Alerta por desnutrición en Salta: en dos meses murieron siete niñas y niños de la comunidad wichi

El 23 de mayo murió María Martina José Díaz, de un año y medio, de la comunidad wichi La Esperanza de Coronel Cornejo, departamento San Martín. Por su estado de salud -tuberculosis y bajo peso- intervino el Hospital de Tartagal y el Centro de Recuperación Nutricional de Tartagal.El 5 de junio murió Griselda Pérez, de dos…

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El 23 de mayo murió María Martina José Díaz, de un año y medio, de la comunidad wichi La Esperanza de Coronel Cornejo, departamento San Martín. Por su estado de salud -tuberculosis y bajo peso- intervino el Hospital de Tartagal y el Centro de Recuperación Nutricional de Tartagal.

El 5 de junio murió Griselda Pérez, de dos años, de la localidad de Misión El Algarrobito, de Fortín Dragones, Embarcación. También por un cuadro de bajo peso.

El 29 de junio murio Clarisa Pereira Juarez, de dos años, por las consecuencias que un cuadro severo de desnutrición. Era wichi y vivía en La Quebradita, General Mosconi, departamento de San Martín.

Ese mismo día murió también otra niña wichi. Tenía un año y 7 meses y era de la comunidad La Quebradita de General Enrique Mosconi. Tenía desnutrición severa y estuvo internada en el hospital de Mosconi, donde finalmente murió. 

Días después murió por desnutrición un bebé de un año y medio en el mismo Hospital. 

En julio murió otro niño de dos años en Pozo El Toro, paraje de Santa Victoria Este, Rivadavia. Había estado siguiendo un proceso de relactación y cuidados médicos en el hospital de Santa Victoria Este.

El 25 de Julio murió una niña de 3 años de la comunidad Tres Paraísos de General Mosconi. Tuvo fiebre y vómitos. Fue trasladada al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde murió.

Defensora 

Ante las muertes de al menos siete niñas y niños wichi entre mayo y julio, la Defensora Nacional de Niños Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Segundo Informe de la Situación de los Derechos de Niñas y Niños de Pueblos Indígenas del Chaco Salteño. Ya había hecho presentaciones ante la Justicia y el Ejecutivo de Salta.

“Venimos trabajando desde hace dos años y medio por la mortalidad en las comunidades de Salta, y parecería que por momentos el gobierno local no logra articular con sus distintas áreas las acciones para llegar a todas las comunidades y evitar las muertes”, explica Graham a Clarín.

“Los ministerio de Salud y Desarrollo Social provinciales tienen que hacer barridos, es decir, recorridas, por todas las comunidades para ir tomando peso y talla a niñas y niños que es una de las formas de prevenir. La provincia también tiene un problema con el agua que no resuelve. Y cuando las acciones se desarticulan aumentan las muertes”, agrega la Defensora.

“Nuestro rol como Defensoría no sólo es dar opiniones sino que tenemos que exigir que se cumplan los derechos“, asegura Graham. Y agrega: “También se debe resolver el gran problema de base que es la discriminación que se sigue dando en los centros de salud”. 

La Comunidad Wichi en la Provincia de Salta tiene enormes dificultades para acceder al agua. Foto: Emmanuel Fernández

Emergencia socio sanitaria

Hace más de dos años y medio que tres departamentos del norte de la provincia de Salta están en emergencia socio sanitaria por la cantidad de muertes de niñas y niños de pueblos indígenas, por causas vinculadas a la desnutrición. El estado de riesgo nutricional en el que está la población infantil de estas comunidades y la grave situación estructural es una falta declarada por el propio gobierno de la provincia, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 140/2020 del 29 de Enero de 2020, declaración que tuvo que ser prorrogada varias veces y que hoy sigue vigente.

