viernes, 12 julio, 2024
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Golpe a los barrios populares: el Gobierno desfinanció elFondo de Integración Socio Urbana

El Gobierno de Javier Milei cumplió con su amenaza de avanzar sobre la fondos fiduciarios y eligió hacerlo para quitar recursos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una política destinada a realizar obras en los 4400 barrios populares de todo el país. A través del Decreto 193/2024, el Ejecutivo reorientó el destino de los fondos recaudados por el Impuesto País y redujo los aportes al FISU a solo un 0,3 por ciento. 

«¡Es una burla a los barrios populares!», apuntó Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana e integrante de la CTEP, organización que fue falsamente acusada por funcionarios y medios aliados apuntando a la figura de Juan Grabois en la previa de la firma del decreto. «Lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, calles, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente», denunció Miño.

La Ley 27.541, que creó el Impuesto País –recargo de 30% a la compra de moneda extranjera– durante el gobierno de Alberto Fernández, estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Anses y el PAMI, y el 30% restante en obras, turismo y vivienda. De ese último porcentaje, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional. Lo que significa un 0,3 por ciento del total de lo recaudado, cuando hasta hoy era el 9 por ciento. 

El decreto de hoy reduce el 30% del FISU a 1%, mantiene en 5% el fomento al turismo y lleva al 94% el monto destinado a obras de infraestructura económica. Los fondos destinados al FISU fueron destinado durante los últimos años al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios. 

Las cifras de la integración socio urbana

Según el Monitor de obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, con el FISU se realizaron 1.276 obras de integración en barrios populares, alcanzando a 5.060 barrios y 338.152 familias.

Sin embargo, en las últimas semanas, el Gobierno planteó la revisión de los fondos fiduciarios con el discurso de que se tratan de «cajas negras de la política», según palabras del presidente Javier Milei. Por su parte, el vocero Manuel Adorni había señalado que se buscaba «no que se elimine la función que cumplía cada fondo, sino tener más transparencia y aquellos destinos que encontremos que efectivamente deben seguir existiendo tal vez que sigan existiendo muy transparentados, muy controlados».

El FISU, fue creado en 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri, y era uno de los fondos fiduciarios bajo evaluación. Los barrios que eran objetivo del fondo habían sido relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en un trabajo conjunto de la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Frente Darío Santillán, la organización Techo y Cáritas. 

Entre otras obras, financia el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes. Del mismo modo, comprende el programa MI Pieza, destinado a financiar refacciones, mejoras o ampliaciones de las viviendas en estos barrios.  A ese fondo, el gobierno decidió recortarle sus escasos ingresos.

«Si querían controlar más, aunque fuera difícil porque nosotros controlamos mucho, podían poner más controles. Pero no, lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, calles, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente», apuntó Miño tras conocerse el decreto presidencial. 

Y agregó: «En este caso puntual, para las personas que la están pasando más complicado, esas a las que Milei prometía no soltarle la mano. Nuestros barrios necesitan más inversión, no menos. Lejos de arreglar los problemas que tenemos, el gobierno se empecina en profundizarlos, incumpliendo todas sus promesas de campaña. Voy a estar en la calle junto a mis vecinos y vecinas defendiendo lo conquistado».   

La operación del Gobierno contra el FISU 

«Nadie es kirchnerista gratis. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente, (Juan) Grabois, el defensor de pobres, manejaba $ 500.000 millones que iban directamente a él sin control, nada», manifestó la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los manejos de dicho fondo. Grabois rechazó estas acusaciones y señaló que se trata de «una operación de desprestigio».

«Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o (Federico) Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño», dijo Grabois mediante un video que difundió en la red social X.

Del mismo modo, citó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebatián Pareja, quién señaló que, si dicha área «no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo».

«Chau FISU. Chau a la ´cajita feliz´ del atorrante de Juan Grabois. Bien presidente (Javier) Milei defendiendo a los argentinos contra las mafias y los gerentes de la pobreza», celebró el diputado nacional José Luis Espert en X.

Tras conocerse el decreto y cumplirse el objetivo del Gobierno, la ex secretaria de Integración Urbana denunció: «La operación berreta que hicieron algunos ‘periodistas’ muy amigos del gobierno, intentando ensuciar al FISU, tenía como objetivo decirle a la gente que están ajustando una ‘caja de la política’ cuando lo que están haciendo es desfinanciar la obra pública en los barrios».

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