viernes, 14 junio, 2024
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La marcha de NiUnaMenos en la era del retroceso

En seis meses de gestión, el Gobierno de Javier Milei, desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia. Desde las provincias advierten que la reducción de muchos de los programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades e incluso la interrupción de hecho de acciones que se venían desarrollando “afectan las posibilidades de sostener un abordaje integral que acompañe a la víctima a salir del vínculo de violencia y resguardarse”. El dramático panorama lo brinda un monitoreo con referentes de áreas de género de distintas jurisdicciones del país realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). El informe también advierte que ya se observan efectos negativos, entre ellos, mujeres que no quieren denunciar a su pareja violenta por falta de recursos en un contexto de creciente pobreza y profundización de la crisis económica y se ven obligadas a continuar o regresar con el agresor, con el riesgo que eso implica para su integridad. Esto ocurre mientras las cifras de femicidios no bajan en el país y se registra en la primera mitad del año uno cada 30 a 40 horas, de acuerdo con las estadísticas de distintos observatorios de la sociedad civil.

“Las políticas contra la violencia de género por parte del Estado Nacional han tenido escasos avances en los últimos seis meses. Las principales políticas destinadas a mujeres y LGTBI+ en situación de violencia por motivos de género, incluidas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024, se encuentran paralizadas o con escasa ejecución por parte de la Subsecretaría”, denuncia ELA en el informe preliminar “En estado de alerta. Monitoreo de políticas contra la violencia en Argentina entre diciembre – mayo de 2024”.

Se refiere a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que reemplazó al Ministerio de MGyD creado durante el gobierno de Alberto Fernández. A partir del 24 de mayo, la Subsecretaría al frente de la cual está Claudia Barcia fue transferida del megaministerio de Capital Humano a la cartera de Justicia (Decreto 450/2024). Desde que asumió, Barcia está silenciada. A la exfiscal especializada en violencia de género de CABA no se le conoce la voz ni los lineamientos de su gestión. Ni siquiera se pronunció tras el brutal ataque lesboodiante con una bomba molotov de parte de un vecino contra cuatro mujeres lesbianas en un hotel familiar del barrio porteño de Barracas, tras el cual murieron tres de ellas por las gravísimas heridas causadas por el fuego.

En el marco del #3J, ELA junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizaron en forma conjunta el presupuesto nacional con perspectiva de género y compararon la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2023 y 2024. “Se observa un grave desfinanciamiento en las políticas tendientes a la erradicación de la violencia por razones de género”, concluyeron. En particular, detallan que el Programa Acompañar redujo su ejecución en un 79% y acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto. Otros programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En cuanto al gasto en infraestructura del cuidado, se advierte que la ejecución es casi nula, mientras que en el gasto en protección social se observan reducciones del 32,2% en Moratorias, y del 10% en la Prestación Alimentar.

La preocupación de ELA y ACIJ por el vaciamiento de las políticas a nivel nacional contra la violencia de género la comparten otras organizaciones que trabajan en la temática. Desde Amnistía Internacional también observan “con profunda preocupación un retroceso en las políticas públicas orientadas a combatir y prevenir las violencias machistas”. A este diagnóstico “se suma el aumento de discursos de odio y desinformación promovidos por autoridades nacionales. Cuando la violencia proviene de las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian”, dijo a Página 12 Mariela Belsky, directora ejecutiva de AI en Argentina.

Este lunes, organizaciones de un amplio arco político, sindicales, de mujeres y diversidades se manifestarán frente al Congreso a partir de las 16.30 en un nuevo aniversario de la histórica marcha de Ni Una Menos. “Por justicia por la masacre de Barracas contra las mujeres lesbianas asesinadas”, y “porque los femicidios aumentan mientras el gobierno promueve el odio y desmantela las políticas con perspectiva de género”, son algunos de los ejes de la convocatoria.

“La continuidad de los programas implementados por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) resulta una preocupación ya que no se cuenta con información clara sobre aquellos que se mantendrán y de qué manera se asegurará su desarrollo en todo el territorio nacional”, advirtió ELA. Al mismo tiempo, “se desconoce cómo la Subsecretaría planea articular con otros ministerios y organismos estatales en el abordaje de las violencias de género para dar cumplimiento con los compromisos asumidos y las normas vigentes”, señaló ELA.

