martes, 28 mayo, 2024
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Tras la expulsión de la familia de «Fito» Macías, Patricia Bullrich impulsa una ley contra el financiamiento narco

Luego del operativo que expulsó del país a la familia del narco Ecuatoriano «Fito» Macías, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca controlar el financiamiento que usan las bandas vinculadas al tráfico de drogas.

En esa línea puso en marcha la elaboración de un proyecto de Ley para frenar el financiamiento al narcotráfico en la Argentina.

La ministra busca mostrarse activa en la lucha contra el narcotráfico sobre todo luego del operativo que terminó con la deportación de la esposa de Macías, Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, y tres de sus hijos: Michelle, de 21 años, Ilse María, de 12, y Lian Sejam, de 4.

El proyecto que impulsa Bullrich esta basado en una iniciativa que presentó el diputado del PRO, Diego Santilli, en el 2022. El viernes Santilli y Bullrich estuvieron reunidos en las oficinas del ministerio de Seguridad para darle forma al proyecto.

La deportación de los familiares del narco ecuatoriano La deportación de los familiares del narco ecuatoriano «Fito» Macías. Foto: Ministerio de Defensa

Entre otros puntos, la Ley que quiere impulsar la ministra de Seguridad propone un programa de sanciones financieras selectivas «contra personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actividades de tráfico ilícito de estupefacientes».

También propone facultar al Poder Ejecutivo para congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales, con el objetivo de impedir el financiamiento a las bandas narco y que sobrevivan distribuyendo el flujo de dinero con familiares, empresas fantasma o testaferros, entre otros.

El proyecto de ley apunta además a establecer “un conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”, que incluyen congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, entre otras restricciones.

El proyecto no apunta sólo a las grandes bandas, sino también a los “jugadores intermedios” de los barrios, ya que podrá ser sometida a una medida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737”.

La iniciativa propone controlarlo a través de un comité de análisis y fusión de información con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y las sanciones financieras selectivas: “El comité estará conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”.

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