“La gravedad de la situación tiene que ver con una problemática estructural y multidimensional relacionada al complejo escenario de los territorios que ocupan los pueblos indígenas, que comprende el desplazamiento de sus tierras, producto del avance de la frontera agrícola, lo que conlleva un impacto en sus formas de vida y medios de subsistencia tradicional y que se ve en la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Sobre la base de ese escenario, resulta profundamente preocupante la vulneración del derecho a la vida y los obstáculos para el acceso a derechos elementales, tales como al agua, a la salud, la alimentación, la identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares niñas, niños y adolescentes”, dice un informe de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 

“La desnutrición, en particular la de las y los más pequeños, es un fenómeno complejo que se ve afectado por distintos determinantes, como la falta de acceso a una alimentación saludable y agua potable, así como también barreras en el acceso a la salud, no sólo en términos de la capacidad de acceder oportunamente a los centros de salud, dada la escasa infraestructura disponible y las dificultades para la circulación por el estado de los caminos y las escasas vías de comunicación existentes, sino también en cuanto a la atención y cuidado a la salud con perspectiva intercultural“, sigue.

“Esta situación se ve agravada por las condiciones de pobreza estructural en la que históricamente viven las comunidades originarias de la zona; poblaciones que han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva, con consecuencias de deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, y un severo impacto social y cultural hacia las comunidades indígenas”, agrega.

Medidas de la Defensoría

La Comunidad Wichi en la Provincia de Salta tiene muchos niños con desnutrición. Foto: Emmanuel Fernández

La Defensora Marisa Graham y el Defensor Adjunto Facundo Hernández han venido interviniendo por los derechos de niñas y niños de comunidades de pueblos indígenas del norte de Salta. El seguimiento y monitoreo dio lugar al desarrollo de acciones e iniciativas impulsadas en varios niveles.

Entre las medidas impulsadas se hizo un diagnóstico de la vulneración de los derechos humanos de niñas y niños de pueblos indígenas de la región. También la gestión de casos individuales y colectivos, y medidas para avanzar en resoluciones estructurales. Se organizaron y gestiónaron operativos de documentación y acceso a derechos de protección social. Y se hicieron pedidos de Informe a distintos ministerios provinciales en 2020, 2021 y 2022.

Las respuestas no fueron buenas. Por eso, en noviembre de 2021 la Defensoría interpuso una acción de amparo colectivo, en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas de los departamentos en emergencia sociodemográfica “para garantizar sus derechos a la protección especial, el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua potable, al acceso a la justicia”.

La petición de esta medida es que se ordene la formación de una mesa de articulación interinstitucional para que elabore un plan de trabajo que dicte medidas para restituir y garantizar los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de esas comunidades.

A su vez, en el amparo se solicitó cautelarmente: “a) medidas para garantizar provisión oportuna, eficiente y adecuada de suficiente de agua segura; b) la asistencia oportuna y eficaz para niñas, niños con alguna posible afección de salud a través de medios terrestres y aéreos y el acceso a medios de telecomunicación para situaciones de emergencia; c) la accesibilidad y el tránsito adecuado de los caminos que permitan la distribución de agua y la atención de salud“.

A hoy, la medida cautelar no fue cumplida. “Ante el agravamiento de las condiciones sanitarias, se solicitó una ampliación de las medidas cautelares, que fue denegada, y la celebración de una audiencia entre las partes, que fue ordenada y luego dejada sin efecto en razón del pedido de la Corte de Justicia de elevación de todas las actuaciones”, explican desde la Defensoría. El 4 de marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el Amparo.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Paralelamente a las acciones ante la justicia y el ejecutivo salteño, la Defensora presentó dos Informes sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Comunidades Indígenas del Chaco Salteño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El primer informe se presentó en mayo de 2020. El segundo es de julio, por la muerte de, al menos, siete niñas y niños del pueblo Wichi entre mayo y junio de 2022. Las Relatorías de Niñez, de Pueblos Indígenas y de País de la CIDH realizarán un seguimiento de la situación de las infancias de las comunidades indígenas.

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