miércoles, 17 abril, 2024
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El Senado comienza mañana a tratar un proyecto K que modifica la represión del Lavado de Dinero

El Senado empezará mañana a debatir el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El debate se dará entre las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Según fuentes parlamentarios, la reunión de mañana contara con la presencia de Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); y Nicolás Vergara, jefe de gabinete del mismo organismo.

La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el gobierno, debido a que este año habrá una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Debido a esto, la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad internacional y mostrar resultados. De lo contrario, podría volver a ser incluida en la lista gris de los países que no colaboran con el GAFI.

El proyecto había sido enviado al Congreso durante la administración de Alberto Fernández. En abril del 2023 había sido aprobado por Diputados y había comenzado a ser debatido a nivel de comisiones en julio. En ese momento contaban con la presencia del ex Secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal; y del ex director de la Unidad de Información Financiera, el abogado K Juan Carlos Otero.

En ese entonces, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, había argumentado que se trataba de una reunión “solamente informativa” y que el proyecto “iba a seguir siendo debatido”, pero el plenario no volvió a reunirse.

Juan Félix Marteau, Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica (CESH) de la UBA y dos veces coordinador nacional en esta materia, advirtió a Clarín que “el proyecto elaborado por la administración de Alberto Fernández mantiene la anómala posición político criminal de que los actos de terrorismo no constituyan un delito tipificado en la legislación penal argentina”.

Según el Director del CESH, esto se debe a que, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se tomó esa posición política bajo la consigna de tener una “visión no criminalizante de la protesta social”: se creó una mal llamada agravante genérica de las penas que permite aumentar las penas de “todos” los delitos cuando sean cometido con una “finalidad terrorista”.

Marteau dijo que esta es una «gran diferencia para con los países de la comunidad occidental, ya que, estos, han establecido un apartado especial en sus Códigos Penales». «En estos apartados hay descripciones de elementos objetivos y subjetivos en los que se determina qué actos de terrorismo deben ser criminalizados», agregó. En la Argentina, se tomó la decisión de que se le atribuyera el cargo de “terrorista” solo en los actos que los autores tuviesen esa intención.

Una vez electo, el presidente Javier Milei incluyó el proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos en las discusiones que se llevaran a cabo en el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

Los ejes centrales son las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo y la creación de un registro de activos virtuales. La Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo es la Ley 25.246.

Esto, para Marteau, son “modificaciones mal elaboradas que aumentan las regulaciones de la UIF en vez de convertirla en un verdadero organismo de inteligencia financiera”. A su vez, el director del CESH afirma que “hubiera sido esperable que el nuevo gobierno, en vez de adoptar un mal proyecto de Ley del Kirchnerismo pseudo progresista, de un salto de calidad en las bases legales para combatir el terrorismo”.

Dentro del proyecto se encuentra un artículo que ampliaría la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF. En ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales; a las personas humanas o jurídicas que realizan, en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos; abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Para ello, se plantea la creación del Registro de Proveedores de Servicios Virtuales. Esta estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.

En la Cámara de Diputados, uno de los puntos del proyecto que generó el mayor debate fue el artículo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Por ello, se estableció que no lo deberán hacerlo cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.

Tabatha Barrera Carlini, Maestría Clarín/Universidad de San Andrés.

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