentaron en el edificio de Belgrano 3747 con una orden de la jueza federal Alicia Vence para secuestrar los legajos de 889 empleados que fueron incorporados durante 2023.
Según fuentes oficiales, el operativo forma parte de la investigación para tratar de determinar si los 889 agentes municipales designados el año pasado cumplieron funciones o se trata de empleados fantasma que nunca fueron a trabajar y sus sueldos eran cobrados por funcionarios del Poder Ejecutivo local.
La Justicia federal investiga si en el Municipio de San Martín se concretó una maniobra similar a la registrada en la Legislatura provincial y que quedó al descubierto con las detenciones de Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, Claudio y Facundo Albini.
El sumario que derivó en los dos allanamientos contra la Municipalidad de San Martín fue iniciado por el fiscal federal Paul Starc y tiene como imputados al intendente Fernando Moreira. El jefe comunal fue acusado por presunta defraudación pública, tiene prohibido salir del país y aparece imputado con otros cinco funcionarios del mencionado municipio.
Además, de prohibir la salida del país del intendente y de otros cinco funcionarios, la magistrada los notificó de la formación de una causa en su contra por presunta defraudación al estado. Hace un mes se concretó el primer allanamiento, en el que los efectivos de la Policía Federal secuestraron los legajos de 13 empleados municipales cuyos sueldos fueron supuestamente cobrados por, entre otros, Sergio González, quien se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante de San Martín.
Según consta en el expediente, igual que “Chocolate” Rigau, González fue grabado por las cámaras de seguridad de las sucursales San Martín y Villa Lynch del Banco Provincia, cuando retiraba dinero de cuentas sueldo que no le pertenecían, a través de cajeros automáticos, el 4 y 7 de septiembre de 2023. El máximo responsable del órgano legislativo de San Martín nunca fue imputado. Falleció en noviembre pasado.
A mediados de marzo, el fiscal Starc, había solicitado las detenciones y los llamados a indagatorias de los acusados, pero la jueza Vence rechazó dicho pedido y decidió realizar los allanamientos para obtener más pruebas. Ese fue el primer operativo.
La investigación encarada por el fiscal Starc comenzó el 23 de octubre pasado cuando un damnificado denunció que había dejado de cobrar una ayuda social que recibía de la ANSES. El damnificado concurrió a la sede de la ANSES y le explicaron que el motivo de la cancelación del beneficio se debía a que su salario superaba el establecido para recibir la ayuda social.
Grande fue la sorpresa del damnificado cuando le explicaron que cobraba un sueldo como empleado de la Municipalidad de San Martín. Pero, en realidad, el testigo nunca se desempeñó en dicha comuna ni cobró ningún salario.
Entonces, el damnificado concurrió a la Municipalidad de San Martín, donde nadie lo atendió. Ante la imposibilidad de poder cobrar la ayuda social de la ANSES por un trabajo que no tenía y al presumir que alguien recibía un sueldo por una prestación que nunca realizó, decidió hacer la denuncia judicial.
En su declaración ante el Ministerio Público, el damnificado recordó que, en mayo de 2023, un primo le había pedido las fotocopias de su DNI ante la posibilidad de ser contratado de forma temporal en el Municipio de San Martín para realizar “pegatinas” de carteles.
Según el testigo, su primo le dijo que le pagarían $ 5000 por día. Sin embargo, nunca lo llamaron y no recibió más noticias del ofrecimiento laboral ni del destino de su DNI, hasta que le comunicaron en la ANSES que trabajaba en la Municipalidad de San Martín. Entonces, sospechó y radicó la denuncia.
Durante la investigación se determinó que, además de este damnificado, había otras doce personas que tenían tarjetas de débito y que figuraban como empleados de la Municipalidad de San Martín, pero nunca cobraron el sueldo. Los retiros de dinero se realizaron con tarjetas de débito del Banco Provincia en sucursales de dicho banco. Igual que en el caso de Chocolate Rigau.
Una de las pruebas que la Justicia tuvo en cuenta para fundar la imputación contra el intendente Moreira fue que la contratación del damnificado y de las otras doce personas fue realizada mediante el decreto municipal 916/2023, como personal temporario mensualizado para cumplir funciones en la categoría “Experto”. Dicho decreto fue firmado por el intendente Moreira.
Al fundar la acusación, el representante del Ministerio Público tuvo en cuenta una inconsistencia encontrada al cruzar la información del mencionado decreto y del Memorandum N° 164120/2023, firmado por el jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Martín, el 8 de junio de 2023.
“Se estableció que los trece agentes nombrados por el decreto 916/2023 comenzaron a prestar servicios, a partir del 20 de abril de 2023, de lunes a viernes, de 8 a 15. Pero toda la documentación incorporada en dichos legajos fue expedida e incorporada con posterioridad a la fecha de designación, por lo que se desprende que los mismos fueron nombrados y supuestamente comenzaron a prestar servicios, sin tener acreditado si cumplían o no con los requisitos para su designación”, se consignó en el sumario judicial.
Uno de los casos más escandalosos de los trece empleados fantasma que no cumplían con los requisitos para desempeñarse en la categoría experto, que tiene la mayor remuneración del escalafón municipal y que está reservada para profesionales con título universitario, fue la designación de un agente, al que se identificará como I. A. con antecedentes penales, en el juzgado N° 4, de San Martín.