Cautelares, apelaciones y lentitud judicial: la lucha durante años para poder ver a los hijos

Los juzgados de familia se transformaron en un laberinto peligroso: cautelares, apelaciones y lentitud le ponen el sello a un escenario que la mayoría de las veces suelen sufrir los más chicos, por peleas de los grandes. Y los fallos nunca llegan. Juan Manuel Foster es psicólogo y referente de la ONG Infancia Compartida. Vio por última…

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Los juzgados de familia se transformaron en un laberinto peligroso: cautelares, apelaciones y lentitud le ponen el sello a un escenario que la mayoría de las veces suelen sufrir los más chicos, por peleas de los grandes. Y los fallos nunca llegan.

Juan Manuel Foster es psicólogo y referente de la ONG Infancia Compartida. Vio por última vez a su hijo en la fiesta por sus 4 años en 2013. Días después, su expareja denunció a la madre de Foster por abuso físico contra su hijo. Meses después, también lo denunció a él por la misma causa. En 2016, los dos fueron sobreseídos.

Hasta hoy, Foster no se pudo reencontrar con su hijo y sigue atado al proceso de revinculación. Argumenta que durante el período de separación entre el niño y uno de sus padres, el chico queda expuesto a “propaganda negativa” o una perspectiva sesgada sobre el padre o madre ausente.

“Este tiempo no es simplemente que no nos vemos, sino que mi hijo se sigue construyendo con una visión que es la que los adultos que lo rodean hoy quieren brindarle, y que no es la real”, explicó. “Ahí es donde está la vulneración de su identidad”.

Cuando un padre o madre denuncia a su pareja y hay chicos de por medio se inician dos causas: una penal y otra civil. La penal está a cargo de investigar la denuncia y determinar si es verdadera. La civil pone el foco en el niño y en el proceso de vinculación con el padre o madre que quedó removido de su vida.

Juan Manuel Foster (38) y su hijo antes de la denuncia.

Para que la causa civil se inicie, primero se tiene que resolver la penal. Por esta razón, el juzgado de familia implementa una medida cautelar que impide el contacto entre la parte denunciada y su hijo.

En el caso de Foster, la causa penal se resolvió en dos años. Pero aun no ve el final de la civil, a cargo de la revinculación con su hijo. “Hasta el día de hoy estamos en ese proceso infructuoso”, reclamó.

La revinculación puede ser asignada a una ONG o un centro de salud público. Foster tuvo que cambiar de entidades –privadas y públicas– tres veces porque tardaban años en lograr la vinculación con su hijo. Ahora le toca al Ministerio Público Tutelar intentar lograrlo.

Como el de Foster, hay miles de casos de padres que no ven sus hijos porque la Justicia no resuelve. Aunque las estadísticas indican que los varones son mayoría en esta espera, también hay casos de madres que lo sufren. Clarín indagó en las causas que llevan a que estos conflictos se vuelvan eternos.

Ruth, casi 2 años de espera

La última vez que Ruth Evangelina Solís vio a su hijo fue hace 22 meses. Él tenía 3 años, mirando cómo la llevaban a su mamá en un patrullero rumbo a la comisaría. Los dos estaban llorando. Desde ese día, Solís lucha para poder reencontrarse con su hijo.

La mujer de 39 años está separada del padre de su único hijo desde que estaba embarazada. “Yo a mi hijo le decía todas las noches ‘te amo’”, expresó Solís.

Ruth Evangelina Solís (39) no lo ve al hijo desde Noviembre 2020.

De día, cuando ella trabajaba, el nene –su nombre se mantiene en reserva– se quedaba en lo del padre. Un viernes a las 17, la hora en la que él debía dejarlo en la casa de la madre, el hombre le mandó un mensaje diciéndole que le había puesto una medida cautelar. Un rato después, Solís se despidió de su hijo antes de subirse al auto para hacerle una denuncia al padre por impedimento de contacto.

“La imagen que tiene mi hijo es mamá yéndose”, agregó. “Mamá nunca volvió a buscarme.”

Un mes antes de esa escena, el padre había denunciado al abuelo y tío maternos por “abuso físico infantil”, y después también a Solís. Mientras la denuncia seguía abierta, él juzgado mantuvo la medida cautelar. Pero por falta de pruebas y testimonios, las denuncias fueron archivadas y la medida se disolvió.

“Un peritaje dice que mi hijo no fue abusado”, dijo Solís.

Hoy el proceso de revinculación sigue sin resolverse. Pese a todos los esfuerzos de Solís para acelerar el proceso judicial tedioso que existe en los juzgados de familia, la causa continúa.

