domingo, 14 julio, 2024
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Una avanzada en la violencia institucional

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su actualización del Archivo de Personas Asesinadas por el Estado. Su base de datos de muertos por el aparato represivo estatal registra 9.175 casos de las diferentes modalidades –muerte en encierro, en represión a la protesta, gatillo fácil y desapariciones, entre otras– ocurridas desde el 10 de diciembre de 1983 al 20 de febrero de 2024. De ese total, 9.149 sucedieron antes del 31 de diciembre de 2023 y 26 en el primer mes y medio de 2024. «Con esta actualización se completa el ciclo correspondiente al gobierno del Frente de Todos, con un total de 1.924 casos, 384 en 2023, y con los casos posteriores a esa fecha empezamos a visibilizar el impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), ya que en apenas 70 días tiene 60 muertes registradas», indica el informe al que accedió Página12.    

«En este año que estará signado por luchas y más luchas hasta que recuperemos los derechos que nos cercenan en nombre de una malentendida libertad, desde Correpi estaremos donde haya que estar e insistimos en la vigencia y urgencia de nuestra agenda urgente antirrepresiva», dijo a este diario la abogada María del Carmen Verdú, una de las fundadoras del organismo. «Sabemos bien que reclamar su cumplimiento al gobierno del ajuste, el gatillo fácil y la represión es poco promisorio, pero no vamos a bajar las banderas que levantamos hace décadas, porque nuestro objetivo es que estos reclamos se conviertan en demandas sociales colectivas que alguna vez nos permitan reducir, al menos, los resultados más letales de la represión estatal», agregó.

Familiares de víctimas y militantes de Correpi en la presentación del informe (Foto Laura Dalto).

En el curso de 2023 Correpi registró 414 casos totales, de los cuales 384 ocurrieron antes del 10 de diciembre, es decir, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Los otros 30, así como los 26 registrados en enero y hasta el 20 de febrero de 2024, van a la cuenta de la gestión Milei-Villarruel-Bullrich.

De los 384 ocurridos antes del cambio de gobierno, 106 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 248 fueron muertes bajo custodia; 20 ocurrieron en contexto intrafuerza o intrafamiliar, entre ellos 12 femicidios de uniforme y 2 femicidios relacionados; una muerte se produjo en contexto de represión a la protesta –Facundo Molares Schoenfeld, asesinado por la policía de la Ciudad–; una muerte fue consecuencia de otros delitos policiales y 8 corresponden a otras modalidades, como el uso del patrullero como arma.

Dos meses de Milei

Para Correpi, el gobierno de Milei-Villarruel representa la peor pesadilla. «En lo antirrepresivo, ya estamos advirtiendo el crecimiento del gatillo fácil y de las detenciones arbitrarias, de la mano de la reactualización de los protocolos represivos y los proyectos de reformas legislativas promovidos por Patricia Bullrich; la amenaza de la mayor criminalización de niñxs y adolescentes, a propuesta del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al que conocimos defendiendo policías extorsionadores y asesinos hace más de 20 años», destaca el informe en sus conclusiones. A ese panorama, Correpi agrega «la decisión de reprimir la protesta y el conflicto social con la fuerza y también con aumento de penas de los delitos típicamente usados para criminalizarlo; la militarización de los barrios, la persecución a las personas organizadas, los ataques odiantes y las campañas de desinformación deliberadas». 

Estos son los datos preliminares a dos meses del inicio de este gobierno:

* Cuarenta y seis personas murieron del 10/12/2023 al 14/02/2024 a manos de las fuerzas de seguridad federales o locales: 20 en fusilamientos de gatillo fácil, 19 en cárceles o comisarías, 3 en el marco intrafamiliar por razones económicas, 3 usando el patrullero como arma y un femicidio de uniforme. Durante la elaboración del informe se produjeron más muertes, que están siendo sistematizadas, llegando al total de 60.

* Cuarenta y seis personas han sido privadas de su libertad en contexto de protesta o conflicto social: 5 en Córdoba, 2 en Mendoza, 2 en Jujuy, 7 en Rosario y 30 en CABA.

* El 31 de enero en CABA estrenaron un nuevo gas irritante que dificulta la respiración y afecta mucosas de ojos, nariz y boca, y produce quemaduras químicas. 

* El 1° de febrero, en CABA, medio centenar de personas fueron lesionadas en la represión a la concentración en la plaza frente al Congreso, 27 trabajadorxs de prensa, varias decenas de manifestantes y Matías Aufieri, abogado del CeProDH y asesor del FIT en la Cámara de Diputados, que perdió el ojo izquierdo por disparo de postas de goma.

