Llegó hasta la Corte Suprema la polémica por la difusión de los resultados de las pruebas Aprender

El Ministerio de Educación nacional apeló un fallo de la Cámara Federal de Salta que le exigía que le entregue a un particular los resultados de la evaluación Aprender de 2016 de todas las escuelas de esa provincia. También le exigía proveer los resultados de las instituciones que participaron de la prueba Enseñar 2017, que…

Llegó hasta la Corte Suprema la polémica por la difusión de los resultados de las pruebas Aprender

El Ministerio de Educación nacional apeló un fallo de la Cámara Federal de Salta que le exigía que le entregue a un particular los resultados de la evaluación Aprender de 2016 de todas las escuelas de esa provincia. También le exigía proveer los resultados de las instituciones que participaron de la prueba Enseñar 2017, que se hizo en los profesorados.

La Corte ahora no tiene un tiempo estipulado para tomar este caso. El fallo de Salta queda, así, por el momento suspendido, con lo cual el Ministerio deja de tener ahora la obligación de liberar esos datos.

Desde el Ministerio de Educación siempre sostuvieron que la Ley Nacional de Educación, aprobada por consenso en 2006, les impide entregar los datos por escuela. Hacen referencia al artículo 97 de esa norma que establece que la difusión de información sobre las evaluaciones educativas debe “resguardar la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.

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Pero el fallo de Salta se basa principalmente en otra ley que, de algún modo, colisiona con la restricción de la norma educativa. Es la ley de acceso a la información pública, que promueve el acceso de todos los ciudadanos a la información que genera el Estado.

El tema de la publicación de los datos por escuela divide aguas entre los especialistas. La mayoría acuerda con la posición del Ministerio y afirma que publicar esos resultados, y así habilitar la posibilidad de armar rankings, no tiene ninguna utilidad educativa y sólo genera mayor competencia y segregación en las escuelas.

Pero crece la presión por parte de particulares, que buscan que esta información sea de dominio público. El argumento central de estas personas es que ellos tienen el derecho a conocer toda la información que produce el Estado sobre las escuelas, para así poder tomar una mejor decisión sobre la escuela a la que mandan a sus hijos.

Uno de estos particulares es José Mangiocalda, un dirigente político porteño vinculado a Darío Lopérfido, que logró que la Agencia de Acceso a la Información Pública -organismo que está en la órbita de Jefatura de Gabinete- intimara al Ministerio de Educación en mayo a que le entregue los resultados de las escuelas de Capital. Pero el Ministerio se negó a proveer esa información y, a cambio, presentó un largo escrito en el que argumenta por qué no puede hacerlo.

Allí sumaron que la confidencialidad de los datos por escuelas en el Operativo Aprender fue acordada por unanimidad por los 24 ministros de Educación en el Consejo Federal. Que eso fue una condición que pusieron las provincias para sumarse al operativo y que, por lo tanto, no cumplir con lo establecido rompería el acuerdo y “pondría en riesgo la realización de futuros dispositivos evaluativos”.

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Ante la negativa del Ministerio, Mangiocalda fue a la Justicia donde presentó un amparo, pero un juez de primera instancia se lo rechazó. Consultado por Clarín, el dirigente dijo que no va a apelar ese fallo, pero sí está armando, junto a otras personas, una fundación (la Fundación Apolo) para tener más peso en este reclamo judicial.

“Vamos a tener una personería y lo que vamos a reclamar es la información de las pruebas Aprender de los últimos 3 años, para saber además cómo fue la evolución de cada una de las escuelas”, dijo.

Ahora de todos modos la principal decisión la va a tener la Corte Suprema. A su tiempo, deberá atender a todas las argumentaciones y fijar una definitiva posición sobre este asunto. 

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