Ratificaron el fallo que obligó a la Oficina Anticorrupción a entregarle documentación a la AGN

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Nacional ratificó este jueves el fallo de primera instancia que obligó a la Oficina Anticorrupción (OA) a entregarle a la Auditoría General de la Nación (AGN) el material de las investigaciones que se hayan iniciado sobre del accionar de funcionarios del gobierno nacional. Los jueces Jorge Argento, Carlos…

Ratificaron el fallo que obligó a la Oficina Anticorrupción a entregarle documentación a la AGN

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Nacional ratificó este jueves el fallo de primera instancia que obligó a la Oficina Anticorrupción (OA) a entregarle a la Auditoría General de la Nación (AGN) el material de las investigaciones que se hayan iniciado sobre del accionar de funcionarios del gobierno nacional. 

Los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron la apelación que presentó la OA, tras la sentencia del pasado 19 de septiembre, con la que se ordenó entregar el material solicitado en un plazo de hasta 15 días.

Aunque siguen en desacuerdo con la sentencia -que atribuyen a una revancha política del hermano de uno de los camaristas- fuentes de la Oficina Anticorrupción aseguraron a Clarín que “se cumplirá con el fallo a pesar de no estar de acuerdo con el contenido”.

El tribunal fundamentó su definición en el “derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración” y reiteró que la OA, que conduce Laura Alonso, debe cumplir con el pedido de la AGN.

Incluso, la novedad es que el reciente fallo judicial establece que la OA tiene que pagar “las costas” del proceso.

Así queda firma la sentencia de primera instancia que firmó el juez Enrique Lavié Pico, al considerar que la OA no cumplió con los parámetros elementales de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Cuando un fallo es arbitrario, se apela. Acá y en cualquier Estado de Derecho. La OA respondió en estos años más de 50 pedidos de información, más de 150 requerimientos de legisladores y más de 250 oficios de jueces y fiscales. A los que dicen que escondemos información, cucha!

— Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) September 24, 2019

Lavié Pico había advertido que la “negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática”. Y agregó, a través de su fallo, que esa postura “implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia”.

“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones”, completó Lavié Pico.

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Apenas se conoció ese revés judicial, Laura Alonso manifestó que “el fallo del juez Lavié Pico fue apelado por arbitrario, entre otros puntos”.

La AGN, organismo que depende del Congreso de la Nación y que dirige Oscar Lamberto, inició en 2018 sus pedidos a la OA y, ante los argumentos que frustraron su acceso al material solicitad, en junio pasado recurrió a la Justicia. 

“Cuando nosotros hacemos una auditoria toda la información que viene a nuestro poder es confidencial hasta el momento en que aprobamos el informe y se hace público. Nadie puede decir que no manda la información porque es sensible. Somos un organismo suficientemente responsable con deberes profesionales de confidencialidad”, explicó Lamberto en declaraciones radicales que realizó por aquellos días.

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Incluso, el pedido que se elevó a la justicia contó con la firma del total de los siete auditores generales: cinco representan al peronismo y los restantes al radicalismo.

Desde la Oficina Anticorrupción, recuerdan que el juez Sergio Fernández -muy influyente en todo el fuero Contencioso Administrativo- es hermano de uno de los auditores generales, Javier Fernández, histórico operador en la justicia federal y procesado en la causa de los cuadernos de las coimas.

En su confesión, el contador de los Kirchner Víctor Manzanares contó con detalles cómo Javier Fernández coordinó en la SIDE y en su propio hogar la maniobra para manipular la pericia sobre los bienes de Néstor Kirchner que le permitió al juez Norberto Oyarbide sobreseerlo por enriquecimiento ilícito. Cuando se conoció aquel procesamiento, Laura Alonso pidió que lo removieran de la AGN.

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