Más ruido entre Nación y Ciudad: Horacio Rodríguez Larreta se niega a firmar el nuevo Consenso Social

Lo que parecía ya encaminado vuelve a complicarse. A pesar de que el último poroteo de adhesiones que hizo la Casa Rosada arrojó que 22 provincias están de acuerdo en firmar el “Consenso Fiscal 2020”, las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la Ciudad están virtualmente estancadas. En la previa a una semana en…

Más ruido entre Nación y Ciudad: Horacio Rodríguez Larreta se niega a firmar el nuevo Consenso Social

Lo que parecía ya encaminado vuelve a complicarse. A pesar de que el último poroteo de adhesiones que hizo la Casa Rosada arrojó que 22 provincias están de acuerdo en firmar el “Consenso Fiscal 2020”, las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la Ciudad están virtualmente estancadas.

En la previa a una semana en la que el oficialismo en Diputados busca aprobar la ley que establece un monto fijo por el traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, las partes no ceden a la hora de delinear la versión final del texto y entonces persisten serias diferencias que podrían desencadenar en que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no suscriba el pacto. En ese caso, la CABA sería el único distrito que selló el original de 2017 en bajarse de este nuevo acuerdo.

“Vamos a hacer todos los intentos y estamos dispuestos a ceder, pero si no quieren firmar no podemos hacer nada”, advierten en Nación. “Hay puntos que son imposibles de convalidar“, retrucan desde Ciudad.

Un dato a tener en cuenta: aunque hay tiempo hasta el 31 de diciembre, la Casa Rosada quiere definir el tema la próxima semana para que el Congreso y las respectivas legislaturas lo puedan refrendar. Con San Luis -no entró al pacto 2017- fuera de discusión, entre las confirmaciones que recibió la administración de Alberto Fernández se incluyen las de los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suarez (Mendoza), que a pesar de integrar Juntos por el Cambio validan la iniciativa porque implica beneficios financieros para sus provincias: les posibilita continuar sin bajar impuestos, renegociar deudas y otorgar exenciones.

Hasta el miércoles, como publicó Clarín, la negociación entre Nación y Ciudad parecía haberse encauzado, cuando el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a cargo del Consenso Fiscal, aceptó eliminar el apoyo de las provincias a la aprobación del Impuesto a la Riqueza y aclarar que el “endeudamiento responsable”, esto es que los distritos se comprometen a no aumentar su stock en moneda extranjera, sólo rija por un año.

Pero la principal diferencia gira en torno a la cláusula C que contempla que las provincias deben “abstenerse de iniciar juicios y desistir de los ya iniciados”.

En principio, el borrador que hizo circular Nación contemplaba que una temporalidad de dos años. Luego ese plazo bajó a un año pero todavía no se incluyó la salvedad que pretende la Ciudad: una aclaración de que queda afuera de ese compromiso cualquier reclamo por coparticipación ó fondos que derive del traspaso de la Policía Federal.

De este modo, sostienen desde el Gobierno porteño, es “imposible de firmar”.

Sucede que mientras espera un fallo de la Corte -el Gobierno nacional quería que desistiera también de este reclamo- y equilibra las cuentas con un ajuste fuerte en el Presupuesto 2021, Rodríguez Larreta ya se prepara para impugnar el proyecto que impulsa Nación (sería ley la próxima semana en Diputados) para girarle por el traspaso de la Policía unos $24.500 millones, menos de la mitad de su costo según su postura.

Otro nudo es el inciso 6 del capítulo A, en el que las partes acuerdan que la reasignación de recursos por transferencias a las provincias debe ser financiada “por el Tesoro Nacional, sin dar lugar a transferencias a través de la Ley de Coparticipación”. Para la Ciudad, aceptar esa cláusula así redactada es inadmisible: implicaría contradecir a su reclamo ante la Corte. El último filtro en ese sentido siempre es el procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, quien redactó la demanda porteña.

La propuesta alternativa, entonces, podría ser especificar que será el método elegido hacia adelante. Es decir, sin que abarque el conflicto por la Policía. La secretaria de Provincias de la Nación, Silvina Batakis, y el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, los dos “técnicos” que redactan el texto, cruzan mensajes e intentan acercar posiciones. Pero, se sabe, siempre define la política. Y el vínculo entre Alberto F. y Rodríguez Larreta está resquebrajado desde aquella quita por decreto a la coparticipación: no volvieron a hablar de otro tema por fuera de lo sanitario.

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