Solís viene acatando todos los requisitos del juzgado desde noviembre de 2020. Cuando le pidieron un examen psicológico, lo hizo inmediatamente. Cuando le pidieron pruebas para desbaratar las acusaciones de su ex pareja, las presentó.

De cualquier manera, a Solís todavía no le asignaron una fecha de audiencia que le brindaría la oportunidad de defenderse en un juicio oral. Hace tres meses, el juzgado de San Isidro les pidió a Solís, a su ex y su hijo los resultados de un test psicológico. El hombre aun no los presentó y recién la semana pasada el juzgado se lo volvió a recordar.

“Es la primera vez que el juzgado realiza algo a mi favor”, dijo Solís. “Es todo un proceso totalmente eterno.”

Causas Ingresadas por Protección contra la Violencia Familiar 2010-2021.

Montaña de expedientes

En agosto pasado, la jueza de familia Agustina Díaz Cordero presentó en el Consejo de la Magistratura un informe sobre el estado de situación de estos juzgados. Lo hizo en su rol de integrante del organismo.

Allí se desprende que de los 110 juzgados nacionales civiles de la Capital Federal, 24 se dedican a cuestiones de familia. En estos juzgados se iniciaron el año pasado 29.278 causas. La mayor cantidad de expedientes corresponde a denuncias por violencia familiar (35%) y le siguen los divorcios (23%).

En la actualidad, los magistrados del fuero sostienen que tramitan entre 6.500 y 9.000 expedientes. La Justicia no llega a tiempo a dar respuestas a los ciudadanos.

Los juzgados de familia en la Provincia de Buenos Aires recibieron 270.558 causas en 2021, según datos preliminares de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. A diferencia de la Ciudad, en Provincia sí hay un fuero de familia con 106 juzgados especializados.

Las medidas cautelares

Nicolás Zalazar (54) no puede ver a su hijo por una medida cautelar irresuelta por un juzgado civil. Su ex pareja lo denunció cuando el bebé tenía un año y medio, en julio de 2020.

Zalazar tiene 10 denuncias de su ex por diferentes motivos: entre ellas abuso sexual y violencia hacia su hijo. La Justicia desestimó 9 de ellas. Aun queda una sin resolver y es por “desobediencia”, por no respetar una orden de restricción perimetral. El hombre dice que la denuncia es falsa y que ya presentó pruebas para confirmarlo en el Juzgado de Familia N° 1 de San Isidro.

Pero Zalazar solo puede esperar. Hasta hoy, no tuvo una audiencia. Recién le dieron una fecha para que se presente en el juicio oral a fines del 2023. Es decir, si la causa penal llega a resolverse el año que viene, todavía le quedaría todo el proceso civil de revinculación por delante.

“O sea que yo tengo que esperar hasta fines del 2023 para que defina la Justicia si soy culpable o inocente para que a partir de ese momento la jueza de familia defina a ver qué pasos voy a seguir”, contó. “Van dilatando y tirando todo para adelante”.

La restricción perimetral contra Zalazar sigue activa y dictamina que no puede estar a menos de 800 metros del nene o la madre. Zalazar, que vivía a 30 cuadras de su ex en Olivos, decidió mudarse a Devoto cuando se enteró que la mujer seguía yendo al gimnasio a una cuadra de su casa.

“Tengo padres que tratan de filmar cuando van y cuando vienen a dejar a los chicos porque tienen pánico que les hagan una denuncia,” explicó María Eugenia Robin, la abogada que representa Zalazar.

Vericuetos legales y apelaciones infinitas

En el caso de Ruth Evangelina Solís, no hay ningún impedimento legal que la prohíba de ver a su hijo, y su situación revela un problema estructural.

Cuando Solís fue denunciada en 2020, la Justicia implementó una medida cautelar por la que la mujer no podía contactarse con él. Pero la denuncia quedó archivada ya que nunca se presentaron pruebas ni testimonios que la confirmaran. Por lo que la medida expiró y el único proceso legal que sigue activo es el de revinculación. 

Patricia Zemborain, su abogada, dice que el sistema es cómplice. “Tribunales no cuenta con el personal suficiente como para hacer todas las revisiones de los equipos técnicos, psicólogos, y trabajadores sociales necesarios para una revinculación. Entonces esto se va dilatando”, explicó.

