Hasta los principales ministros del Gabinete estudiaron en las universidades que ahora el Gobierno quiere hundir
Con creatividad, el colectivo «Familias por la Educación Público» circuló un video en el que exhibe los pasados de, por ejemplo, Luis Caputo, Victoria Villarruel y hasta Manuel Adorni: todos recibidos en facultades públicas.
Las redes se están transformando en una caja de resonancia para mostrar la crisis universitaria. El colectivo Familias por la Educación Pública creó un video para mostrar que varios funcionarios son egresados de la universidad pública y gratuita que ahora pretenden hundir. Con el slogan «La educación es un derecho, elegirla también», allí se muestra que Victoria Villarruel es egresada de la UBA, igual que Luis Caputo. Manuel Adorni es economista por la Universidad Nacional de la Plata y Diana Mondino, obtuvo ese mismo título en la Universidad Nacional de Córdoba.
Otro economista de las huestes mileístas es Federico Sturzenegger, también egresado de la Universidad de la Plata. Daniel Scioli es egresado del colegio Carlos Pellegrini y Luis Petri es abogado por la Universidad Nacional del Litoral.
Este video aparece en las redes mientras se consolida la marcha del 23 de abril próximo en defensa de la educación universitaria.
También, mientras la crisis avanza. Ayer comenzó a circular una nueva resolución entre todas sus dependencias de la UBA. El objetivo es recortar gastos en infraestructura y servicios esenciales por la imposibilidad de afrontar cualquier tipo de gasto. Esta decisión es producto de que, el miércoles pasado, la UBA dio a conocer una resolución marco donde el Consejo Superior, por decisión unánime, declaró la emergencia presupuestaria.
La nueva resolución se traduce, por ejemplo, en el «apagado de iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes de circulación durante el período diurno y hasta 30 minutos antes del comienzo de la actividad académica del día y 30 minutos posteriores a su finalización”.
También, en la «utilización de los ascensores de la Universidad sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia”. Además se recomienda no usar electricidad de los servicios de acondicionamiento de aire (frío – calor) ni el gas destinado a calderas.
Las medidas, por ahora, exceptúan a los hospitales universitarios. Sin embargo, hasta ahora, estas instituciones públicas no recibieron ningún recurso por parte del gobierno. Por otro lado, el presupuesto para gastos de funcionamiento asignado actualmente a la UBA, incluyendo la actualización parcial anunciada por el Estado Nacional desde el mes de marzo, constituye un recorte en términos reales del 80%. Es decir, por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo de 2023, hoy tiene 2.
En la resolución de la semana pasada vinculada a la emergencia presupuestaria, el Consejo Superior ya había adelantado que: “en las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial.”