Antes de la polémica por las jubilaciones, la Justicia nacional tenía unos mil cargos vacantes

Hace una semana ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Justicia, a la que criticó por nombrar “jueces amigos”, por “manipular la distribución de causas” y prometió un “reordenamiento que evite el cajoneo o impulso de causas según el tiempo político”. El desafío…

Antes de la polémica por las jubilaciones, la Justicia nacional tenía unos mil cargos vacantes

Hace una semana ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Justicia, a la que criticó por nombrar “jueces amigos”, por “manipular la distribución de causas” y prometió un “reordenamiento que evite el cajoneo o impulso de causas según el tiempo político”. El desafío por delante es la creación de un fuero federal de cincuenta magistrados, ante un número de vacantes ya existentes por encima de los 1.000 cargos en la justicia federal y nacional según las cifras oficiales al 27 de febrero. A esto se le debe sumar 140 cargos aún sin cubrir en el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia fue uno de los ejes del discurso del presidente Alberto Fernández. Su reforma, según su planteo, busca ponerle fin a un modo de accionar que avalando la teoría del lawfare Cristina Kirchner, utilizó expedientes judiciales para perseguir dirigentes políticos de la gestión kirchnerista. El espíritu del proyecto que será enviado al Congreso, promueve un fuero federal con cincuenta jueces. Esto implica la unificación del fuero ordinario, con el federal responsable de investigar la corrupción y el Penal Tributario.

En los Tribunales de Comodoro Py son varios los que sostienen que pensar en semejante estructura es “impracticable”, “difícil de realizar”, como primeras definiciones. En la lectura inmediata ven en los anuncios que tocan al Poder Judicial -que incluye la reforma al régimen jubilatorio-, un “contenido netamente político, porque no hay detalles de cómo se implementará el cambio, no nos consultaron como parte del Poder que buscan reformar y nadie explica con qué presupuesto lo harán”, indicó un juez con más de diez años en su despacho.

En octubre de 2019 el Consejo de la Magistratura, declaró la emergencia en materia de infraestructura edilicia y tecnológica del Poder Judicial durante un año. Los reclamos del gremio que representa Julio Piumato sobre los problemas son de los más variados: ascensores sin funcionar, edificios con alquileres impagos, problemas tecnológicos, se incluyeron también la presencia de ratas, murciélagos, cucarachas, problemas estructurales, falta de espacio para resguardar los expedientes, entre otros.

Con estos problemas de infraestructura y con un sistema tecnológico utilizado para el registro y consulta de los expedientes que falla con habitualidad, el Gobierno busca impulsar una fuerte reforma judicial con otro número por delante: 1.073 cargos de jueces federales vacantes. En todo el país hay esa cantidad de despachos que no cuentan con un juez natural al frente.

Las cifras oficiales, expresan que de ese universo hay 110 concurso en trámites y 963 concluidos pero sin designar a los jueces para los cargos que concursaron. La gestión de Mauricio Macri debía al menos cubrir 200 de esas miles de vacantes, pero no lo logró y el actual gobierno dejaría sin efecto cien pliegos que había enviado Cambiemos al Congreso.

A esta cifra de por sí elevada, 1.073 cargos sólo de jueces federales y nacionales, deben sumarse los cargos a los que ya renunciaron unos 30 jueces que anticiparon su jubilación frente a la modificación del régimen previsional.

Las vacantes existentes, más las 150 que se espera que se generen por la reforma jubilatoria, son el telón de fondo que acompañará la reforma judicial del Gobierno que asegura, garantizará un mejor funcionamiento de una justicia colapsada y con grandes ausencias en cargos importantes. 

Hay más. El Ministerio Público Fiscal, explicó el representante de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, cuenta con 140 cargos sin cubrir. Incluso, aún no está cubierto el cargo del Procurador con un “jefe de los fiscales” titular, sino que Eduardo Casal se encuentra como interino. El Gobierno espera que el Congreso apruebe el nombramiento del juez Daniel Rafecas para dicho puesto.

Esto representa otro desafío: Alberto Fernández anunció que dará impulso a la implementación del sistema acusatorio que da más preponderancia a los fiscales en materia de investigación, algo que demandará más partida presupuestaria para garantizar su real funcionamiento. 

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