​La abogada Laura Falabella cuenta que tiene un caso de violencia que empezó en agosto del año pasado y aún no tienen el informe del Cuerpo Interdisciplinario porque el denunciado no se hace evaluar. “Interpone todo tipo apelaciones a cada resolución y el juzgado no aplica sanciones, así nunca vamos a llegar a una solución”, dice.

Además, hay problemas de turnos fuera del Poder Judicial, más precisamente en las oficinas de revinculación parental que dan cita para dentro de seis meses. Éstas dependen del Ministerio de Justicia. Para Díaz Cordero, “es tal la cantidad de trabajo y la violencia que se traduce en espera. Es culpa del sistema que es perverso por la misma violencia que existe”.

Los chicos, los más perjudicados

Más allá del padre o la madre, son los derechos constitucionales de los niños los que son violados. La Ley 26.061 sirve como una protección integral de los Derechos de los Niños. Ésta, entre muchos aspectos, defiende el derecho que tiene el menor de edad a la identidad y “al conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley y a preservar su identidad e idiosincrasia.”

Asimismo, la ley aclara que los organismos del Estado deben facilitar el derecho “a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia.”

Durante el proceso judicial, el que se ve más perjudicado es el niño que queda atrapado en el medio, según Adrián Alfaro, co-fundador de Infancia Compartida, ONG que se dedica a preservar el sano y equitativo vínculo entre el hijo y ambos padres durante el proceso judicial familiar.

“Queremos que esa situación se pueda resolver lo más rápido posible para que ese niño no pierda su verdadera identidad”, explicó Alfaro.

Divorcios exprés, conflictos eternos

Los juicios que se terminan más rápido y en pocos meses son los divorcios de común acuerdo. Para lo demás, los juzgados de familia de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se toman su tiempo.

“Los alimentos, el régimen de comunicación, la responsabilidad parental y todo lo que se puede discutir luego de obtenido el divorcio, sin hablar de liquidaciones de sociedad conyugal, demoran años y años”, explica Viviana Koffman a Clarín. Y aclara: “Si bien el Código Procesal da plazos para dictar resoluciones y sentencias no se cumplen”.

Un juicio por alimentos puede demorar más de dos años y una liquidación de sociedad conyugal, cuatro o cinco. Estas demoras repercuten en la rutina de los hijos de las ex parejas y también de los propios ex esposos.

Un tema caliente son las cuotas alimentarias. Aparecen los alimentos provisorios que muchas veces se apelan por bajos y que se deben resolver en la Cámara. “Me regularon para dos nenes $ 15.000 de alimentos y hace cuatro meses que los apelé por bajos y no se despachó todavía”, cuenta Falabella.

Sin embargo, los recursos de apelación se presentan muchas veces aunque no debieran y eso permite ganar tiempo. La letrada Adela González aclara que “no solo se recurren cuotas por bajas, sino también por altas, aunque no sean altas. De esta manera, se dilata lo que debería pagar la persona demandada”.

Por su parte, el profesor de Derecho de Familia en la UBA y ex camarista civil, Mauricio Mizrahi dice a Clarín que se da una situación conflictiva cuando la Cámara tiene que fallar. “Los asuntos resueltos por jueces de familia de primera instancia son revisados por camaristas que ignoran por completo esta dinámica“, sostiene.

Esto conlleva a que “un juez especializado en quiebras o en derechos reales, por ejemplo, es el que se encarga de resolver casos de familia, es un verdadero disparate y denegación de justicia al ciudadano”.

Falsas denuncias

Las denuncias por violencia de género que se realizan en la OVD van a la Justicia de familia y al fuero penal. Desde el organismo confirmaron al diario que en promedio 1.000 legajos por mes se derivan a las dependencias de familia.

Ante la crecida de denuncias se creó un Observatorio de Falsas Denuncias. “La OVD funciona perfecto, el problema que tenés es que algunas denuncias no son certeras y pese a eso, los jueces disponen medidas cautelares“, sostiene Falabella. Su colega, Juan Pablo Farchi también explica que “muchas veces el sistema se usa como medio coercitivo”.

Docente de Derecho de Familia en la UBA y ex camarista civil, Mauricio Mizrahi sienta postura sobre esta cuestión: “Las denuncias de violencia familiar se manejan pésimamente en la mayoría de los juzgados de familia, tanto en la Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires. No se cumple con lo que marca la ley”.

Y agrega: “Al mero denunciado ya, de entrada, se lo convierte en culpable, sin darle derecho de defensa. Esto lleva a que sea inconstitucional el manejo que hace gran parte de los juzgados respecto de las denuncias de violencia familiar”.

MG / PS