viernes, 12 julio, 2024
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La lucha socioambiental se expresa en las calles

Paraná, Esquel y Andalgalá. Tres lugares muy diferentes pero un punto en común: sus poblaciones están desde hace años en las calles, exigiendo el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano, al agua, la salud y a una democracia participativa. Con prácticas y decisiones que recuerdan a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (que todos los jueves dicen presente en las históricas rondas), en Entre Ríos, Chubut y Catamarca saben que su mayor fortaleza es nunca dejar las calles.

Basta de fumigar

La Casa de Gobierno de Entre Ríos es un prolijo edificio histórico, conocida como «Casa Gris», en el centro de Paraná. Todos los martes por la tarde-noche, aunque llueva o haga 40 grados, se reúnen vecinos y vecinas nucleados en la Coordinadora Basta es Basta, espacio nacido para defender la salud población y en denuncia del modelo agropecuario transgénico, en base a agrotóxicos. No es casual que, desde lejos, se dejen ver dos banderas: «Paren de fumigar» y «Basta de cáncer».

Hay presencia desde niños y adolescentes hasta abuelos y abuelas. Clima familiar. Al llegar, una mujer se acerca y entrega un pequeño frasco con una vela encendida, para marchar. Este martes de verano son unas cuarenta personas. Alguna vez pueden ser menos, otras veces son muchos más. Entregan folletos a los transeúntes y se canta con alegría. Lo importante, como el efecto de la «gota en la piedra», es decir presente y aportar a difundir los perjuicios en la salud y en el ambiente del agronegocio. Marchan desde enero de 2018 y ya llevan más de 324 martes de rondas.

«Cuando comenzamos con la ronda dijimos que la mantendríamos hasta que cambie el modelo productivo. Porque este modelo, que atraviesa a todos los gobiernos, nos enferma, nos envenena, nos mata», afirmó Daniela Verzeñassi, de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista de Paraná.

Recordó que en Entre Ríos –gobernada desde diciembre por Rogelio Frigerio–, salieron a pelear, entre otros motivos, para que dejen de fumigar a los niños de las escuelas rurales. Obtuvieron fallos judiciales favorables (que fijaba protección de 1000 metros sin fumigaciones) pero el gobernador Gustavo Bordet firmó un decreto –en sintonía con los pedidos de los empresarios del agro– y habilitó que se pulverice en cercanía de los alumnos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de 2023, se excusó de tratar el tema.

No es no

En el otro extremo del país, el sábado 23 de marzo hubo celebración. Se cumplieron 21 años de una gesta histórica: el pueblo de Esquel votó en 2003 y el 81 por ciento dijo «no» a la megaminería. Se transformó en un faro que iluminó luchas. Cada día 4 de mes, vecinos y vecinas esquelenses se congregan en la plaza General San Martín. La convocatoria varía. Hubo momentos en que fueron miles y otros donde solo son un puñado.

Allí mismo, en el local de la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, alguna vez explicaron: es como la llama del calefón o del termotanque. Se suele estar en «piloto», parece apenas encendida, pero alcanza con que pase algo –una amenaza de avance extractivo– para que ese pequeña llama crezca, explote, lo ilumine todo y haga retroceder al poder. Es lo que sucedió en diciembre de 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni intentó avanzar por sorpresa con una ley minera y estalló la provincia. Siete días de movilización hasta que el gobierno retrocedió y tuvo que volver a dejar vigente la Ley 5001, que prohíbe la megaminería en la provincia ahora gobernada por Ignacio Torres.

«Para el extractivismo no hubo ni hay grietas en los diferentes gobiernos», afirma Daniela Pazos. Y precisa que desde la asunción del gobierno actual «de ultraderecha» se atacó, mediante el mega DNU y el proyecto de ley ómnibus, normativas emblemáticas de la lucha socioambiental como son la Ley de Bosques, de Glaciares y de tierras para extranjeros. «Seguimos resistiendo al extractivismo, lo que implica seguir en las calles no solo contra la megaminería, sino también contra el oleoducto de Vaca Muerta, la explotación petrolera en el mar argentino y los incendios forestales», afirmó.

Cristina Agüero, también de la Asamblea de Esquel, destacó un nombre propio: Eduardo Elsztain, millonario dueño del Grupo IRSA y la empresa de agronegocio Cresud. «Tiene una estrecha relación que el Presidente y es socio de la minera Yamana Gold en el proyecto llamado ‘Cordón Esquel’, en nuestro cerro Calfu Mahuiza. Sepan, tanto empresas como políticos, que el pueblo de Chubut tiene una firme determinación en la defensa del territorio, de los bienes comunes y seguiremos resistiendo», advirtió.

En defensa del agua

Las leyes mineras de Argentina se sancionaron durante el menemismo. Y el primer megaproyecto se instaló en Catamarca, de la mano de Minera Alumbrera. Las promesas de ese momento aún están frescas en la memoria colectiva: trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente. Nada de ese sucedió. Como grafica la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Alumbrera –yacimiento ya cerrado– es el caso testigo de las mentiras de la megaminería en Argentina.

La Plaza 9 de Julio, en el centro de la ciudad, es testigo –desde hace más de catorce años– de la caminata los sábados por la tarde. Ya van 739 sábados que se manifiestan. «Caminamos todos los sábados en defensa de nuestra vida, en defensa del agua, del cerro y en contra de la megaminería contaminante. Siempre pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestro pueblo y tan solo pedimos agua limpia», resalta Eduardo Villagra, tenaz asambleísta, que suele tomar el micrófono cada sábado y arengar a los vecinos y vecinas.

El pueblo de Andalgalá, y de toda Catamarca, enfrenta a un nuevo proyecto, MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera, de la multinacional suiza Glencore), con la gravedad de que está ubicado en las nacientes de las fuentes de agua de la ciudad, lo que pone en riesgo a toda la población.

Villagra recordó que más de un centenar de vecinos están criminalizados «por un Poder Judicial corrupto que siempre resulta funcional a las megacorporaciones y al Gobierno» y denunció la falacia de la «audiencia pública» que a mediados de marzo realizó el gobierno de Raúl Jalil, donde no se permitió la participación real de la población e incluso se invadió la ciudad de policías con el único fin de intimidar. «Lo decimos desde hace años y lo diremos siempre: el proyecto MARA es ilegal e inviable, y viola leyes nacionales y acuerdos internacionales. Vamos a seguir defendiendo nuestro cerro», afirmó Villagra.

La plaza de la memoria

Otro caso emblemático de persistencia en la lucha es la «carpa de la resistencia», en Jáchal (San Juan), donde desde hace nueve años denuncian la impunidad de la minera Barrick Gold, que en septiembre de 2015 produjo el mayor derrame minero de la historia. Más de un millón de litros de agua con cianuro llegaron hasta los ríos de la zona. Y luego se confirmaron otros tres derrames. No hubo condenas y ahora las asambleas de San Juan denuncian y rechazan al proyecto de cobre y oro Josemaría (de la multinacional canadiense Lundin Mining Corp), que cuenta con el apoyo irrestricto del gobernador Marcelo Orrego.

La Asamblea Jáchal No Se Toca, junto a otras organizaciones de San Juan y de Buenos Aires, organizó el 23 de marzo pasado el «Festival Puentes de Agua», donde se congregaron asambleas de una decena de provincias para exigir condena para Barrick Gold y el rechazo a nuevos proyectos mineros. 

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