La sorpresiva decisión del presidente Javier Milei de retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus sirvió para descomprimir y acercar posiciones con los bloques aliados ante el atascamiento de las negociaciones en el Congreso, pero el conflicto por el reparto de recursos entre la Nación y las provincias está lejos de resolverse.
Si bien celebran que Milei haya dado marcha atrás con la suba de las retenciones y la movilidad jubilatoria, los capítulos más espinosos del megaproyecto, ante la dilación de las discusiones en la Cámara de Diputados para llevar la iniciativa al recinto, los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, que procuran morigerar el ajuste sobre sus ingresos y critican la falta de respuesta a sus reclamos, iniciaron contactos con los jefes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal en Diputados para analizar los próximos pasos. Esperan ahora una segunda instancia de negociación, una suerte de repechaje, con Milei para avanzar en un pacto fiscal.
En las últimas horas hubo dos reuniones de alto voltaje político. Los gobernadores de Juntos por el Cambio se juntaron, vía Zoom, para evaluar el anuncio que hizo anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que dejarán sin efecto las modificaciones en los artículos de actualización de jubilaciones, retenciones agropecuarias e industriales, bienes personales y el blanqueo, además de la reversión de Ganancias. “Hay ánimo de colaborar y votar el paquete de leyes, por más que hubo una decisión unilateral del Gobierno. Había temas del paquete fiscal en los que había acuerdo, como moratoria, ganancias o blanqueo”, señala un dirigente de la UCR que monitoreó de las conversaciones de los gobernadores. Ahora pondrá la mira en las facultades delegadas: tanto el Pro como los radicales o la bancada de Miguel Pichetto propusieron acotarlas a la hora de redactar las disidencias.
Luego de la cumbre del club de JxC, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), quienes se mueven en tándem y chocan con el ala conciliadora de Pro, que encabezan el jefe porteño Jorge Macri y los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, mantuvieron otro encuentro virtual con autoridades de la bancada de Pichetto e Innovación Federal. Asistieron unos siete gobernadores, cuyos diputados firmaron el dictamen en disidencia y están dispuestos a acompañar la ley ómnibus en general. No solo estaban Frigerio, Torres, Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), sino también el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), el inesperado socio de Milei en la firma del dictamen.
Al quitar el set fiscal en la “ley de bases”, el corazón económico de la iniciativa, Caputo anticipó que avanzará con otras medidas de recortes del gasto y ratificó que habría un ajuste más severo en las partidas que reciben las provincias ya que no revisará su objetivo de lograr el déficit cero. Ese giro del Gobierno puso en guardia a los gobernadores. “Hay voluntad de sacar la ley, pero estamos perplejos por la actitud confrontativa del Gobierno”, asegura uno de los que participaron en la reunión.
A lo largo de la conversación coincidieron en que el anuncio de Caputo fue “difuso”. Tienen dudas respecto de cómo el oficialismo va a instrumentar los cambios, es decir, la eliminación de los artículos vinculados al paquete fiscal, dado que el dictamen ya está firmado. “Queremos que expliquen qué quieren sacar y por qué. Falta una instancia de acuerdo”, advierten.
En las frenéticas negociaciones del jueves y viernes los gobernadores y aliados pusieron la lupa en el artículo 180 del dictamen, donde el Gobierno incluyó un texto que sorprendió a los legisladores: “Se aclara que el impuesto PAIS se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024″. Al detectar esa enmienda, los aliados presionaron con coparticipar la recaudación de ese gravamen, estratégico para las arcas del Gobierno.
En la cumbre de JxC “intercambiaron visiones” sobre los coletazos en sus distritos del anuncio de Caputo. “Esto impacta en las arcas de las provincias. Queremos saber cuándo va venir la segunda etapa para discutir Ganancias o la coparticipación del impuesto país”, deslizan cerca de Claudio Poggi (San Luis).
Con ese trasfondo, Frigerio se puso al frente del armado de una cumbre de gobernadores el próximo lunes para consensuar posturas. Pretenden que Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se sienten con ellos para dar despejar las dudas. Procuran saber cuándo la Casa Rosada planea enviar los proyectos del paquete fiscal en los que había acuerdo, como Ganancias o el blanqueo.
Los gobernadores insisten en que acompañan la intención de Milei de bajar el déficit, pero difieren en cuál es la mejor herramienta para lograrlo. “Hay que compartir la carga del esfuerzo. La pelota está del lado de ellos”, apuntan desde la UCR.
En el dictamen del oficialismo se propone declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa hasta fines de diciembre y prorrogable por un año. “Ellos están débiles y sin financiamiento. Se les puede caer el impuesto PAIS en la Justicia, como el DNU”, advierten en el bloque de Pichetto. Tanto la UCR como Pro o HCF apuntan a acotar las facultades delegadas.
A Caputo lo acusan de enfocar el recorte del gasto público en áreas que afectan a las provincias, como las transferencias para obra pública, el fondo incentivo docente, la salud o las cajas de jubilaciones.
Milei le dio más poder a Caputo en un momento crítico de su vínculo con los gobernadores. Con la salida de Guillermo Ferraro y los cambios en el organigrama, Caputo asumirá las riendas de Transporte, obras públicas, vivienda y comunicaciones. Por lo que tendrá a su cargo la tarea de lidiar con los reclamos de las provincias, ya sea por el reparto de subsidios para el transporte urbano o la ejecución de obras de saneamiento, viales o portuarias.
Caputo había provocado el miércoles una ola de repudios de gobernadores y legisladores aliados, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro), Llaryora (Córdoba) o Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo de Loredo (UCR), cuando advirtió que estaba dispuesto a recortar las partidas a las provincias si el paquete fiscal de la ley ómnibus no era aprobado en el Congreso.
Lejos de desautorizarlo, Milei respaldó la posición del ministro de Economía. Primero, sugirió que analizaba crear una oficina anticorrupción que permita investigar a las provincias. Y, luego, trascendió que estaba dispuesto a dejar a los gobernadores “sin la caja” si no convalidaban su megaproyecto en Diputados.
En las filas libertarias deslizan que buscó enviar una señal de firmeza frente a las constantes objeciones del bloque aliado y la presión de los gobernadores.
La apuesta de Milei a tensionar el vínculo con los gobernadores desconcierta a la oposición. “Si redoblan y no aflojan, esto termina mal”, remarcaba uno de los legisladores que oficia de nexo entre los mandatarios de JxC y el oficialismo para destrabar la negociación por la ley ómnibus antes de que Caputo encabezara el anuncio en la Casa Rosada. Los dialoguistas lo acusan a Caputo de haber lesionado las chances de construir una alianza estrategia para asegurar la gobernabilidad de Milei. “Son caprichosos y generaron desgaste. Hay bronca y preocupación por esta actitud”, advertía uno de los gobernadores que intenta acercar posiciones.