Fila en tribunales de concursos de acreedores y conflictos laborales

Toda superficie tiene un costado subterráneo que a veces cuesta vislumbrar. Mientras el debate acerca del futuro del país y de la cuarentena lo protagonizan Susana Giménez, Dady Brieva y Marcelo Tinelli​, subyace en simultáneo movimientos que alimentan aún más la incertidumbre.El aquí y ahora marca que es necesario continuar con el seguimiento de la…

Fila en tribunales de concursos de acreedores y conflictos laborales

Toda superficie tiene un costado subterráneo que a veces cuesta vislumbrar. Mientras el debate acerca del futuro del país y de la cuarentena lo protagonizan Susana Giménez, Dady Brieva y Marcelo Tinelli​, subyace en simultáneo movimientos que alimentan aún más la incertidumbre.

El aquí y ahora marca que es necesario continuar con el seguimiento de la curva, de los contagios y de las muertes, y con el aislamiento. No hay muchas dudas. Pero hay un sector de la sociedad que reclama volver a trabajar porque simplemente no tiene mas resto para resistir la sequía de ingresos ni percibe la ayuda estatal. Comienza a registrarse cierres de comercios. El Gobierno dispuso paliativos económicos a los sectores más golpeados, así como la prohibición de los despidos para evitar una ola de desempleados. Pero no alcanza.

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Adrián tiene un bar en Palermo, alquila en una esquina. Sobrevivió a la recesión desde 2019 pero la cuarentena lo liquidó. Reunió a sus empleados y les dijo que hasta acá llegaba. La mayoría aceptó renunciar pero alguno se negó y exigió ser despedido. Cuando el dueño del bar consultó a su abogado, este le recordó que por decreto están prohibidos los despidos y le aconsejó: “Tenés que concursar”. Le explicó que se puede entrar en concurso de acreedores por suspensión de pagos o quiebra. La primera opción es transitoria, hasta que haya plata; la segunda, definitiva, se paga con lo que hay. Son procesos que pueden llevar dos años y los empleados terminan cobrando la mitad de lo que les corresponde. Hoy al dueño de un comercio le conviene más llamar a concurso que recibir un crédito a tasa preferencial para pagar sueldos, que después tiene que devolver, y cuando nada le asegura que abrirá las persianas y el consumo volverá a ser el mismo de antes de la cuarentena.

Hay abogados que esperan con ansias que se levante la feria judicial: tienen entre 50 y hasta 90 pedidos de concursos. Otros, cuentan con varias demandas laborales. Es que la otra cara es la de los empleados que dejaron de cobrar su sueldo o que lo perciben en cuotas o los suspendieron y se lo recortaron. Rubros como el textil, el calzado, la gastronomía son los que están en la mira de los casos que abarrotarán los fueros laboral y comercial cuando la feria termine. Y eso lo sabe también la Corte Suprema.

“La brecha que hay entre la discusión política y la realidad es como la que existe entre el dólar oficial y el blue”, ironiza un funcionario judicial. Las autoridades políticas del oficialismo y la oposición debaten sobre la flexibilidad. Sin embargo, nadie plantea cómo afrontar la etapa que viene.

En Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por tratarse de la zona más afectada por el coronavirus, la recaudación se derrumbó. En ambos distritos, la crisis se hace sentir en ingresos brutos, porque es un gravamen relacionado con la facturación de un negocio. En el distrito de Horacio Rodríguez Larreta, la recaudación de impuestos equivale al 80% de los ingresos, en cambio en la provincia a cargo de Axel Kicillof​, ARBA contribuye en un 50% del presupuesto.

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Los porteños tienen una alta morosidad en el pago de patentes (62%) y del ABL (50%). Hay retraso en los pagos de alquileres de viviendas y comerciales; en las expensas; en la cuota de los colegios en sus distintos niveles, en los servicios públicos. A modo de ejemplo, el servicio de gas tiene una morosidad del 40-45%, es decir que sólo un 60 por ciento paga la factura.

Y en la provincia el panorama no es más alentador. Los impuestos que menos se pagan son el automotor, patente, embarcaciones deportivas e inmobiliario. No cayeron más porque creció el comercio electrónico. En algún momento se proyectó para mayo una caída del 50% en la recaudación.

Las dos preguntas que empiezan a hacerse, tibiamente, algunos funcionarios son: cómo compensar los recursos perdidos y cómo afrontar la situación de miles de deudores.

A ese horizonte sombrío habría que sumarle la masiva refinanciación de los saldos de tarjeta de crédito que deberán comenzar a pagarse en agosto. Y desde ya el nivel de inflación de este año, que no sería menor al 40%.

¿Las leyes que regirán para dirimir conflictos entre empresas y trabajadores, propietarios e inquilinos, consorcios y morosos o proveedores, usuarios y empresas de servicios públicos o contribuyentes con los organismos de recaudación, serán las mismas que imperaban antes de la pandemia? ¿O habrá nuevos criterios, en función de una coyuntura excepcional como lo es una pandemia?

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Para “actualizar” criterios, debería aprobarse antes un paquete legislativo que regule este tipo de conflictos. Como ocurrió con la teoría del esfuerzo compartido durante la salida de la Ley de Convertibilidad, corralito y corralón mediante. Consistía en la posibilidad de que el acreedor y el deudor soporten por mitades la brecha cambiaria existente entre la relación de cambio 1 peso = 1 dólar y el valor del dólar libre. Que compartieran las pérdidas. Sin embargo, no figura por ahora en la agenda del Gobierno ni de la oposición ninguna ley o debate sobre el criterio a seguir cuando tribunales se transforme en una suerte de Puerta 12.

En el Poder Judicial son conscientes que muchos planteos judiciales terminarán en la Corte. El problema es que ya antes de la pandemia el panorama en la Justicia era complejo. Sólo en 2019 llegaron al Tribunal unas 29 mil causas, 19 mil correspondientes a apelaciones del Estado. De esas 19 mil, 13 eran de jubilados y unas 6 mil de empleados del Estado, que percibían algún monto remunerativo; para la ley, en negro, como miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Federal.

Nada hace prever que ese número, siquiera se mantenga. “Esto es el 2001 en cámara lenta”, lanza un miembro de la Justicia. Pero por ahora, nadie quiere ponerle la firma a un levantamiento de la feria.

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