Barcia no da entrevistas. No dio ninguna desde que asumió en febrero a pesar de los múltiples pedidos que recibe semanalmente, incluidos los de esta cronista. Curiosamente, suele comunicar su agenda a través de Linkedin, una red social fundamentalmente de búsqueda de empleo.

Organizaciones que trabajan en la temática y funcionarias provinciales le cuestionan también que nunca convocó al Consejo Federal de Género, un espacio anterior a la creación del MMGyD, que conforman las referentes del área de las provincias, donde se escuchan las demandas de cada jurisdicción y desde la Nación se articulan políticas y acciones.

Barcia también es la encargada de llevar adelante las capacitaciones de la Ley Micaela –a funcionarios de alto nivel– en perspectiva de género y prevención de la violencia de género. Se desconoce si realizó alguna acción en ese sentido: al menos, no se informó de ninguna. En el primer proyecto de Ley Bases, enviado por el presidente Milei al Congreso, se modificaba la Ley Micaela para que dejara de ser obligatoria.

Los retrocesos son enormes. El análisis del presupuesto de ACIJ y ELA encontró que el gasto en las políticas públicas que, según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 26,8% más bajo que el año pasado. Este ajuste es similar al que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 28,9%. En realidad, alertan las ONG en el paper “Un ajuste que agranda la brecha”, ya se ha ejecutado casi la mitad del presupuesto anual disponible para las políticas de género, “lo que subraya aún más la insuficiencia de los fondos actuales en comparación con el año anterior”.

¿Qué pasó con el Programa Acompañar?

Uno de los aspectos más preocupantes de la gestión de Barcia es la virtual paralización del Programa Acompañar, el más importante del ex MMGyD. Ese programa se creó para brindar una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses y garantizar el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial a mujeres y diversidades atravesadas por situaciones de violencia. El objetivo es fortalecer su autonomía económica para que pueda dejar una relación violenta.

De acuerdo con el Informe de Gestión 2023 del MMGyD, desde el inicio del Programa Acompañar en septiembre de 2020 a noviembre de 2023, se realizó una inversión de más de $100.640.000 y accedieron al programa más de 352.000 personas en situación de violencia de género de todo el país. En la Sesión informativa celebrada en mayo en el Senado, el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, dijo que desde la implementación del Acompañar en noviembre del 2020 hasta el 29 de febrero del 2024 fueron asistidas 359.993 personas en situación de violencia de género. Por lo tanto, se infiere –destaca el informe de ELA– que entre diciembre de 2023 y fines de febrero de 2024 hubo aproximadamente menos de 8 mil altas nuevas.

En la provincia de Buenos Aires, hasta diciembre 116.055 mujeres habían ingresado al Programa Acompañar. Desde la llegada al Gobierno de Milei y la desjerarquización del MMGyD no se incorporó ninguna más, informó a Página 12 Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres y Diversidad bonaerense. Lo mismo sucede en la mayoría de las provincias.

“Mal uso de los recursos”

Algunas de las referentas de áreas de género provinciales entrevistadas por ELA mencionaron que en el mes de abril les solicitaron desde la Subsecretaría que comanda Barcia que se actualicen las inscripciones realizadas durante los meses de enero y febrero, especialmente en relación a los niveles de riesgos de las mujeres. Para los equipos esto supone una complicación por dos motivos principales. En primer lugar, es necesario volver a contactar a una mujer que solicitó ayuda luego de que transcurrieron varios meses. Tener que repetir la entrevista (que pueden durar hasta 2 horas) es un proceso revictimizante para quien ya habló de su situación y debe volver a repetirla, sin que esto implique brindarle alguna certeza respecto del efecto de esa nueva entrevista en términos de tiempos estimados para lograr acceso al programa. En segundo lugar, la carga de cada inscripción inicial es un trabajo que requiere tiempo y recursos, que son escasos para los equipos en el contexto actual. “Esto es un mal uso de los recursos en tanto duplica trabajo realizado de manera profesional en tiempo y forma pero que no fue atendido de manera eficaz por las autoridades nacionales”, señala el informe de ELA.