«Si las consecuencias de la represión del gobierno nacional y el de la ciudad en esos días no fueron peores, es por puro mérito del pueblo movilizado, que se cuidó con conciencia, imaginación y colaboración colectiva», indica la agrupación de Verdú. 

Al analizar lo ocurrido durante el gobierno de Fernández, expresa que «la derogación de los protocolos Bullrich en diciembre de 2019 se vincula con la menor intervención de las fuerzas federales, con un descenso comparativo que no puede ser ajeno al cambio de actitud del gobierno que, a diferencia de su predecesor y el actual, al menos no anduvo sacándose fotos ni ascendiendo fusiladores de gatillo fácil». Para Correpi esas medidas aisladas no alcanzaron a modificar un escenario que sigue siendo preocupante, «pero dan la pauta de cómo, aun sin modificar el marco sistémico, con decisión política se podría reducir la letalidad de las fuerzas».

María del Carmen Verdú (Foto Laura Dalto).

CABA letal

Desde su lanzamiento, el 1 de enero de 2017, la Policía de la Ciudad mató 169 personas y la Policía Bonaerense mató 580, es decir, casi tres veces y media más. Pero la Policía de la Ciudad tiene unos 26.000 efectivos, mientras su par provincial supera los 105.000, cuatro veces más personal. «Con la cuarta parte de los efectivos, la Policía de la Ciudad alcanza, en apenas 7 años de existencia, casi la mitad de la letalidad de la ‘maldita policía’. Hace falta mucha convicción represiva para, con la cuarta parte de los efectivos, cometer la mitad de los fusilamientos», razona Correpi. Del análisis de las circunstancias surge un dato importante: Del total de 145 fusilamientos de gatillo fácil de la policía de la Ciudad, 112 ocurrieron en el conurbano bonaerense y sólo 33 en CABA, el distrito en el que cumplen funciones. Es decir, no estaban de servicio, sino de franco. Por eso, la organización antirrepresiva insiste en plantear la necesidad de prohibir la portación y uso del arma reglamentaria, lo cual también vale para los femicidios de uniforme.

Morir bajo custodia

«Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento. Según informes oficiales, entre 2001 y 2022 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 105.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos», explica el informe. «Estos números demuestran, además, la falsedad absoluta de la campaña reaccionaria sobre la supuesta liberación masiva de presos en pandemia, promovida por la prensa hegemónica acorde a los intereses de la derecha, Juntos por el Cambio y libertarios, pero también desde el oficialismo, por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni», agrega.

Los datos oficiales de organismos judiciales de todo el país permiten verificar que los pocos casos de libertades asistidas o condicionales concedidas durante la pandemia refirieron a personas que ya estaban en condiciones de acceder a ese tratamiento, por cumplimiento de los recaudos necesarios de acuerdo a la pena que purgaban. Por otra parte, sólo el 58,3% de las personas encarceladas tienen condena, es decir que casi la mitad son técnicamente inocentes y sólo el 19% registran reincidencia. Correpi destaca que «las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron». A criterio de la organización, «este brutal desfasaje sólo se explica por las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garantías durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerabilizadas».

En particular, la Ciudad de Buenos Aires tiene una política judicial de encarcelamiento que Correpi califica como “desaforada”. En 2019 había unas 100 personas detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad. Al 31 de diciembre de 2023 eran 1.787. 

El año pasado cumplió 20 años años la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que ordenó al estado argentino terminar con el sistema de detenciones arbitrarias y restringir la privación de libertad a las únicas dos causales constitucional y convencionalmente permitidas: una orden judicial o porque se encontró a la persona en el momento de cometer el delito. «En dos décadas, ningún gobierno –ni siquiera los que se ufanan de respetar los derechos humanos– la acató.

Desaparecer en democracia

Respecto de las desapariciones, hubo un caso en 2023, Sofía Belén Vicente, una joven de 22 años que desapareció después del Festival de Doma y Folclore, en Olavarría. Cinco días después se encontró su cuerpo descompuesto en un pozo ciego, vestido sólo con ropa interior, con los tobillos atados, los ojos vendados, signos de estrangulamiento con lazo y un tiro en la nuca. Parte de la ropa fue hallada quemada dentro de un tambor. «Pericialmente se estableció la participación de un policía retirado y un civil. Mientras uno la ahorcaba, el otro le disparó», describe el informe.

La Agenda Antirrepresiva Urgente

La Correpi reclama los siguientes puntos:

• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las fuerzas de seguridad para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. Cumplamiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio.

• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva.

• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas (2004-2010).

• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.

• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.

• Anulación de la directiva que tienen la policía federal y otras fuerzas de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).

• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.

• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.

• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.

• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.

• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, entre otras.

• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.

• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.

• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.

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