Además, el exjefe de Gabinete informó en el Senado que la asignación presupuestaria del Programa Acompañar según Ley de Presupuesto vigente (bajo la prórroga del Presupuesto 2023 vía Decreto 88/2023) es de $68.803.137.857 y que la meta física de personas destinatarias programada para 2024 serían 106.176 destinatarias. Pero al mes de mayo se ejecutaron 17.529,4 millones de pesos. “Esta cifra refleja una caída del 80 por ciento en la ejecución interanual si se comparan los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los del primer cuatrimestre del año en curso en valores reales”, señala ELA.

Reducir el problema a un aspecto delictivo

La transferencia de la Subsecretaría al Ministerio de Justicia, por otra parte, es el regreso a un abordaje desde un paradigma “securitario”, en lugar de pensar la problemática en función de sus causas estructurales vinculadas con la desigualdad de género, cuestiona Malacalza. Esta decisión “transmite el mensaje de que el gobierno reduce la violencia de género al aspecto delictivo, ignorando su naturaleza estructural y multicausal”, advierte Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Argentina.

Reducción de presupuestos, desarticulación de políticas públicas, y sobre todo la falta de información sobre los lineamientos de la subsecretaría a cargo de la exfiscal porteña Barcia son las características de los primeros meses del área que debería ocuparse de desarrollar el Plan Nacional contra las Violencias por razones de género 2022-2024, tal como establece la Ley 26.485, elaborado durante la gestión anterior.

Otra de las políticas creadas en la gestión anterior y que está paralizada es la que apuntaba a crear y fortalecer las áreas de género y diversidad de provincias y municipios y organizaciones que acompañan a víctimas. “Debilitan mucho a las organizaciones en un momento de mucha crisis económica. Esas tramas comunitarias que sostienen las organizaciones son las que protegen y acompañan a personas en situación de violencia de género y hoy están en riesgo”, señaló a este diario Malacalza.

Aunque ya pasaron seis meses de Gobierno, tal como sucede en otros organismos públicos, la Subsecretaría sigue sin estructura interna aprobada, “lo que significa un obstáculo para el correcto desarrollo de sus tareas, entre las cuales se encuentra la de diseñar e implementar el Plan Nacional de Acción contras las Violencias para el periodo 2024-2026 tal como se estipula en la ley nacional 26.485”, advierte ELA.

Según el informe “Un ajuste que agranda la brecha. ¿Qué pasa con el presupuesto para las políticas de género?”, que muestra un análisis presupuestario correspondiente al primer bimestre de 2024 realizado por ACIJ y ELA, el gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en los dos primeros meses de 2024, un 33 por ciento más bajo que el año pasado. Este ajuste fue incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24 por ciento.

Barcia no solo no da entrevistas ni da cuenta de su gestión a través de canales oficiales, sino que además no responde pedidos de acceso a la información pública que hizo ELA a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Cuando asumió, la funcionaria comunicó que trabajaría en el nuevo cargo ad honorem, pero en realidad sigue cobrando como fiscal porque nunca renunció a ese salario, que es considerablemente más alto que el que le ofrecían en escalafón del Gobierno nacional.

“La gestión nacional necesita empezar a activar un plan de trabajo coordinado con las distintas jurisdicciones, con buena comunicación pública, dando a conocer el equipo de trabajo con el que cuentan y la planificación de las acciones que se propone para los próximos años de gobierno”, consideró Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, al ser consultada por este diario. “La crisis económica sólo agrava la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres y sabemos que las tensiones se descargan muchas veces sobre las mujeres y sobre las niñas y niños en las familias. Hay muchas formas de violencia sobre las que el Estado tiene responsabilidad de actuar, pero en la conmemoración de las marchas en las que reclamamos Ni Una Menos, es necesario enfocarnos en las violencias que en un 60 por ciento de los casos explican los femicidios que son las violencias hacia parejas o exparejas. Sin presupuesto, sin gestión de un plan coordinado, sin problematizar los obstáculos en el acceso a la justicia es muy difícil pensar que las obligaciones del Estado se puedan cumplir”, concluyó.

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